Los miembros de la comisión de fiscalización sobre las oposiciones a la Policía Local.ALICANTE. Solo los tres grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Unides Podem EU y Compromís, han registrado este miércoles un listado de nuevas diligencias que, a juicio de sus representantes, se deberían evaluar en la comisión de fiscalización sobre las oposiciones a Policía Local del caso enchufes con el propósito de que pueda reanudarse el análisis del proceso de selección bajo sospecha. Por el contrario, PP, Cs y Vox han renunciado a plantear nuevas solicitudes al respecto, en último día del plazo previsto para registrarlas.
En realidad, las peticiones propuestas por los tres partidos de la izquierda son básicamente una reiteración de las formuladas en la primera sesión constitutiva de la comisión que todavía no han tenido eco. Entre ellas, la fundamental es la petición de comparecencia del alcalde, Luis Barcala, y del edil de Recursos Humanos, José Ramón González, con la intención de que puedan facilitar explicaciones sobre la convocatoria.
PSOE, Unides Podem EU y Compromís consideran que su presencia ante la comisión es más necesaria, si cabe, después de que el comisario principal de la Policía Local, José María Conesa, expusiese durante su comparecencia la existencia de una presunta trama orquestada por otros mandos policiales con la intención de desprestigiarle y forzar su destitución. Ese sería, según indicó, el origen de las denuncias sobre las supuestas anomalías registradas en el proceso de selección, en las que se apuntaba la concesión de un trato de favor a familiares de mandos policiales, de otros agentes, de concejales y expolíticos, de representantes sindicales y de personas vinculadas a empresas concesionarias.
Al margen de esas solicitudes de comparecencia, el PSOE ha reiterado la petición de entrega de documentación que no se habría facilitado hasta ahora, como los expedientes completos de las averiguaciones promovidas de manera interna sobre el proceso o sobre la información remitida a la Agencia Valenciana Antifraude, por ejemplo. Además, también reclama copia de los recursos, denuncias o sentencias sobre el proceso que se hayan podido registrar hasta ahora y de las plantillas de los exámenes, así como de las denuncias presentadas por los comparecientes en relación al proceso.
Con todo, la concejala socialista Llanos Cano ha afirmado que, al margen de esa documentación, "lo que reclamamos de nuevo es que Barcala dé la cara. Es el jefe de la Policía Local. No puede eludir esta responsabilidad, no puede eludir una comisión que él mismo firmó y pidió y reclamamos que comparezca de nuevo. Subsidiariamente, para el caso de que la comparecencia no se pueda exigir, pedimos que se le invite, pero esta vez tengan el decoro de por lo menos avisarnos con 48 horas de antelación para poder prepararnos las preguntas a realizar", según ha añadido.
Al margen de la comparecencia de Barcala y González, PSOE, Unides Podem EU y Compromís solicitan la citación del cuadro de mandos de la Policía o del portavoz de la sección municipal del SPPL
Al tiempo, el PSOE también reclama la comparecencia de la jefa del servicio de Seguridad y del exportavoz de la sección del sindicato SPPL en el Ayuntamiento, Pedro Calero, relegado por la ejecutiva provincial tras sus manifestaciones sobre la polémica.
Por su parte, Unides Podem EU coincide en la necesidad de que se cite a Barcala y González y, al margen de la entrega de documentación pendiente, también plantea que se acuerde la comparecencia de los seis máximos responsables de la Policía Local que conforman la cadena de mando, además de una nueva solicitud de comparecencia de Conesa y del jefe de prevención de Riesgos Laborales, Andrés García Trillo, que ejerció como asesor de las pruebas médicas en las oposiciones. De igual modo, también solicita copia de los exámenes tipo test y de las correcciones del supuesto práctico.
Por último, Compromís -además de las comparecencias de Barcala y González- también solicita la entrega de documentación pendiente, como toda la información remitida a la Agencia Valenciana Antifraude o las denuncias, alegaciones, recursos o reclamaciones interpuestas frente al desarrollo del proceso de selección.
Por lo que concierne al bipartito, lo cierto es que PP y CS ya habían manifestado -tras el desenlace de la primera sesión de trabajo de la comisión-, que con las diez comparecencias registradas en esa misma jornada había quedado demostrado que no existía ninguna anomalía en el proceso. Así, ya entonces, los dos partidos dieron por cerrado el objeto de la comisión: determinar si existieron o no irregularidades en la convocatoria. Además, el mismo Barcala también ha anticipado ya que comparecerá ante la comisión, después de que su ofrecimiento voluntario no fuese estimado por los grupos opositores en la primera sesión de la comisión. Entonces, se alegó que las condiciones planteadas para que se produjese esa comparecencia no eran las requeridas, al proponerse sin comunicación previa y al término de una jornada en la que ya se habían celebrado diez comparecencias previas.
Por último, Vox no habría considerado necesario incorporar ninguna otra diligencia adicional para el desarrollo de la comisión, según su propio portavoz, Mario Ortolá.
En principio, esa nueva ronda de solicitudes debería quedar resuelta antes de que se convoque la próxima sesión ordinaria de la comisión, prevista para el 18 de mayo. Al tiempo, sigue pendiente de celebración la comisión extraordinaria solicitada por PSOE, Unides Podem EU y Compromís antes del desarrollo de la primera jornada de trabajo con el fin de acordar el orden del día por el que debía regirse.
