Trampas

A veces se hace trampas. La RAE define por trampa “plan o acción que tiene como fin engañar a una persona”.

Desde la administración, sus gestores, apoderándose de sus prerrogativas que no son pocas, utilizan artilugios o instrumentos en fraude de ley para burlar a la misma disposición que le obliga. Entre la ciudadanía normal, diríamos que hacen trampas, cuando saltándose las reglas del juego, y sin que lo conozca el contrincante se marcan las cartas para ganar al oponente. Igual ocurre con algunos de nuestros políticos que si no quieren que salga adelante algo, en vez de decirlo a la cara, utilizan maniobras oscuras por la puerta de atrás para en una apariencia de contestación o acto legal esconder una burla a la legalidad.

Eso es lo que ha pasado presuntamente en la consellería de Sanidad esta semana en relación con la licitación de un concurso para la gestión del servicio de informática del hospital de Alzira. Parece ser que no siendo del agrado de la Administración sanitaria la única empresa que optó a la oferta, se volvió a ampliar el plazo una vez estaba vencido, para evitar adjudicar el servicio la empresa que optaba a ello, perteneciente al grupo Ribera de la Salud. No es casual que Ribera Salud fuera la concesionara encargada de gestionar la sanidad del Hospital en régimen de colaboración público- privada hasta que su gestión fuera recuperada al 100% por la Conselleria de Sanidad.  Parece que esta empresa inspire una inquina especial a la Conselleria de Sanidad, aunque a la responsable política que ha firmado este expediente se le va a presentar una querella por prevaricación.

Esta semana también sabíamos por qué el Conseller de Vivienda, el pasado verano adjudicó ayudas para rehabilitar edificios con arreglo a un baremo que fue burlado por la propia conselleria para adjudicar a dedo ayudas a 24 municipios que no reunían los requisitos exigidos. Estos municipios agraciados con las ayudas eran Ayuntamientos “amigos del Botànic”.

También el Ayuntamiento de Torrevieja ha sido amonestado en varias ocasiones por los Tribunales por dictar resoluciones administrativas discrecionales. Entre ellas, la de negar a un determinado grupo político (Los Verdes) el derecho a retribuciones para ejercer su trabajo cuando caprichosamente se las reconocía a otros.

De trampa también se puede calificar la decisión del Ayuntamiento de Elche de quitar eficacia a la celebración de un pleno para reivindicar más inversiones para Elche. Este pleno fue solicitado por los grupos políticos de la oposición para presentar ante el Congreso una serie de enmiendas para que los Presupuestos Generales del Estado (que están dando más de un disgusto) tuvieran en cuenta infraestructuras importantes para la ciudad. El alcalde acordó celebrar el Pleno, de forma telemática (lo que quita emoción y disuade la presencia de público) y lo que es peor, la fecha elegida lo convertía en inútil. Se convocó cuando ya se había cerrado el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos. De este modo, se concede el Pleno, pero se anula su eficacia. Los grupos solicitantes no acudieron por entender que aquella maniobra suponía una tomadura de pelo.

Sería necesario hacer una revisión y reforzar las exigencias de buenas prácticas que debería presidir la acción política. Es verdad que siempre existe la posibilidad de recurrir ante los Tribunales, pero nadie te compensa la desazón que te invade cuando estás al otro lado de la Administración y ves que el peso de la maquinaria burocrática te cae encima y te pisotea.