ELCHE. “Es evidente que el nivel de peligrosidad de las calles Daoiz, Salitre y Major de la Vila aumenta por el gran incremento del tráfico rodado, en algunos casos se triplica, respecto de la situación actual, incluso en cruces semaforizados y calles de tráfico no segregado. No tener en cuenta este hecho es sintomático del planteamiento del estudio de tráfico presentado, que adolece de graves carencias”. De esta manera, el ingeniero municipal de Elche rebate a la empresa Aparcisa, la concesionaria para la construcción y explotación del nuevo mercado, en su intento de adaptar los cambios que se le exigen para que el proyecto pueda salir hacia delante.
Todos estos datos fueron desvelados este martes por la Asociación Ágora d'Elx, contraria al mercado y fiscalizadora de todo el proceso administrativo, proyecto aprobado en la anterior legislatura del PP, y que ahora genera dudas en algunos socios del actual equipo de gobierno formado por PSOE, Compromís y Partido de Elche.
Ágora recuerda que, el pasado 10 de febrero de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó el informe de tráfico emitido el día 5 de mayo de 2016 por el técnico y requirió a la concesionaria Aparcisa la adopción de medidas correctoras. Un mes después, el 9 de marzo de 2017, Aparcisa presenta el informe de las subsanaciones a los requerimientos municipales del estudio de tráfico. Y la respuesta se la da otra vez el técnico municipal, quien pone en evidencia las "carencias" que, a su juicio, genera el estudio de tráfico presentado por Aparcisa.
No se trata de nada decisivo, pero si un verdadero toque de atención a la empresa que pretende ejecutar las obras del mercado. Además de los estudios de tráfico, está pendiente el resultados de las catas arqueológicas y el informe que de él deben hacer la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. El alcalde de Elche, Carlos González, siempre ha sido partidario de esperar a que se conozcan los resultados de todos los informes para adoptar una decisión, aunque es consciente de que las últimas resoluciones judiciales no impiden la construcción del nuevo mercado. Otra cosa son los condicionantes que tendrá que cumplir.
