ALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha asestado un duro varapalo al Gobierno valenciano que preside Ximo Puig al anular los decretos de coordinación en materia de Turismo y Deportes que el Ejecutivo autonómico aprobó el marzo de 2016. Lo hace a raíz del primero de los recursos que presentaron las diputaciones provinciales de Castellón y Alicante, gobernadas por el PP, al considerar que esos decretos menoscaban su autonomía en ambas materias. El Partido Popular se ha mostrado victorioso al considera que esta sentencia del TSJ pone freno a la manera de gobernar "despótica" del Gobierno valenciano y de"infravalorar a las diputaciones". Sin embargo, el TSJ también da una solución a la Generalitat para poder plasmar esa coordinación de políticas con las diputaciones provinciales: elaborar una ley aprobada en las Cortes Valencianas en la que se declaren de interés general determinadas funciones propias de las diputaciones provinciales.
Pero aunque el TSJ aporta una solución, que puede ser incluso más traumática para las diputaciones, lo que sí deja claro la sentencia del TSJ es que el artículo 4 de la Ley 2/1983, sobre el que se apoyaba el decreto de Puig y muchas de las iniciativas sobre las diputaciones, "queda totalmente derogado". Y el alto tribunal autonómico se basa en que la posterior aprobación del nuevo Estatut de Autonomía y la Ley 8/2010 dan por derogadas cualesquiera de otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente ley". Y de ahí que el TSJ anule los decretos de coordinación turística y de Deportes que en su momento ya generaron mucha oposición de las diputaciones gobernadas por el PP, quienes incluso solicitaron la suspensión de ese decreto. En una primera instancia, el TSJ denegó esa pretensión de los populares y aguardó su posición hasta ahora, cuando ha abordado el fondo de la cuestión.
El TSJ menciona el artículo 52 de la Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que fija cómo debe ser la coordinación de funciones y también pone ejemplos recogidos en el Estatut de Autonomía, que incluso habla de poder coordinar los presupuestos, "que se puede unir a los de la Generalitat (sic)".
Se trata de un victoria legal y política para las diputaciones gobernadas por el PP, pues el TSJ considera que el decreto del Gobierno de Puig vulnera el principio de reserva legal y por falta de conformidad a derecho. Impone las costas a la propia Generalitat Valenciana, que se fijan en una máximo de 3.000 euros, y advierte que la sentencia no es firme y que puede presentarse un recurso de casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo.
Y eso es lo que ha anunciado ya la propia Generalitat Valenciana. Fuentes del Consell discrepan del criterio de la sala, que da por derogado el artículo 4 de la Ley 2/1983, que permite las políticas de coordinación, pues, según el director general de Administraciones Públicas, Antoni Such, "la Generalitat dispone de otras muchas sentencias que sí validan ese artículo". "Discrepamos en eso y por ello, presentaremos recurso", ha dicho Such en declaraciones a Alicante Plaza. Pero al margen del recurso, Such ha anunciado que el Gobierno valenciano trabajará en la elaboración de instrumentos de coordinación con las diputaciones, tal y como recomienda el propio TSJ en la sentencia, porque, a su juicio, "lo que pretenden la mayoría de los actores implicados en la relación con las administraciones es que exista coordinación". "La no coordinación no es el camino", ha concluido.
El presidente de Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha sido el encargado de hacer público el fallo del TSJ y por ello, ha reclamado al Gobierno valenciano que reconozca el error y abogue por el diálogo. “Siempre hemos creído en la colaboración institucional como forma de prestar el mejor servicio al ciudadano. Pero el Consell aprobó estos decretos invadiendo nuestras competencias pensando en que las diputaciones podíamos ser una amenaza a su coto de poder y no aliadas para llevar los servicios públicos a nuestros pueblos de la forma más eficiente. Era un ataque mediático y fabricado desde el Palau de la Generalitat, porque no consta que hubiese habido quejas de clubes deportivos o del sector turístico”, ha recordado.
“Con estas polémicas que inventa el Consell demuestra su incapacidad para gobernar. Siguen haciendo oposición desde el Gobierno para cargarse a las diputaciones. Por eso, ante las imposiciones nos va a encontrar de frente. Pero ante el consenso y el diálogo a su lado, desde la lealtad, porque estamos convencidos que Generalitat y Diputación podemos conseguir grandes cosas juntos para los castellonenses”, ha expuesto Javier Moliner nada más conocer la sentencia del TSJ contra los decretos de la Generalitat.
“Por eso confío en que tomen nota, asuman sus errores y trabajen desde la lealtad. No creo que sea un tema de ganadores y perdedores, porque en cualquier caso no se trata de vencer, se trata de convencer”, ha concluido Moliner
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
