Reunión ELCHE. Este miércoles se reunía la mesa de trabajo sobre la regulación de energías renovables en el medio rural ilicitano. Como estaba previsto, la propuesta de modificación del Plan General para encajar la regulación en el Camp d'Elx estaba al caer. Entre otras cuestiones, se impone que las plantas fotovoltaicas estén al menos a 100 metros, que no ocupen más de la mitad de la superficie de la parcela, y siempre en suelo urbanizable que no tenga alto valor agrológico o alto valor ambiental. Una decisión que ve con buenos ojos la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, aunque entienden que al fin y al cabo, el Ayuntamiento tampoco tendrá mucho margen de maniobra.
En este aspecto, el portavoz de la coordinadora, Mariano Tomás, ha destacado la gestión del Consistorio desde su compromiso de suspensión de las licencias el pasado mes de septiembre. "Lo que ha hecho no lo hace casi ningún Ayuntamiento, ha habido diálogo con todas las partes", y destaca que es una cuestión relevante que tenía que ser "común". Tomás valora la transparencia y diálogo, "dentro del abismo ideológico que nos separa de la plataforma y ellos.
Y entrando en materia, cabe destacar que ahora lo que se ha aprobado es el Documento de Inicio de la modificación del Plan General, y que supondrá la tramitación de la evaluación ambiental y territorial estratégica, incorporando a la Generalitat Valenciana. Un procedimiento que tardará hasta que la modificación se apruebe y entre en vigor lo que ahora es un borrador. El portavoz traslada que el Consistorio tendría intención de solicitar la prórroga de un año más al Consell para poder mantener la suspensión cautelar hasta que la modificación del PGOU sea definitiva.
En cualquier caso, desde la plataforma inciden en que a pesar de todo, el Consistorio "tiene las manos muy atadas", ya que si hay permiso autonómico o estatal, poco puede hacer para denegar una licencia de obra habiendo pasado todos los trámites previos de las administraciones superiores. "Puede influir muy muy poco, únicamente con algún informe medioambiental, falta de compatibilidad urbanística", explica Matos. Los únicos resquicios podrían ser 'pegas' medioambientales, afecciones de inundabilidad con pendientes de más del 25%, invasión de zonas de alto valor agrológico o que no se haya respetado la compatibilidad urbanística. Ámbitos todos ellos que ya se encarga de informar el Consell hasta plantas de 49 MW, o el Estado si son de 50 o más. El asunto es, como han denunciado colectivos en Elche, es que muchos de los proyectos presentados no cumplían con el decreto autonómico que por ejemplo priorizaba plantas en suelos de bajo valor, en cubiertas de inmuebles, no en zonas de agricultura, etc.
Pero para Matos lo más importante es que esta modificación "sobre todo solo podrá influir en lo que venga a partir de ahora". Todo lo que se presentó antes de la paralización seguirá su procedimiento, ya que cuando esas determinadas compañías presentaron sus proyectos lo hicieron sin esta normativa que ahora se quiere implementar. No hay retroactividad posible. "Y hablamos de cuarenta proyectos". En ese caso, se muestra pesimista, "haga lo que haga el Ayuntamiento, van a salir, lo que haga valdrá para los 14 o 15 proyectos que hay pendientes y los que vengan ahora". Y aunque el Consistorio plantee nulidad de la compatibilidad urbanística, no es vinculante, y señala que al menos en una treintena de casos a nivel autonómico se han aprobado las iniciativas a pesar de esta compatibilidad municipal denegada.
Así, aunque el Ayuntamiento ha llegado tarde a esta delimitación, como la gran mayoría, con la salvedad de que el actual Ejecutivo sí que ha querido impulsar esta regularización, "realmente va a resolver muy poco". Aunque están contentos. Las competencias son limitadas. "Han hecho lo mejor que han podido, es lo reconocemos, porque han quitado zonas que antes se podían, pero no es suficiente, la culpa y decisión en última instancia es del Consell y el Gobierno central".
Precisamente pone en valor que se ha intentado ordenar, aunque lo que se está haciendo en muchos municipios es que simplemente lo que no está prohibido, está permitido, "con el agravante de que a un señor que está haciendo negocio con la energía que produce se le reconoce la utilidad pública, es libre mercado con las cartas marcadas". El portavoz insiste en la idea de que debería ser la administración pública la que ordene a qué uso se dedica cada tipo de suelo. "No puede ser que sea el promotor quien decida".
Por último, sobre el caso ilicitano, sí que les hubiera gustado que se hubiera ampliado el perímetro mínimo para bienes culturales y patrimoniales del Camp d'Elx, para poder preservar el paisaje y entorno que les rodea. "Si pones 10 o 12 hectáreas de solares al lado de un BIC, no lo puedes poner a 100 metros, debería ser de 300 más al menos". En cualquier caso, Generalitat tiene que validarlo, y tanto su premisa como la del Estado es desplegar las renovables a toda costa. "Aunque se presenten troceadas, como es también en el caso de Elche para disimular el impacto ambiental". Algo que han denunciado durante este tiempo desde colectivos como ADR Camp d'Elx, Ahsa o la asociación vecinal de Santa Anna, muy activa en este ámbito.
Matos finaliza su valoración recordando que no están en contra de las renovables, sino de una ubicación con sentido común. "A nivel estatal hoy por hoy ya hay el triple de la energía instalada que se consume", advierte, y esgrime que hay trámites en activo para que sean nueve veces más, "lo que quiere decir que de cada 9 MW dentro de tres años, que será cuando tengan las autorizaciones, 8 sobrarán". Cree que finalmente habrá una burbuja que estallará, y que aunque los promotores defiendan que aumentará el consumo o que se podrá exportar, "igual que nos estamos espabilando en España, lo hacen en el resto, y no vamos a tener a quien exportar", finaliza.
