ALICANTE. La promotora del vicepresidente del Hércules, Valentín Botella, no atraviesa su mejor momento. Afectada como tantas otras por el estallido de la burbuja inmobiliaria, Prosumasa S.A. está en el punto de mira de Hacienda, a la que adeuda 1,7 millones de euros según el último listado de grandes deudores publicado en junio, y los juzgados están comenzando a subastar inmuebles embargados para saldar su deuda con varios bancos.
Según la información judicial a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, al menos tres bancos han instado subastas de bienes de Procumasa para recuperar su crédito desde que comenzó 2016, con la aspiración de adjudicarse las propiedades y saldar así la deuda del empresario oriolano.
Se trata del Banco Popular, que presentó la demanda por impago contra Procumasa en enero de este año, el Banco Sabadell, que hizo lo propio en julio, y por último CaixaBank, que demandó por impago a la promotora de Botella el pasado septiembre. La cantidad más elevada se adeuda al Banco Sabadell, que "heredó" un préstamo impagado de Valentín Botella a la extinta Caja Mediterráneo (CAM) al absorber la entidad alicantina por 1 euro, en el verano de 2012.
En el primer caso, en Banco Popular reclamaba a Procumasa 2.699.453 euros. El juzgado sacó a subasta una promoción de Botella en la Albufereta de Alicante, tasada algo por encima del valor de la deuda, en 2.857.647 euros. La subasta se cerró en mayo sin pujas.
En julio se abrió la segunda subasta, instada por el Banco Sabadell. Además de Procumasa, la demanda se dirigía también contra Enrique Ortiz e Hijos, la empresa del factotum del Hércules, Enrique Ortiz, socio de Botella en Aligestión. La propiedad subastada se tasó en 3.713.390 euros, para recuperar un crédito impagado de 2.896.912 euros. La subasta se cerró el 1 de diciembre también sin pujas. En este caso se trataba de una urbanización de adosados en el municipio murciano de Los Alcázares.
La última subasta instada este año lo fue con CaixaBank como actor. La entidad demandó a Procumasa y Delta Crateris S.L. por 73.734 euros de impago, y el juzgado número 2 de Orihuela sacó a subasta una propiedad valorada en 99.828 euros. Esta subasta se encuentra temporalmente suspendida, pero se reanudará el 26 de diciembre, según la información consultada. Si sucede como con las dos anteriores y termina sin pujas, los bancos que instaron las subastas podrán adjudicarse los bienes por los que nadie ha pujado. Una solución habitual en este tipo de procesos, en los que no suele haber demasiada concurrencia porque el adjudicatario asume también el impago vinculado a la propiedad.
Valentín Botella fundó Procumasa a mediados de los años ochenta en Orihuela. La suya fue una promotora especializada en vivienda residencial que creció en tamaño y volumen de negocio al calor de la burbuja inmobiliaria y a la que el estallido de dicha burbuja sorprendió fuertemente endeudada con los bancos. Tras realizar dos ERE y reducir su actividad al mínimo, la propia firma reconocía en las cuentas anuales de 2012, las últimas depositadas en el Registro, que había tenido que renegociar con las entidades usando varias propiedades como aval. Precisamente las que se están subastando por los impagos.
Botella, socio de Ortiz desde hace años, se convirtió por deseo del entonces máximo accionista del Hércules en presidente del club durante la pasada década, y desde ese cargo vivió el último ascenso a Primera del club blanquiazul, y el inmediato regreso a Segunda. Por entonces (2010), su empresa ya comenzaba a acusar los rigores de la crisis, que terminaron con una de las promotoras más prometedoras de la provincia, operando desde Orihuela. Jesús García Pitarch sustituyó a Botella como presidente en 2012, pasando este a ocupar el cargo de vicepresidente desde entonces, mientras que Ortiz "designó" a Carlos Parodi como presidente cuando solo un año después de llegar al club Pitarch lo abandonó por la puerta de atrás.
El oriolano no es el único consejero del Hércules (el consejo está formado actualmente por solo tres miembros) con problemas. Como ha venido contando Alicante Plaza en exclusiva, Francisco Méndez Jara, expresidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, está citado a declarar como imputado por el agujero contable en la institución, alrededor de 500.000 euros, de los que el propio Méndez Jara ha reconocido haber dispuesto de 250.000 para fines personales. El juzgado número 6 de Alicante lo ha citado para declarar el 19 de enero, acusado de apropiación indebida.