Transparencia da un mes a Benidorm para contestar a Compromís frente a una posible sanción

BENIDORM. El Consell de Transparencia, dependiente de la Generalitat, ha instado al Ayuntamiento de Benidorm a que conteste en un plazo de un mes a las solicitudes de información del portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra. Así lo anunció este viernes cuando mostró el escrito recibido el 19 de junio, por lo cual, sólo quedarían un par de semanas para cumplir con esta instancia del organismo valenciano. De no contestar, el edil advierte que el Consistorio se podría enfrentar a numerosas sanciones.

El concejal recordó que sus cuestiones se realizaron en el pleno de 26 de septiembre de 2016, cuando a un ciudadano de Benidorm no se le contestaron a esas mismas preguntas. Éstas hacían referencia por un lado, al convenio urbanístico caducado y la clasificación de suelo urbano de la zona APR7 de Serra Gelada; por otro lado, a la infracción urbanística y la sanción correspondiente respecto a la modificación de la Estación de Autobuses de Benidorm; y por último, a la ordenanza de transparencia o la escritura de los locales de la edificio Karola

"Al no recibir respuesta, ni en ese pleno ni el siguiente, como así lo señala la legalidad vigente y como así lo ha reconocido la resolución del Consejo de Transparencia, y tampoco en meses sucesivos, el 27 de junio de 2017 trasladaron la queja al Consejo de Transparencia", explicó Bigorra.

De este modo, el 6 de julio de 2017 remitió al Ayuntamiento de Benidorm la queja para darle audiencia por un plazo de quince días, para aportar la información y formular alegaciones.

"De manera literal, el Consejo dice que el escrito tuvo entrada en el Ayuntamiento el día 10 de julio de 2017 y que hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta del Ayuntamiento de Benidorm al escrito. Es decir, un año sin contestar al Consejo de Transparencia. Ya no es que no contestan a un concejal, sino que no contestan a una administración que precisamente vela por la transparencia", afirmó el regidor.

El organismo autonómico estima parcialmente la petición del concejal y reconoce el derecho de Bigorra tanto por vecino como por cargo público de obtener dicha información: "El gobierno local de Benidorm tiene un problema con la transparencia y con el cumplimiento de la legalidad. Y esto se ha puesto de relieve con esta resolución del Consejo de Transparencia -indicó-. Ante esto invitamos al gobierno local a que nos entregue toda la documentación que hace más de un año que nos tenía que haber dado".

Además, la resolución resalta la importancia de los temas preguntados. Al respecto de la APR7, indica: "Estamos ante un asunto, lo que se refiere al suelo de la Sierra Helada de alto valor no sólo ecológico y medioambiental sino también de la consideración popular y de la sensibilidad identitaria de la ciudadanía. [ ...] al parecer, el Ayuntamiento de Benidorm se habría avanzado a realizar una modificación del suelo (cuando estaba suspendida toda actividad en esta zona) con el que firmó un convenio con los particulares a los que tuvo que pagar o dar otros terrenos a cambio, cuando si hubiera esperado a la declaración que más tarde aprobó la Conselleria hubiera sido la Generalitat la que hubiera corrido con todos los gastos y no el Ayuntamiento de Benidorm ".

Con todo, el portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, afirmó que cuando se les reclama una documentación, se les contesta. Además, indicó que si hay algo que no se haya podido responder en tiempo es por que los técnicos municipales no han podido tener el tiempo suficiente para ello. Por último, insistió en que Bigorra trata de paralizar el Ayuntamiento con todas sus peticiones de información, que como se recordará, también llevó al Síndic de Greuges.