Dos operarios del servicio, en plena labor de limpieza con sopladoras. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El control sobre el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante vuelve a enredarse con un nuevo episodio de disputa entre el Ayuntamiento y la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) que se dirime en los juzgados de lo Contencioso. Se trata de una controversia planteada en torno a la realización de la auditoría económica del contrato para evaluar sus flujos económicos (los costes reales en materia de personal, maquinaria, gastos de explotación, ingresos por la comercialización del biogás generado en la planta de tratamiento de residuos, etc.). O, mejor dicho, sobre quién debe seleccionar al auditor encargado de realizar esa labor de fiscalización y sobre cómo debe sufragarse ese estudio.
Fuentes consultadas por Alicante Plaza confirmaron que la UTE ha presentado un recurso contencioso-administrativo frente a la propuesta de minoración de cerca de 70.000 euros en la certificación de pago correspondiente al mes de diciembre de 2019 planteada por el Ayuntamiento para poder costear el análisis contable sobre el ejercicio de 2018 y para descontar el importe de los estudios que no se realizaron en 2016 y 2017.
De acuerdo con el pliego de condiciones por el que se rige la prestación del servicio es la propia UTE concesionaria la que debe asumir el coste de esos estudios con cargo al precio del contrato. Para ello, se reservaría una cantidad próxima a los 17.000 euros anuales, como había venido sucediendo en los años precedentes, 2014 y 2015, en los que la propia UTE encomendaba esa tarea a la consultora que se le propusiese por parte del Ayuntamiento. En ambos casos, se trató de la asesoría Adade Alicante y tuvieron un coste de 55.000 euros anuales, según precisó el edil que asumió las competencias de Limpieza tras las elecciones de mayo de 2015, Víctor Domínguez (Guanyar), en una respuesta formulada en el pleno de diciembre de 2016, como publicó Alicante Plaza.
Según Domínguez, en ambos estudios sólo se analizó el parámetro del porcentaje de absentismo laboral, lo que, a su juicio, no resultaba determinante para evaluar si el servicio se prestaba o no de manera conveniente, puesto que la empresa sostenía que las bajas en la plantilla se cubrían con la contratación de horas extraordinarias.
Sea como fuere, en 2019, fue el departamento de Intervención municipal quien propuso la elección del gabinete auditor de la contabilidad de la UTE (Moragues Auditores) para el ejercicio de 2018, por lo que la Junta de Gobierno acordó su adjudicación en septiembre de 2019.
Con todo, lo cierto es que ese trabajo no se ha llegado a efectuar desde entonces ante el rechazo manifestado por los responsables de la UTE concesionaria, que no consideraría adecuado el procedimiento seguido para formular esa contratación. El rechazo a ese proceso se ha manifestado mediante el inicio de acciones legales frente al Ayuntamiento para que sea un juez el que determine quién y cómo se debe contratar la elaboración de esa auditoría contable.
De ahí que, el departamento de Intervención acordase la retención de la última certificación de pago por el servicio de limpieza correspondiente al año 2019 (la de diciembre, por un importe de cerca de tres millones de euros, como el resto de los pagos mensuales) hasta que se resuelva esa disputa legal.
El conflicto se habría desencadenado a cerca de un año y medio de que se produzca la extinción del contrato actual y mientras el bipartito compuesto por PP y Cs trata de sentar las bases para la redacción de los nuevos pliegos de condiciones de los dos contratos en los que se pretende dividir el servicio: uno sobre la limpieza y otro sobre la recogida y el tratamiento de residuos.
El alcalde, el popular Luis Barcala, señaló este jueves, en una comparecencia pública, que la empresa concesionaria "tenía todo el derecho" a ejercer las acciones legales que creyese oportunas si no estaba de acuerdo con el procedimiento seguido y apuntó que, en todo caso, será un juzgado el que acabe resolviendo. Además, volvió a defender el modificado del contrato por el que se introduce la compra de maquinaria y la mejora en la prestación de determinados servicios, con un coste global de 3 millones, y se mostró confiado en que el Ayuntamiento llegue a tiempo de licitar el nuevo contrato antes del verano de 2021.
Entre tanto, el grupo municipal de Compromís consideró este jueves "una tomadura de pelo inadmisible que siga sin convocarse la comisión de limpieza que se aprobó en el pleno hace ya cuatro meses a propuesta de Compromís". Su portavoz municipal, Natxo Bellido, señaló que "las intenciones del bipartito de pagar más a la contrata, la compra de maquinaria, los problemas con las certificaciones, la preparación del nuevo pliego de condiciones del servicio, o el deficiente estado de limpieza y mantenimiento de la ciudad son motivos más que suficientes que hacen necesaria la convocatoria urgente de esta comisión municipal".
A su juicio, "la opacidad y el oscurantismo se están adueñando del equipo de gobierno recordándonos cada día más a épocas anteriores de mayorías absolutas de la derecha que pensábamos superadas. Desde Compromís exigimos a los señores Barcala y Villar a que convoquen ya esta comisión de evidente interés municipal y donde existen muchos temas de actualidad sobre los que queremos explicaciones".
