Un operario municipal, en la reposición de los rótulos originales de la plaza de la División Azul. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante en noviembre de 2017, por la que se anuló el cambio de denominación de calles aprobado un año antes por el ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) por un defecto de tramitación (debió aprobarse en el pleno del Ayuntamiento, y no en Junta de Gobierno, como sucedió), ya es definitiva y firme. El actual equipo de Gobierno, del Partido Popular (PP), ha logrado cerrar el círculo al desistir del recurso de apelación que el propio Ayuntamiento había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra de ese fallo de primera instancia. Ese recurso se presentó durante la etapa de Gobierno del PSOE en solitario, el pasado diciembre.
Sin embargo, ese recurso sencillamente ha dejado de existir. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal dictó el pasado 31 de mayo un auto por el que daba por terminado el procedimiento, curiosamente, a petición del propio Ayuntamiento, promotor del recurso. Ese desestimiento, según el auto, se habría producido "por haberse estimado por la Administración, después de ser interpuesto, las pretensiones anteriormente denegadas al recurrente". Es decir, que el Ayuntamiento -ahora gobernado por el PP- habría decidido retirar la apelación con la que se trataba de rebatir la sentencia favorable al mismo PP: el partido que impugnó el acuerdo de redenominación de calles impulsado por el tripartito mientras ejercía labores de oposición. O lo que es lo mismo, el PP ha blindado desde el gobierno la victoria judicial que logró cuando estaba en la oposición.
¿A qué pretensiones del recurrente se habría accedido? El auto no las concreta, pero sí lo hizo el propio equipo de Gobierno popular a través de un comunicado difundido el lunes, en el que se confirmaba el aplazamiento de la Comisión de Memoria Histórica (que se celebrará este viernes) en la que se deben debatir las nuevas denominaciones para las calles con referencias franquistas.
En ese comunicado se detallaba que la comisión de Memoria Histórica no se convocaría hasta que se tuviese constancia del archivo del procedimiento y se daba a conocer que se había planteado la renuncia a ese recurso de apelación tras aludir al acuerdo plenario de diciembre, por el que se concretaron los 36 rótulos que debían sustituirse sin plantear las nuevas nomenclaturas alternativas. Además, en ese acuerdo plenario se reflejaba que esos nuevos nombres se aprobarían en el mismo pleno: justo lo que establecía la sentencia de primera instancia y lo que había planteado el PP en su recurso.
El auto de archivo del TSJ (sin condena en costas) fue notificado al Ayuntamiento este martes. De ahí que, justo en esa misma jornada, se diese trámite a la convocatoria de la Comisión de Memoria Histórica para debatir sobre las nuevas denominaciones. A esa convocatoria se llega ya sin ninguna posibilidad de que el TSJ recupere los nombres aprobados por PSOE, Guanyar y Compromís.
