ALICANTE. El control sobre el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante vuelve a enredarse con un nuevo episodio de disputa entre el Ayuntamiento y la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) que se dirime en los juzgados de lo Contencioso. Se trata de una controversia planteada en torno a la realización de la auditoría económica del contrato para evaluar sus flujos económicos (los costes reales en materia de personal, maquinaria, gastos de explotación, ingresos por la comercialización del biogás generado en la planta de tratamiento de residuos, etc.). O, mejor dicho, sobre quién debe seleccionar al auditor encargado de realizar esa labor de fiscalización y sobre cómo debe sufragarse ese estudio.

Fuentes consultadas por Alicante Plaza confirmaron que la UTE ha presentado un recurso contencioso-administrativo frente a la propuesta de minoración de cerca de 70.000 euros en la certificación de pago correspondiente al mes de diciembre de 2019 planteada por el Ayuntamiento para poder costear el análisis contable sobre el ejercicio de 2018 y para descontar el importe de los estudios que no se realizaron en 2016 y 2017.

De acuerdo con el pliego de condiciones por el que se rige la prestación del servicio es la propia UTE concesionaria la que debe asumir el coste de esos estudios con cargo al precio del contrato. Para ello, se reservaría una cantidad próxima a los 17.000 euros anuales, como había venido sucediendo en los años precedentes, 2014 y 2015, en los que la propia UTE encomendaba esa tarea a la consultora que se le propusiese por parte del Ayuntamiento. En ambos casos, se trató de la asesoría Adade Alicante y tuvieron un coste de 55.000 euros anuales, según precisó el edil que asumió las competencias de Limpieza tras las elecciones de mayo de 2015, Víctor Domínguez (Guanyar), en una respuesta formulada en el pleno de diciembre de 2016, como publicó Alicante Plaza.

Según Domínguez, en ambos estudios sólo se analizó el parámetro del porcentaje de absentismo laboral, lo que, a su juicio, no resultaba determinante para evaluar si el servicio se prestaba o no de manera conveniente, puesto que la empresa sostenía que las bajas en la plantilla se cubrían con la contratación de horas extraordinarias.

Sea como fuere, en 2019, fue el departamento de Intervención municipal quien propuso la elección del gabinete auditor de la contabilidad de la UTE (Moragues Auditores) para el ejercicio de 2018, por lo que la Junta de Gobierno acordó su adjudicación en septiembre de 2019.