José María Corbín en una imagen de archivo. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA (EP). Los agentes de la UCO de la Guardia Civil que investigan el caso Azud han tomado declaración en los últimos meses a varios testigos de las supuestas corruptelas de las que es sospechoso el abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín, que pudo haber pagado en efectivo más de 80.000 euros para reformar el chalé de Barberá en Xàbia (Alicante).
Según declaró un constructor citado como testigo en el puesto de la Guardia Civil de este municipio costero alicantino, recuerda haber trabajado en el referido inmueble, en la urbanización El Tosalet, por indicación de Corbín, aunque "era ampliamiente conocido que esa casa era de Barberá".
Estas declaraciones, a las que ha tenido acceso EFE, se han aportado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de València, que investiga el conocido como caso Azud.
En esta macrocausa se investiga la supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción, que afectan tanto a dirigentes del PP como del PSPV, y entre las diferentes líneas de investigación se encuentra la relativa al supuesto pago de comisiones de naturaleza ilícita a abogados cercanos al equipo de gobierno de Rita Barberá en València.
Aunque sólo vio a la exalcaldesa allí en una ocasión, este testigo explicó a los agentes que tenía un trato cordial y de confianza con la familia (la esposa de Corbín es hermana de la exalcaldesa y fue durante décadas su jefa de gabinete), a la que incluso encendía la calefacción antes de que llegasen.
Preguntado por la forma en la que cobraba de Corbín, este constructor aseguró inicialmente que "con factura", aunque dijo que no lo recordaba bien, y al mostrarle documentación que guardaba Corbín añadió que "era normal" cobrar en efectivo en aquella época, que Corbín le pagaba en efectivo la mayoría de ocasiones, "incluso la parte de los trabajos en los que se cargaba el IVA".
Entre la documentación que los agentes le exhibieron se encuentran cinco documentos con recibís de pagos en efectivo de entre 15.000 y 27.000 euros, así como un listado de trabajos realizados en el inmueble cuyo importe asciende a más de 80.000 euros.
Las pesquisas de la Guardia Civil para investigar la actividad como supuesto comisionista de Corbín han llevado a la UCO a entrevistarse con uno de los empresarios que desarrolló el complejo Xanadú de Madrid, y que formó parte de la sociedad que intentó replicar este espacio comercial con pista de esquí en la ciudad de València.
En 2008, el proyecto Neutopia se proyectó en la zona sur de la ciudad, junto a la V-30, "con una inversión privada por encima de los 300 millones de euros y la creación de más de 7.000 empleos", y preveía atraer 15 millones de visitantes al año, según informaron los promotores en aquel momento.
A ese empresario consultado por los guardias civiles -que abandonó el proyecto en 2007- le llamaron la atención varias cosas: una, que no le gustaba el terreno, lo consideraba excesivamente pequeño e implicaba la construcción de la pista de esquí sobre el propio edificio del centro comercial, incrementando así el coste y la dificultad de la construcción.
También advirtió el hecho de que se antepusiera la elección del terreno al éxito del proyecto, ya que no se ofrecieron alternativas de suelo, y por último la forma de pago establecida para la compra de dicho terreno, en diferido en función del cumplimiento de una serie de hitos relacionados con la obtención de licencias por parte del Ayuntamiento de València.
Según la información aportada por este testigo, el coste total del terreno era de unos 45 millones. El primer pago, de entre 12 y 15 millones, no fue desembolsado por ninguna de las dos empresas promotoras, sino que fue financiado por una entidad bancaria, no recuerda si Bancaja o la CAM.
Este empresario recordó haberse reunido con el entonces vicealcalde, Alfonso Grau, que "le dijo que si quería hacer el proyecto pronto, ese terreno era la única solución".
En el sumario del caso Azud consta el contrato de prestación de servicios entre la sociedad promotora de este centro comercial con pista de esquí, Nieve y Comercio SA, y el despacho de Corbín Abogados suscrito en junio de 2004, en virtud del cual el cuñado de la exalcaldesa debía cobrar 138.000 euros.
La forma de pago era 2.000 euros al mes durante 24 meses a partir de julio de 2004; 15.000 en cada uno de los siguientes hitos: licencia comercial, licencia de obras, aprobación del plan parcial y finalización del proyecto de reparcelación; y otros 30.000 euros cuando el centro comercial obtuviese la licencia de apertura.
Otro de los testigos entrevistados, un empresario de la construcción que participó en el desarrollo del centro comercial El Saler, explicó a los agentes de la UCO que conocía personalmente a Corbín y a Barberá, y que consideraba a este abogado "como la persona más idónea para la tramitación del papeleo, por ser el cuñado de la alcaldesa" y porque "se movía bien por el Ayuntamiento".
