ELCHE. Este miércoles se reunía la mesa de trabajo sobre la regulación de energías renovables en el medio rural ilicitano. Como estaba previsto, la propuesta de modificación del Plan General para encajar la regulación en el Camp d'Elx estaba al caer. Entre otras cuestiones, se impone que las plantas fotovoltaicas estén al menos a 100 metros, que no ocupen más de la mitad de la superficie de la parcela, y siempre en suelo urbanizable que no tenga alto valor agrológico o alto valor ambiental. Una decisión que ve con buenos ojos la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, aunque entienden que al fin y al cabo, el Ayuntamiento tampoco tendrá mucho margen de maniobra.

En este aspecto, el portavoz de la coordinadora, Mariano Tomás, ha destacado la gestión del Consistorio desde su compromiso de suspensión de las licencias el pasado mes de septiembre. "Lo que ha hecho no lo hace casi ningún Ayuntamiento, ha habido diálogo con todas las partes", y destaca que es una cuestión relevante que tenía que ser "común". Tomás valora la transparencia y diálogo, "dentro del abismo ideológico que nos separa de la plataforma y ellos.

Un proceso que aún necesitará tiempo para la aprobación final

Y entrando en materia, cabe destacar que ahora lo que se ha aprobado es el Documento de Inicio de la modificación del Plan General, y que supondrá la tramitación de la evaluación ambiental y territorial estratégica, incorporando a la Generalitat Valenciana. Un procedimiento que tardará hasta que la modificación se apruebe y entre en vigor lo que ahora es un borrador. El portavoz traslada que el Consistorio tendría intención de solicitar la prórroga de un año más al Consell para poder mantener la suspensión cautelar hasta que la modificación del PGOU sea definitiva.

"Manos atadas"

En cualquier caso, desde la plataforma inciden en que a pesar de todo, el Consistorio "tiene las manos muy atadas", ya que si hay permiso autonómico o estatal, poco puede hacer para denegar una licencia de obra habiendo pasado todos los trámites previos de las administraciones superiores. "Puede influir muy muy poco, únicamente con algún informe medioambiental, falta de compatibilidad urbanística", explica Matos. Los únicos resquicios podrían ser 'pegas' medioambientales, afecciones de inundabilidad con pendientes de más del 25%, invasión de zonas de alto valor agrológico o que no se haya respetado la compatibilidad urbanística. Ámbitos todos ellos que ya se encarga de informar el Consell hasta plantas de 49 MW, o el Estado si son de 50 o más. El asunto es, como han denunciado colectivos en Elche, es que muchos de los proyectos presentados no cumplían con el decreto autonómico que por ejemplo priorizaba plantas en suelos de bajo valor, en cubiertas de inmuebles, no en zonas de agricultura, etc.