VALÈNCIA. El impulso normativo que el Consell del PP y Vox se encuentra realizando en Les Corts no sólo marcará el actual periodo de sesiones hasta julio, sino que abarcará el resto de 2024 y parte de 2025. Algo habitual al tratarse de los primeros años de gestión de un nuevo Gobierno. Las nuevas leyes que se ultiman ahora mismo son las relacionadas con urbanismo y energías renovables.
En este momento, el Parlamento autonómico tramita un paquete de cinco normas: la ley de Libertad Educativa, la ley de Concordia, la ley de Transparencia y la de Incompatibilidades, la ley de À Punt y la ley de la Agencia Antifraude. Todas han sido pactadas entre los socios de Gobierno (se presentaron como proposiciones de ley) en varias semanas de discretas negociaciones con los clásicos tiras y afloja. Los populares lograron imponer su criterio en algunas –sobre todo la educativa– mientras que Vox peleó especialmente por la de Concordia.
Son normas que atacan la línea de flotación del anterior gobierno de izquierdas del PSPV, Compromís y Unides Podem y que han sido duramente criticadas por la oposición. Los socialistas, de hecho, han centrado su batalla sobre todo en la que sustituye a la de Memoria Democrática.
Estas dos leyes –educación y concordia– son las más ideológicas y con marca de gestión, mientras que el resto responden a un mayor control y simplificación en el funcionamiento de À Punt, la Agencia Antifraude o el Consell de Transparencia (además de otras cuestiones).
Este paquete normativo sigue ahora su camino en Les Corts. Salvo sorpresa, quedará aprobado en el actual periodo de sesiones. Pero no será el único. Y la intención del PP es que otras leyes queden también con la luz verde del Parlamento autonómico antes de julio. Esta vez partirán del Consell, a excepción de alguna que sí que volverán a impulsar los grupos parlamentarios pero sin la seguridad de que dé tiempo a que entre antes del verano.
Las más urgentes, según ha podido saber este periódico, son las relacionadas con urbanismo y energías renovables. Al parecer, los populares las tienen encarriladas tras meses de conversaciones con el sector. Una de las intenciones principales es acabar con la dispersión normativa en materia de ordenación y planificación territorial, por lo que es probable una unificación legislativa en este sentido.
Una de ellas será la nueva ley de costas, que incluye una modificación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructuras Verde del Litoral (Pativel) y regulará los usos del litoral, de manera que el Consell será la administración que autorice las concesiones administrativas en hostelería, las actividades deportivas o el plan de temporada de playas, entre otras cuestiones.
Por su parte, el espíritu de la nueva ley de renovables se basa en la simplificación y agilización administrativa, así como en una armonización normativa con respecto a otras comunidades autónomas. En este sentido, la intención de la Generalitat es fijar unos plazos y facilitar la tramitación para evitar que se eternicen los procesos durante años. Y, además, se hará en base a una normativa europea, la Directiva RED III, que precisamente se refiere a este tipo de cuestiones.
Por tanto, uno de los principales cambios, y que era una clara petición del sector, será el de acortar el tiempo hasta conseguir la autorización o denegación de los permisos y evitar, con ello, análisis y evaluaciones continuas entre departamentos implicados. Así, la nueva ley fijará el trámite necesario, prescindiendo de evaluaciones ya realizadas por los órganos competentes, de forma que habrá pronunciamientos vinculantes con un principio y final del periplo administrativo. En definitiva, que los permisos no tendrán que ir saltando de una Conselleria a otra como hasta ahora.
De hecho, la Directiva RED establece unas zonas de aceleración renovable, que deberá ‘dibujar’ el Consell, en las que los plazos serán de un máximo de 12 meses de tramitación, ampliables por 6 meses, frente a aquellos que no estén ubicados en estos puntos, que serán de 24 meses, prorrogables otros seis.
Por otro lado, la nueva norma del Consell clarificará cuestiones relacionadas con las garantías económicas que se exigen a los promotores. La actual legislación recoge una disposición que señala que el impulsor de un proyecto tiene que disponer de forma efectiva de los fondos antes de obtener la autorización de construcción de una planta. Una cuestión muy abierta a la interpretación y que en ocasiones entorpecía la financiación bancaria de los proyectos por su literalidad. De esta forma, ahora lo que se busca es equiparar el ordenamiento normativo con el de otras autonomías en las que se exige un balance de cuentas saneado y no tener cuentas pendientes con Hacienda. Además, según el sector, solo con los avales que deben presentar para conseguir la conexión a la red, ya queda acreditada la disposición de capital para afrontar un proyecto.
Así, la intención es acabar con el actual atasco de cerca de 400 proyectos en la Comunitat Valenciana, facilitando el camino administrativo y simplificando burocracia. Y todo ello para acabar con la actual fotografía en la región, en donde únicamente hay cerca de 100 MW instalados de los 10.000 marcados para 2030, es decir, un 1%.
Junto a estas leyes, que se quieren presentar con rapidez, se encuentra la de simplificación administrativa, en la que se pretenden suprimir o reducir trámites burocráticos para las empresas. Se trata de uno de los proyectos estrella del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y una de sus promesas electorales principales. La norma incluirá, entre otras cuestiones, la aprobación de licencias por silencio administrativo, que las empresas o autónomos puedan consultar cada fase de la tramitación de manera telemática o la emisión de declaraciones responsables por parte de las empresas para obtener autorizaciones.
En el aire quedan los plazos de otras normas, que seguramente tengan que esperar un poco más para aprobarse salvo que el Consell cambie el paso y las considere de mayor urgencia. Se trata, por ejemplo, de la ley de Señas de Identidad al estilo de la de Alberto Fabra. Mazón señaló que el objetivo sería proteger y promocionar la música, lengua, tradiciones, fiestas y cultura valencianas. Incluirá, entre otros asuntos, la eliminación de subvenciones a las llamadas entidades catalanistas. En definitiva, aquellas que defienden la unidad territorial o de lengua de la Comunitat Valenciana y Cataluña.
Otra de las próximas normas será la que suprima las figuras de las mancomunidades comarcales, creadas por el anterior Gobierno del Botànic. Con ellas, los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, pueden constituirse en mancomunidades de ámbito comarcal, que gozan de la condición de entidades locales y tienen a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal.
El actual Consell considera que hay que acabar con la "disparidad de regímenes jurídicos aplicables" y "evitar a los municipios integrantes de las mancomunidades actualmente existentes los debates y discusiones ideológicas que puede conllevar el tener que aprobar todos los municipios integrantes de una mancomunidad los estatutos de carácter comarcal".
También se encuentra en marcha, igualmente, la modificación de la ley de Despoblamiento. El Ejecutivo autonómico sostiene que con la norma actual se produce "un reparto no justificado de los recursos públicos que los diferentes departamentos de la Generalitat destinan a los municipios". Ello se debe, señala, a la posibilidad de considerar municipios en riesgo de despoblamiento a aquellos que cumplen con una serie de requisitos que, en la práctica, no se están aplicando correctamente.
Tanto mancomunidades como despoblamiento se encuentran en fase de consulta pública, por lo que es probable que su tramitación tarde más que las anteriores y se dejen de cara al próximo periodo de sesiones.