La zona comercial de La Estación, vacía. Fotos: RAFA MOLINA. BENIDORM. El gobierno de Benidorm dio cuenta este jueves al resto de grupos de la auditoría externa realizada sobre la nueva licitación de la estación de autobuses que construyó y gestiona el empresario alicantino Enrique Ortiz, financiador confeso del PP. Entre las irregularidades que contempla el documento, indican que la construcción dio como resultado un edificio "distinto" al proyecto original y a la modificación que se le aprobó posteriormente y que luego fue anulada por los tribunales.
En ella, indican que el Ayuntamiento debería encargar una nueva tasación de esta infraestructura actualizada, ya la última data de 2014. Es decir, estaría frente a una cuarta valoración económica de la estación.
La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, indicó a este diario que aún no se tomará ninguna decisión respecto a este documento. La intención es esperar a un informe tanto por parte del secretario municipal como del departamento de Intervención sobre esta auditoría.
La empresa Mazars & Asociados, Abogados y Asesores Fiscales SLP ha sido la encargada de realizar dicho estudio jurídico con el fin de ilustrar al consistorio sobre la forma de acatar la sentencia que invalidaba el acuerdo plenario por el que se le daba legalidad a una parte de la estación que no estaba contemplada dentro del proyecto.
No obstante, reconocen que no han podido informar sobre "las relaciones jurídicas del concesionario en relación a los contratos firmados por éste sobre la zona comercial y hotelera". Hay que tener en cuenta que esto se trata de una pieza fundamental puesto que una de las dudas que sobrevolaban era cómo solventar la adjudicación teniendo en cuenta que estos usos ya estaban conveniados con otras empresas que ahora mismo lo explotan por el resto de unos 30 años. La auditora asegura que no han tenido acceso a dicha documentación.
En primer lugar, la auditoría indica que la propia aprobación de la modificación del contrato no se ajusta a la legalidad puesto que "no obedecía a necesidades nuevas o causas imprevistas, ni a razones de interés público, sino que lo que se buscaba era que la empresa concesionaria obtuviera una mayor rentabilidad".
En segundo lugar, tampoco se ajustaba a Derecho según el informe la subrogación del contrato a la mercantil de Ortiz por parte de la UTE adjudicataria Auplasa.
Y por último, aseguran que el edificio actual es "distinto" a al proyecto original y al modificado. Cuentan que hay exceso de habitaciones en el hotel que no estarían amparadas por ninguno de los dos proyectos aprobados en pleno. Asimismo, indican que no consta que el Ayuntamiento hiciera ningún tipo de acción para que el concesionario no realizara ningún tipo de exceso de edificación, como así recogía el pliego del contrato.
La sentencia que tiene que ejecutar el ayuntamiento anulaba la modificación del proyecto. Lo que según dice la auditoría, implica que sean las arcas municipales las que tienen que resarcir al empresario el valor de las obras ejecutadas, indemnizando así a Ortiz por daños y perjuicios, en caso de que se estime que el empresario actuó de buena fe.
De este modo, aconseja que sea el propio consistorio el que se haga cargo de la indemnización que corresponderá al adjudicatario, el empresario Enrique Ortiz, en lugar de hacerlo el próximo concesionario, como se pretendía.
La auditoría además indica que para ejecutar la sentencia entienden que hay que anular el contrato del modificado, y en consecuencia, también el original.
Al margen de la sentencia quedaría legalizar la parte de la obra que no está amparada por ninguno de los dos proyectos aprobados. "En base a criterios de oportunidad y de interés público", indican en el escrito. Asimismo, indican que en su momento el Ayuntamiento tuvo la oportunidad de no recibir las obras y abonarlas ya que no tenían obligación de ello, aunque finalmente sí que lo hicieron.
La auditoría rechaza que se tome como valoración de la estación la realizada en 2014 cuando hay una posterior que rebaja la cantidad en 10 millones de euros, pasando de los 35,4 millones contemplados, a los 25,4 millones que se habían dejado en un cajón para realizar el nuevo convenio.
En caso de que se tomara esta cantidad, apuntan que se tendría que restar muchos conceptos, como el tiempo que ha explotado dicha concesión, así como minorar el importe correspondiente a los locales de la zona comercial y el hotelero o cualquiera con pago anticipado ya abonado. Además, recuerdan que hay cánones anuales que la empresa no ha pagado al consistorio.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Rafa Gasent, echó de menos que se concretara una sanción a Ortiz por dichas irregularidades y recalcó que como venían ellos reclamando, no se haya hecho una valoración de la estación in situ, como así pide la auditoría.
