ALICANTE. Segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) sobre el conflicto del ruido en el Centro de Alicante con idéntico pronunciamiento. En una resolución conocida este lunes, el alto tribunal autonómico asume los recursos de apelación presentados por el Ayuntamiento de Alicante, por la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) y por los propietarios de varios negocios hosteleros, a título particular, y revoca la sentencia dictada en primera instancia por la que obligaba a la administración local a acordar la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en el entorno de la calle Castaños.
Como ya hiciera el propio TSJ en alusión a otro contencioso similar, iniciado por una comunidad de propietarios de la calle Artilleros, la sala da la razón tanto al Ayuntamiento como a los representantes los negocios hosteleros y considera que una asociación de vecinos carece de legitimidad para reivindicar la supuesta vulneración de derechos fundamentales que pertenecen a la esfera individual. En concreto, la sentencia incide en que la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional que interpuso el contencioso "no puede ser titular de los derechos fundamentales cuya tutela reclamó".
Así, añade que dicha circunstancia es "una cuestión trascendente, pues no fue correctamente valorada en la Sentencia" de primera instancia, dictada por el juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante en noviembre de 2019, "en la medida en que la sentencia de instancia, articuló defectuosamente dicha alegación como causa de inadmisibilidad del recurso cuando, por tratarse de una cuestión de fondo, debió articularse como motivo, en su caso, de desestimación".
El fallo se acoge, así, a la argumentación esencial recogida en las apelaciones presentadas por el Ayuntamiento y por la representación legal de las organizaciones hosteleras, sin entrar a valorar el fondo del asunto. Es decir, si concurren las circunstancias de superación de niveles sonoros que motivarían la declaración de dicha ZAS, con la imposición de restricciones o limitaciones al desarrollo de la actividad hostelera, como sí había concluido la sentencia de primera instancia favorable a la asociación de residentes.
La Asociación de Vecinos meditará un posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en defensa de la sentencia original favorable a su reclamación
Eso sí, el fallo no es firme. La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo (TS). Y, de hecho, según fuentes consultadas, la Asociación de Vecinos que inició el procedimiento podría barajar su interposición en defensa de la sentencia original al no compartir las conclusiones alcanzadas por el TSJ. Eso sí, el hipotético recurso queda sujeto al estudio de opciones desde el punto de vista legal. Y de que pueda alcanzarse un apoyo mayoritario en el seno del colectivo, después de que se valore que, en la resolución del alto tribunal autonómico, no se haya acordado la imposición de las costas procesales.
Por el momento, la asociación ya ha manifestado, en una primera valoración sobre el fallo que, "lo más triste de todo esto, es el posicionamiento del actual gobierno del Ayuntamiento de nuestra ciudad, de posicionarse en presentar alegaciones a una sentencia ganada por los vecinos de su ciudad como si en ello le fuese la vida", en alusión al recurso de apelación municipal. "Alegaciones, a una sentencia que los vecinos ganaron en su día, en la que, inexplicablemente, el ayuntamiento se posiciona junto a la hostelería y el ocio para quitarte la razón y seguir permitiendo que los vecinos afectados del centro tradicional, sigan sufriendo la contaminación acústica que se genera en su entorno, en especial todos los fines de semana y vísperas de fiestas", añaden fuentes del colectivo, a través de un comunicado.
En esta línea, las mismas fuentes inciden en que "los sonómetros instalados en las calles, dan mediciones de mas de 75 decibelios. Lo evidente no se puede obviar ni ocultar", recalcan. "El calificativo sobre el recurso municipal, no es ni más ni menos, que un auténtico desprecio a los vecinos residentes del Centro de Alicante, que a sabiendas de su sufrimiento y desesperación, no les quedó otra opción que acudir a la Justicia. El gobierno municipal de nuestra ciudad, se interpone para hacer el mayor daño posible a los vecinos, que es el que tenemos ahora mismo con la sentencia del TSJ. No hay palabras para este acto tan inhumano de un Ayuntamiento contra los vecinos de su ciudad", prosigue el comunicado.
"El transcurso del tiempo solo ha favorecido a la hostelería que ha invadido todo el espacio público. Solo en la calle Castaños existen 53 locales dedicados a la hostelería; han acabado con el pequeño comercio y el espectáculo tan bochornoso y permitido que se sufre todos los fines de semana, es insufrible para la vida de los vecinos, y un Ayuntamiento que incluso ordena apagar (así lo pensamos al encontrarlos apagados cuando mas ruido hay) los sonómetros para que no se pueda demostrar que nuestro gobierno municipal del PP es el colaborador y el socio preferente de la hostelería (a los hechos y acciones nos remitimos)", abunda la asociación.
Sea como fuere, a priori, esta nueva sentencia conocida ahora despejaría el camino para que el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), opte por tramitar la declaración de una ZAS con condiciones menos exigentes, como había anticipado Alicante Plaza. En todo caso, los requisitos concretos de esa disposición quedan sujetos al resultado de la nueva campaña de mediciones sobre la actividad de los locales de ocio y hostelería situados en el perímetro del Centro Tradicional que ahora estaría en su última fase de desarrollo.
Por lo pronto, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), ha indicado, tras conocer el alcance de la sentencia, que el Ayuntamiento mantiene su "hoja de ruta" y que se va a continuar "tomando datos" para analizar "si debemos tomar alguna medida adicional o si es necesario" declarar de manera "una ZAS" en sentido estricto. Así, a través de un comunicado, ha subrayado que "se va a seguir con las mediciones sonométricas y estudios previos, así como con la aplicación de medidas que permitan la conciliación del descanso de los vecinos con la actividad económica, teniendo como referencia la normativa autonómica que afecta a las ZAS".
Fuentes municipales han incidido, además, en que "el Ayuntamiento ya inició los trabajos previos al inicio del expediente para la declaración de la ZAS, con mediciones y sonometrías, que se vieron interrumpidas por el confinamiento por la covid, y que volvieron a ponerse en marcha a recuperarse condiciones de normalidad durante la pandemia al finalizar el pasado verano, atendiendo a la primera resolución judicial ahora revocada por el alto tribunal autonómico".
Alicante sopesa implantar una ZAS adaptada a las mediciones al margen del TSJ
Entre tanto, el grupo municipal de Unides Podem EU en el Ayuntamiento de Alicante ha expresado este lunes su apoyo "a las acciones que tome el vecindario y apoyamos su argumentación y causa". "La cuestión del ruido, el derecho al descanso y la aplicación de la ZAS es esencialmente un debate sobre el modelo económico y social que queremos para Alicante. El desarrollo actual de las políticas que ha aplicado el Partido Popular ha llevado a la práctica desaparición del comercio tradicional y al éxodo hacia otros barrios de muchas personas cuya primera opción para vivir era el centro", han apuntado fuentes de la confluencia, a través de un comunicado.
"Trabajar hacia un modelo respetuoso no solamente es una cuestión de fijar vecindario, sino de proteger las tiendas que todavía perviven con muchas dificultades y que están viendo como el ejemplo de Castaños y su monocultivo de ocio nocturno y hostelería se va extendiendo a otras calles como la del Teatro y empujan también a San Francisco. No debemos criminalizar actividades, sino que el ayuntamiento tiene el deber de regular para garantizar derechos y para construir una ciudad que no sea un parque temático de turistas sino cuya principal misión sea el bienestar del vecindario", ha recalcado su portavoz, Xavier López.