ALICANTE. Aproximación, sí; acuerdo, de momento, no. Las negociaciones entabladas entre el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), y el grupo municipal de Esquerra Unida Podem respecto a la revisión de la tasa de residuos quedan supeditadas a otro elemento clave que no guarda relación directa con el cálculo del importe de los recibos de la basura. Se trata de las previsiones del presupuesto de 2025, en las que Esquerra Unida Podem reclama tener capacidad de influencia hasta el punto de poder decidir el destino que se da a parte de los 15 millones que hasta ahora se destinaban a cubrir costes del servicio de recogida y tratamiento de los desechos, y que quedarán liberados para otros usos en el caso de que se logre equiparar la recaudación con el coste del servicio: el objetivo de la revisión de la tasa.
De hecho, según fuentes consultadas, ya se estaría tratando de dar encaje a algunas de las aportaciones planteadas por Esquerra Unida Podem después de que el PP cerrase la primera ronda de encuentros con el conjunto de grupos de la oposición para presentar el borrador de las cuentas del próximo ejercicio. En esta línea, los representantes de la confluencia que encabeza Manolo Copé como portavoz tratarían de promover un incremento en los fondos que el PP pretenda destinar a la mejora de las infraestructuras educativas de la ciudad.
De hecho, la formación ya planteó que se habilitase una partida de 3 millones con ese fin en la batería de propuestas que trasladó al equipo de gobierno a principios de este mes. A esa línea de actuación, se sumaría la creación de aparcamientos disuasorios en los barrios para favorecer el uso del transporte público, en la línea que apuntó el mismo alcalde, Luis Barcala, en el debate sobre el estado de la ciudad, este lunes. E, igualmente, la provisión de fondos para la promoción de vivienda pública.
Por lo pronto, según fuentes consultadas, los populares ya habrían manifestado que 5 de los 15 millones liberados del servicio de recogida y tratamiento de residuos quedan reservados necesariamente para cubrir necesidades del capítulo de Personal, toda vez que se debe asumir el previsible incremento salarial de la plantilla actual en el porcentaje que acuerde el Gobierno central, así como la creación de nuevas plazas para cubrir necesidades de varios departamentos. Con todo, ello no implica que exista predisposición a concertar junto a Esquerra Unida Podem el uso de los 10 millones restantes.
Por el momento, las dos formaciones mantienen abierta la línea de diálogo a la espera de que se concreten las nuevas cuantías de incremento de los recibos que conllevaría el reparto de costes entre cuatro tramos en función del tamaño y del valor catastral de cada vivienda. Y, además, cómo quedaría la modificación del IBI planteada tanto por lo que respecta al aumento a implantar sobre los bloques turísticos como en la rebaja de ese mismo impuesto que Esquerra Unida Podem también pidió en el caso de las viviendas de propietarios con menores rentas, a modo de compensación por la subida del recibo de la basura. De algún modo, la fórmula que se habría alcanzado en el caso del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig con la salvedad de que, en el caso de Alicante, los ajustes en el IBI se implantarían ya sobre los recibos de 2026.
Una vez que pueda valorarse las cifras propuestas por el PP, Esquerra Unida Podem consultará a los órganos de dirección de los tres partidos que conforman la confluencia (Esquerra Unida, Podem y ERPV) antes de confirmar su hipotético respaldo al incremento de la tasa de residuos. Y, en el caso de que se obtenga el beneplácito de las tres formaciones, se exigiría la firma de un compromiso por escrito en el que el PP, con su alcalde al frente, asumiese el cumplimiento de todos los puntos que llegasen a acordarse.
Entre tanto, el mismo Barcala señaló este miércoles que se siguen manteniendo negociaciones para aprobar varios de los acuerdos que deberían quedar validados en pleno antes de que finalice 2024, como la revisión de la tasa de residuos o los presupuestos, al margen de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ya pactada y dictaminada favorablemente junto a Vox. En todos ellos, el PP requiere de apoyos externos, al gobernar en situación de minoría.
Con todo, el primer edil evitó pronunciarse sobre los términos de esas conversaciones y se limitó a señalar que se están estudiando todos los planteamientos, sobre los que dijo que, en general, no son descabellados. Eso sí, también formuló un llamamiento a la responsabilidad política respecto a la actualización de la tasa de residuos tras alertar de la posibilidad de que aquellos que bloqueasen su actualización pudiesen quedar expuestos a consecuencias de tipo personal, como ya se ha recogido en informes técnicos emitidos en ayuntamientos como el de Vitoria.