LA NUCÍA. El Ayuntamiento de La Nucía aprobó este jueves en el pleno la adhesión del Fondo de Financiación a Entidades Locales (FFEELL) del Fondo de Ordenación de 2023. El objetivo es financiar con préstamos con cargo a este fondo un total de 14,6 millones de euros que suman dos sentencias perdidas por el Ayuntamiento. En un informe al que ha tenido acceso este diario, alegan los diferentes motivos financieros para que las arcas municipales no puedan hacer frente a estos gastos y opten por el pago a plazos.
Por un lado y la que se lleva gran parte de este crédito es el referente al PAI de l'Algar con 9,4 millones de euros más 4,4 millones de euros en intereses. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia del juzgado contencioso-administrativo de Alicante que ya reclamaba este importe a favor de Paraje del Cautivador SA (de la familia Montoro de València, propietarios del 50% del complejo Aqua Multiespacio).
Como ha venido contando este diario, el Consistorio cobró a la urbanizadora en concepto de plusvalía el desarrollo de este plan por adelantado, pero posteriormente fue anulado por el Tribunal Supremo. Posteriormente, en 2014 firmó un convenio con la empresa en el que se comprometía a subsanar en tres años esas anomalías urbanísticas y poner en marcha el nuevo PGOU con los terrenos recalificados. Pero esto no ha ocurrido. Se planteó dar un nuevo plazo, aunque sin éxito: la Junta de Gobierno Local desestimó esa petición y acudieron a los juzgados.
La sentencia permitía un recurso de casación en el Tribunal Supremo, del que aún están pendientes. No obstante, se espera que a finales de 2022 pueda quedar en firme. De ahí que el gobierno local haya decidido apresurarse a su adhesión a este fondo aunque esto sirva para incrementar la deuda de las arcas municipales.
La otra sentencia, ya firme, condena también al Consistorio al pago de 608.000 euros más 127.000 euros de intereses por un conflicto con Áridos Muixara, tal y como figura en la documentación a la que ha tenido acceso Alicante Plaza. Desde hace una década mantienen una lucha en los juzgados por el alquiler de unos terrenos ocupados por la Ciudad Deportiva Camilo Cano, en el que la empresa llegó a pedir en torno a los 4.800 euros al mes por el uso de su suelo.
Por su parte, Cs explicó que llevan avisando de las consecuencias de actuaciones pasadas. "Estos avisos nos costaron serios reproches y provocaron desagradables desencuentros entre gobierno y oposición", recuerda el portavoz municipal, Rafa Congost. La formación naranja decidió abstenerse por "la forma de gestionar" de los populares, aunque reconoció que "las sentencias deben cumplirse" y la adhesión a este fondo es una solución "que evita colapsar el ayuntamiento".
