ALICANTE. Dicho y hecho. El grupo municipal de Unides Podem EU en el Ayuntamiento de Alicante ha confirmado este martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo (que no una denuncia) frente a la ordenanza de convivencia cívica, aprobada de forma definitiva por mayoría absoluta el pasado febrero con los votos del equipo de gobierno (PP y Cs) y Vox, con el fin de evitar su aplicación. Así, será el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) la instancia que deba resolver sobre su validez tras analizar el recurso. En primer término, por lo que respecta a la entrada en vigor inmediata de dos de sus artículos, el 22 bis y el 26, para los que el recurso de Unides Podem EU solicita su suspensión cautelar, mientras se dirime el fondo del contencioso.
La impugnación se sustanciaría en la supuesta vulneración de los preceptos y disposiciones acordados por la Unión Europea, entre otros organismos internacionales, así como en la infracción de derechos fundamentales, sin que se haya hecho alusión expresa a las presuntas anomalías registradas en su tramitación como la posible ausencia de un proceso de participación pública, según denunciaron en el mes de noviembre los representantes de la confluencia.
En primer término, su portavoz municipal, Xavier López, ha explicado que la ordenanza "contraviene numerosos compromisos internacionales asumidos por nuestro país" como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Estrategia Europea 2020 de la Comisión Europea o la Agenda Urbana de la UE". Y, en concreto, se ha referido a la petición de suspensión cautelar de los artículos 22 bis y 26 al detallar que se trata de los que prohíben la posibilidad de dormir en espacios públicos, lo que supone castigar a las personas que carecen de un hogar cuando no está garantizado el derecho a la vivienda, o el ofrecimiento sexual de las mujeres prostituidas, para lo que se incluyen sanciones a las víctimas de la trata y sin que ello suponga "ningún beneficio" para las mujeres.
EL CONTENCIOSO DEMANDA LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA APLICACIÓN DE DOS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA PROHIBICIÓN DE DORMIR EN ESPACIOS PÚBLICOS Y CON EL OFRECIMIENTO DE SERVICIOS SEXUALEs
En este sentido, ha explicado que "la voluntad mayoritaria en la sociedad alicantina es la de detener este texto que, además de criminalizar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, les condena a no poder salir de la espiral de la pobreza cargándoles de sanciones que nunca podrán pagar pero que, en cambio, les impedirá acceder a prestaciones públicas". "Vamos a explorar la vía judicial porque creemos que se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente, de las personas sin hogar y en situación de prostitución", ha recalcado.
En el texto del recurso, la coalición considera que "la prohibición total de dormir, de día o de noche, en los espacios públicos, no tiene el mismo alcance o impacto en quienes poseen una vivienda en el municipio, o fuera del municipio, o quienes disfrutan de una estancia turística, que respecto de aquellas personas que no cuentan con un techo porque carecen de vivienda y no tienen más remedio que vivir a la intemperie, en las calles, paseos, plazas, parques u otros espacios públicos en los que estar y pernoctar. Para las primeras, el hecho de dormir o acampar en los espacios públicos puede suponer un asunto convivencial. Para las últimas, sin embargo, se trata de un asunto existencial".
Además, López ha señalado que en la ordenanza se incluye la posibilidad de modular la aplicación de sanciones "siempre que concurran determinadas circunstancias, que no se detallan" y que, además, "concurra la voluntad del alcalde o la vicealcaldesa", sin que tampoco se enumeren condiciones para objetivar esa voluntad. En esta línea, ha recalcado que la interposición del recurso es una iniciativa más entre las desplegadas por Unides Podem EU para evitar la aplicación de la norma, que se suma a la presentación de declaraciones institucionales en el pleno de Alicante, en el pleno de les Corts e incluso en el Congreso de los Diputados. Al respecto, ha recriminado al equipo de gobierno su alianza con Vox para "sacar adelante tanto esta ordenanza que atenta contra los derechos de las mujeres, de las personas sin hogar, de los inmigrantes y del colectivo LGTBI, como la misma aprobación de los presupuestos municipales".
El anuncio de la presentación del recurso se produce ahora a días de que la nueva normativa municipal entre en vigor. Se trata de una ordenanza que, según el equipo de gobierno, trata de proporcionar a la Policía Local la herramienta jurídica necesaria para combatir comportamientos incívicos en la vía pública: desde el botellón, hasta la realización de grafitis, ir con el torso desnudo por la calle, el ejercicio de la mendicidad coercitiva y la prostitución. En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones que pueden llegar a oscilar entre los 750 y los 3.000 euros, a partir de una graduación en función de su gravedad.