El público asistente a una de las ferias agrícolas de Castalla en una de sus últimas ediciones, no relacionada con la de 2012. Foto: Asociación de Comercios y Hostelería de Castalla ALICANTE. La exedil de Fiestas de Castalla, Magdalena Durá (PSPV-PSOE), se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgada por un jurado popular por la supuesta adjudicación irregular de la feria agrícola de San Isidro de 2012 a una empresa de la que ella era administradora única. Para ello, presuntamente, pudo valerse de una sociedad intermedia. El juicio está señalado en la Audiencia Provincial de Alicante entre el 1 y el 4 de abril.
La acusación particular, ejercida por el PP local, considera que Durá es responsable de los delitos de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas por el acuerdo de contratación de ese certamen, que se organiza cada año durante el mes de mayo. Así, solicita para ella una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, otra de dos años de prisión por el delito de fraude (además de otros seis años de inhabilitación) y, por último, ocho meses de prisión más por el delito de negociaciones prohibidas (además de otros dos años de inhabilitación).
La Fiscalía, por su parte, solicita su absolución -al igual que su defensa- al considerar que en realidad, no existía ningún vinculo empresarial entre la mercantil que se ocupó del montaje y organización de la feria, Cooperativa Yabaltariq, y la sociedad administrada por Durá, Corda i Nuc. En su escrito de calificación, el acusador público reseña que Corda i Nuc venía organizando la feria de San Isidro de Castalla durante 18 años pero que esa circunstancia no se dio en 2012, por lo que concluye que los hechos no son constitutivos de delito. Con todo, la Fiscalía mantiene que el juicio debe celebrarse.
Lo cierto es que la instrucción del caso ha estado salpicada de vicisitudes y de denuncias cruzadas. Fruto de ese proceso, uno de los concejales que formaba parte del grupo municipal del PP en aquel momento, Esteban Leal, fue juzgado y condenado en 2018 a un año de prisión por un delito de usurpación de funciones públicas, tras creerse demostrado en un primer momento que se hizo pasar por un funcionario del municipio de El Pinós para obtener información sobre los entresijos de la organización del certamen de Castalla y, así, poder desentrañar si se había adjudicado a la empresa de Durá. Leal recurrió y la Audiencia Provincial le exculpó en una sentencia conocida este año. Ni Leal ni Durá son regidores en la corporación actual.
