VALÈNCIA. A mediados de febrero de 2022 el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la puesta en marcha del registro valenciano de grupos de presión o lobbies, una herramienta de control impulsada por la Conselleria de Transparencia del Botànic que identifica y anota la actividad de los actores que se comunican con la Administración, ya sea con funcionarios o con altos cargos, para influir en la toma de decisiones públicas. Ahora, cuando ya han transcurrido dos años de esa fecha, este registro de carácter obligatorio acaba de superar las mil inscripciones y ofrece una panorámica de aquellas asociaciones, empresas o particulares que tratan de intervenir en las políticas de la Comunitat.

A grandes rasgos, y según se desprende de los datos de este Registro de Grupos de Interés (Regia) recogidos también desde esta semana por el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el perfil más recurrente es el de una asociación o empresa interesada en las decisiones que se toman en materia de medio ambiente, un área que afecta en mayor o menor medida a cualquier actividad mercantil y de la que dependen además en parte cuestiones de calado como la implantación de proyectos de energías renovables en suelo valenciano. No es de extrañar, por tanto, que los altos cargos que más aparecen en los encuentros mantenidos con los lobbies pertenezcan o bien a la antigua Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural del Botànic o bien a la de Medio Ambiente del nuevo Consell de PP y Vox.

Entre los asuntos abordados en las reuniones mantenidas por miembros de la Generalitat y los grupos de interés es fácil encontrar por tanto desde tramitaciones y presentaciones de proyectos de energías renovables hasta posicionamientos empresariales respecto al estado de este sector, además de otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente como la puesta en conocimiento de iniciativas ecológicas, de reciclaje o de tratamiento de residuos tanto privadas como sin ánimo de lucro. Del mismo modo, algunas empresas dedicadas a otros ámbitos trasladan también en los encuentros sus preocupaciones en torno a esta área.

En términos generales, casi un 37% de los actores inscritos en el registro de lobbies, en el que es obligatorio figurar para poder comunicarse de forma directa o indirecta con empleados públicos si se quiere influir en sus decisiones, ha expresado que el medio ambiente es de su interés, por lo que este ámbito transversal se consolida como el más repetido por delante de la educación y la formación (34%), la inclusión y el bienestar social (33%) y la salud (33%). De este modo, los actores que han marcado como relevante este ámbito conforman un grupo muy heterogéneo en el que hay tanto empresas (Iberdrola, UBE, BP, FCC, Naturgy, SP-Berner o Ford) y asociaciones (Ascer, CEV, Fedacova o la Unió de Llauradors) como fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro (Per l’Horta, la Federación de Regantes o el Instituto para la Calidad Turística Española).

La naturaleza de los actores que dicen estar interesados por otras áreas es igualmente diversa, ya que en el caso de la salud aparecen por ejemplo tanto farmacéuticas y empresas sanitarias (Biogen, Janssen) como asociaciones y plataformas de familiares o en apoyo de personas con alguna enfermedad o discapacidad (Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo, Asociación Española Contra el Cáncer), pasando también por sindicatos (UGT, CCOO) y mercantiles que pueden tener líneas de trabajo o inquietudes en este campo (Danone, Importaco).