Momento del pleno. Foto: youtube/lanuciatvLA NUCIA. El Ayuntamiento de La Nucía aprobó este jueves en pleno la desestimación de la reclamación económica que realiza la empresa promotora del PAI del Algar. La mercantil, Paraje del Cautivador, solicitaba nueve millones de euros a los que había que añadir los intereses, es decir, unos 13 millones de euros en total. Así, el gobierno local, con el PP en mayoría, llevó al pleno rechazar las pretensiones de la empresa, algo que contó sólo con el voto a favor de los populares, frente las críticas de la oposición ante las que actuaron de manera impasible y sin contestar. PSOE votó en contra y Cs y Compromís, abstención.
El gobierno local se acoge a un informe que lo aconseja, escudándose en que la promotora no había aprobado de manera definitiva y dentro de plazo el Plan General Estructural La Nucía para que permitiera el desarrollo del PAI, tal y como recogía el contrato entre ambas partes.
Por su parte, la empresa entiende que el que no ha cumplido con sus obligaciones es el ayuntamiento. En septiembre de 2014 firmaron un nuevo convenio condicionado al cambio de la clasificación de suelo con la revisión del Plan General, aún en trámite. A día de hoy, el plan urbanístico sigue encallado: mantiene la clasificación de suelo agrícola a la espera de que se apruebe un nuevo planeamiento que lo haga urbanizable.
Dicho convenio tenía una vigencia de tres años que según Paraje del Cautivador expiró en septiembre del año pasado, cuando presentó la empresa la reclamación económica y la mercantil consideró que el ayuntamiento "ha actuado en manifiesto incumplimiento de lo convenido". Como consecuencia, reclamó las plusvalías ingresadas por valor de más de nueve millones de euros y los intereses generados durante este tiempo.
El gobierno liderado por Bernabé Cano defiende que el plazo de tres años no terminó hasta diciembre de 2017, que es cuando se aprobó por pleno el convenio. Y según estos parámetros, no se habría incumplido porque el ayuntamiento aprobó la versión preliminar del PGE el 30 de noviembre de 2017.
La portavoz de los socialistas, Pepa Ivorra, fue la primera en tomar la palabra: "ya advertimos en su momento que el convenio que iba a firmarse con el agente urbanizador era un error", comenzó diciendo. Asimismo, informó de las conversaciones mantenidas con Conselleria de Medio Ambiente, quienes les aseguraron que "la oferta de suelo sin desarrollar, el suelo vacante y ya urbanizado agota por completo la oferta de suelo necesaria para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana en lo que se refiere a suelo residencial y terciario".
A continuación, se resignó a admitir que veían venir el resultado ya que sabían que el terreno no sería el mismo una vez se revisara. "Comprobamos que no miran por el interés y el bien de todos los vecinos de La Nucía", espetó Ivorra. Recordó que ellos no apoyaron dicho convenio y dijo entender que la empresa quiera recuperar su dinero: "usted ha adquirido unos compromisos que no va a poder cumplir", le dijo al alcalde.
Tras ello, tomó la palabra el portavoz de Compromís, Pep Pastor, quien recordó que se le había pedido al secretario municipal un nuevo informe que complementara al de Garriges, y denunció que en un principio lo hiciera el arquitecto municipal, quien además suscribió las palabras del único informe que había hasta la fecha. "¿Por qué no lo firma el concejal de Urbanismo? Si sois tan valientes...", comentó Pastor.
Asimismo, el regidor de Compromís le plantea la duda respecto a la redacción del convenio y el plazo para cumplirlo y les acusa de haber actuado de mala fe con la empresa. Por último, habló del informe del secretario municipal, de quien esperaba que fuera más "completo".
Por último, el líder de Ciudadanos, Rafael Congost, llamó la atención sobre la cantidad que estaban a punto de desestimar el pago: "supone más del 50% del presupuesto municipal". Congost también consideró que los populares eran conscientes de que no podrían cumplir con el convenio suscrito en 2014, y lo relacionó con la época en la que estaban, es decir, a seis meses de las elecciones.
Congost auguró que el caso terminará en los juzgados, como los otros muchos que tiene el ayuntamiento por otros planes y expropiaciones de terrenos: "Recuerden las obras de la piscina, las rotondas, o como más tarde veremos las obras de La Seu".
Además, preguntó al gobierno local –que hizo oídos sordos– "¿Por qué no se reclama también la devolución del aval, siendo que el citado PAI esta anulado y, según la reclamación, en la versión preliminar no se cumplen los parámetros acordados en el convenio?".
Finalmente, se aprobó dicha desestimación, así como rechazó la alegación de la empresa a los presupuestos para que se incluyera la partida de los 13 millones para que se les pagara.
