ORIHUELA. (EFE).- La Conselleria de Sanidad ha pedido personarse contra el padre de un menor de edad intervenido quirúrgicamente que, supuestamente, propinó un puñetazo en la cara a una anestesista del hospital comarcal de la Vega Baja, en Orihuela, el pasado 28 de agosto.
La conselleria ha manifestado públicamente el “rechazo” y la “más profunda condena” a la agresión contra la anestesista cuando actuaba en el ejercicio de sus funciones.
La secretaria general comarcal de Sanidad de CCOO, Yolanda Ferrández, ha explicado a EFE que ese 28 de agosto el padre de un niño le propinó un puñetazo en la cara a la facultativa después de ponerse nervioso porque consideraba que su hijo no estaba bien, aunque en realidad lo que ocurría era que el pequeño pasaba por "el despertar anestésico". La anestesista tuvo que ser atendida por las lesiones causadas.
En repulsa a esta actitud, la Junta de Personal del Departamento de Salud Orihuela ha convocado una concentración para este viernes, a las 12 horas, en la puerta principal del centro sanitario.
La conselleria ha explicado a EFE que, a través del servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del Servicio Jurídico del Departamento de Salud de Orihuela, ha ofrecido asesoramiento y asistencia jurídica a la facultativa, al tiempo que solicitará a la Abogacía de la Generalitat la personación como acusación particular en el procedimiento, tal y como prevé el Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario.
Sanidad puso en marcha el pasado marzo una campaña de concienciación contra las agresiones al personal sanitario con el lema ‘Es delito’ con el fin de proteger a los profesionales y evitar este tipo de agresiones, que conllevan penas, sanciones y multas.
El personal sanitario está reconocido como autoridad pública en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, por lo que una agresión a un sanitario tiene consecuencias recogidas en el Código Penal.
Tras la reforma del Código Penal del año 2015, agredir o intimidar de forma grave a un profesional sanitario se considera delito de atentado, por lo cual los agresores podrían cumplir penas de prisión de entre seis meses y tres años, incluso cuando el ataque se produjera fuera de su lugar de trabajo, motivado por su condición de sanitario.