BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm se ha visto obligado a hacer frente a nuevas sentencias por la rescisión de contrato de Park Control 2000. En esta ocasión, el Consistorio tendrá que pagar a cinco empleados que perdieron su trabajo en 2015. En total, alrededor de 25.000 euros, de ellos, 10.700 euros en concepto de intereses de demora. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) les condena al pago ya que se le declara responsable subsidiario puesto que la empresa quebró.
Tal y como ha venido contando este diario, los hechos se remontan al pleno de junio de 2014. Por aquel entonces, el exalcalde socialista Agustín Navarro decidía, junto a su compañera de gobierno Gema Amor, rescindir el contrato de la zona azul y la grúa tres años antes de lo previsto. A continuación, iniciaban el expediente para licitar un nuevo contrato, y hasta que entrara la nueva concesionaria, se quedaban los trabajadores que había hasta ese momento.
Una vez declarada la insolvencia por parte de la empresa, 21 empleados presentaron una demanda que se dividió de manera individual y se dirigió al Ayuntamiento. Según explicó a Alicante Plaza la concejal de Contratación y Hacienda, Aida García Mayor, estas corresponden a los despidos como cosecuencia de la rescisión. Y como se decía, no viene sola, empezaron a llegar hace justo tres años con el primer demandante que ganó la sentencia en los tribunales por 8.300 euros.
Así, han dado el visto bueno al pago a estos cinco empleados con cantidades que ascienden a 4.300 euros, 3.300 euros, 6.800 euros, 4.800 euros y 5.800 euros. En total, en su momento se calculó que el Consistorio tendría que abonar alrededor de 90.500 euros si todos terminaban ganando el fallo, más el 10% de intereses.
Park Control se encargó de la zona azul y la grúa desde 2007 a 2015, hasta que el PSOE, con el apoyo de Liberales, le quitaron la concesión porque entendían que estaban incumpliendo las condiciones del contrato. Meses antes de que se aprobara por pleno, la mercantil había sido intervenida hasta el punto de que la recaudación la ejecutaba directamente la Agencia Tributaria. Contaba con impagos que superaban el millón de euros y sin pagar las nóminas de su plantilla tal y como manifestaron por aquel entonces.
A la mercantil no se le conoce trabajo reciente, en agosto de 2018 la Agencia Estatal de la Administración Tributaria dictó el cierre provisional de la hoja registral. Pero sí que quedará en la memoria por la importante labor que hizo en el terreno político de Benidorm. Llegó incluso a ser objeto de demanda contra Navarro y, el que fuera concejal de Movilidad, José Bañuls, por un supuesto delito de prevaricación continuada debido a la resolución del contrato de la zona azul y la grúa en 2010. La querella la presentó el PP.
Esto se entendió como consecuencia directa de la moción de censura a los populares, cuyo tránsfuga fue Bañuls, y aupó a la alcaldía a Navarro. Finalmente, la causa quedó archivada.
