VALÈNCIA. La Federación de Serveis Públics de UGT-PV considera inaceptable que el Gobierno valenciano utilice atajos legales para modificar las condiciones de trabajo del personal empleado público mediante enmiendas pactadas por los grupos parlamentarios PP y Vox en las Corts sin que medie ningún tipo de negociación o consulta previa con las organizaciones sindicales.
Como ha informado Valencia Plaza, los grupos parlamentarios del PP y Vox han presentado en las Corts casi una decena de enmiendas al proyecto de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2004 o a la Ley de Medidas Fiscales, conocida como Ley de Acompañamiento, que suponen cambios de calado en condiciones de trabajo ya que afectan a cuestiones tales como las retribuciones, la movilidad, los concursos de traslados, etc, tanto del personal funcionario e interino, como, en particular, al personal sanitario. Todas estas cuestiones son materia de negociación con las organizaciones sindicales, pero con el procedimiento utilizado quedan totalmente al margen sin opción ninguna a defender a las empleadas y empleados públicos.
Para UGT Serveis Públics del País Valencià resulta una burla que el Consell convoque la Mesa General de Negociación para, en teoría, dar cuenta a los sindicatos de las cuestiones que afectan al capítulo I de Personal, pero los textos presentados, tanto de la ley de Presupuestos como de la ley de Acompañamiento, no contegan todas las modificaciones previstas y estas, se hagan a posteriori, a través de enmiendas en la Corts, de manera que se hurta el derecho de los sindicatos a la negociación en el ámbito de personal.
Como consecuecia del trámite parlametario y la mayoría que conforman PP y Vox varias de estas enmiendas ya han sido aprobadas en comisión parlamentaria, por lo que formarán parte de las normas definitivas que se apruben. Cabe señalar, además, que este procedimiento (enmiendas vía Corts) implica que esos cambios (en el caso de la ley de Acompañamiento) no pasen por el filtro del Consell Jurídic Consultiu.
UGT Serveis Públics tiene serias dudas de que algunos de los cambios introducidos en la ley de función publica sean acordes con el ordenamiento jurídico y, además, lamenta que, en algún caso podría generar caos a la hora en la gestión de personal en un momento clave en el que están en marcha numerosos procesos de selección y acceso a la función pública valenciana.