ALICANTE. El grupo municipal de Unides Podem en el Ayuntamiento de Alicante reacciona frente a la denuncia presentada por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), frente a su portavoz, Xavier López, por un supuesto delito de injurias y calumnias con publicidad, a cuenta del comunicado de prensa remitido por la propia confluencia el pasado martes, día 21.
A través de un nuevo comunicado, el grupo municipal sostiene que Unides Podem "redactó de manera colegiada, como así hace siempre y en nombre de toda la organización, una nota de prensa para exponer sus enmiendas al proyecto de Ordenanza Reguladora de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Alicante" y señala que "como reacción, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, anunció la interposición de una denuncia por injurias y calumnias contra el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, cuyo contenido no podemos entrar a valorar, ya que desconocemos los detalles de la misma".
Al respecto, la confluencia incide en que "tanto Unides Podem como su portavoz municipal queremos aclarar, para evitar interpretaciones erróneas, que no se ha imputado delito alguno al concejal de Urbanismo ni ha habido pretensión de hacerlo y lamentamos que haya podido entenderse de esa manera. La nota de prensa enviada el pasado martes hace una valoración exclusivamente política del grupo municipal de Unidas Podemos sobre la gestión que el partido Ciudadanos está llevando a cabo en la tramitación de la citada Ordenanza".
En esta línea, añade que "queremos dejar claro que la llamada teléfonica a la que alude el concejal en su comparecencia no tuvo como objeto el emplazamiento para rectificar las declaraciones, tema del que no se habló, sino concertar una reunión para pulir aspectos técnicos de las enmiendas presentadas desde Unidas Podemos previamente a la comisión de Urbanismo del lunes 27 de abril, eso sí, haciendo uso de un tono muy alejado del entendimiento y del acuerdo, como así se lo hizo saber Xavier López durante la conversación".
La confluencia insiste en que "las enmiendas presentadas por Unidas Podemos, tal y como se refleja en nuestra nota de prensa, tienen como finalidad dotar al Ayuntamiento de los mecanismos de control necesarios para garantizar que la calificación como “Proyectos Prioritarios” en el otorgamiento de licencias urbanísticas se hace con la mayor objetividad Y transparencia posible, para evitar cualquier trato de favor que pudiera sucederse en el futuro".
"Es una preocupación lógica de Unidas Podemos reforzar el control democrático en este área municipal, donde bajo el mando de anteriores responsables políticos acontecieron hechos hoy judicializados y escándalos de presunta corrupción, amaños y favores, reconocidos a día de hoy por diversos empresarios de la construcción dentro de la trama conocida como Brugal, entre ellos Enrique Ortiz, que se declara autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro delito de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad. Además, admite responder como cooperador necesario de la comisión de un delito continuado de prevaricación, así como haber financiado ilegalmente al Partido Popular", abunda el comunicado.
La coalición admite que Santos Pérez se incorporó a la corporación tras la redacción del PGOU investigado en 'Brugal' pero sostiene que sí permaneció en el PP después de que trascendiese el supuesto amaño
Así, la nota pública recalca que "desconocemos si el propósito último de la denuncia anunciada por el edil de Ciudadanos no es otro que desligarse de su anterior organización política en el contexto de las recientes confesiones de Enrique Ortiz". Y recalca que "aunque es público que Adrián Santos Pérez se incorporó al consistorio con posterioridad a la redacción del PGOU, y que no figura como acusado en causa alguna, no es menos cierto que permaneció en la organización local del Partido Popular, presidiendo además las Nuevas Generaciones y estrechamente ligado a la exalcaldesa Sonia Castedo durante los primeros años del proceso judicial. Y en 2010, la opinión pública ya conocía, a través de los medios de comunicación, audios muy explícitos de las conversaciones entre el constructor y la exalcaldesa sobre el presunto amaño" del planeamiento municipal.
Por todo ello, Unides Podem asegura que "seguiremos exigiendo responsabilidades políticas y no aceptaremos que el partido Ciudadanos en general, y el concejal Pérez en particular, utilicen los juzgados y tribunales como método de presión para limitar nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión en la fiscalización y control de la actividad pública. Derecho que se ve reforzado para cargos representativos y especialmente para quienes ejercen una labor de oposición".
Además, añade que "Unidas Podemos va a continuar defendiendo, como ha hecho siempre, la necesidad de aumentar la transparencia de las instituciones y de mejorar los mecanismos de control y participación para acercarlas a la ciudadanía. Y precisamente por ello, presentamos en el pleno del mes de abril una iniciativa para crear una comisión que investigue y evalúe los daños que la corrupción de Ortiz y del PP han costado a la ciudad de Alicante", concluye.