Los ediles socialistas Raúl Ruiz, Paco Sanguino, Miguel Millana y Llanos Cano.ALICANTE. El grupo municipal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante reacciona frente al informe emitido por el interventor municipal sobre los pagos por la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes durante dos años sin el respaldo de un contrato en vigor, en el que se reprende al bipartito (PP y Cs) por mantener otros servicios en la misma situación y se conmina a anticipar la tramitación de las licitaciones para evitar que se reproduzcan esas situaciones.
Así, el portavoz municipal del PSOE, Paco Sanguino, ha apuntado que el informe del alto funcionario "es esclarecedor y demuestra una vez más la deficiente gestión del equipo del señor Barcala. Además puntualiza que lo sucedido con esta contrata no es un hecho aislado, ya que otros contratos se encuentran en situación similar, por lo que, como apunta el informe, el Ayuntamiento de Alicante tiene un problema en materia de gestión de contratación".
Sanguino destaca que "es llamativo que cuatro de las contratas más importantes de la ciudad se han tenido que prorrogar o están sin contrato, como destaca el propio interventor municipal: zonas verdes y parques, la contrata de autobuses, la de limpieza viaria y la de limpieza de centros escolares y dependencias municipales". "Esta es la forma de trabajar del equipo del PP, siempre llegando tarde y pagando por fuera del contrato por no haberse puesto a trabajar cuando tocaba. Es tal la inacción y la falta de planificación que el propio interventor da un tirón de orejas a Barcala", abunda.
El comunicado incide en que "en el escrito de Intervención se revela que se tardó un año en iniciar el expediente para una nueva contratación de zonas verdes y parques y que desde 2018, fecha en el que finalizaba el servicio, hasta 2020", de manera que "se ha abonado a la empresa mediante la fórmula extracontractual nueve millones de euros, lo que evidencia la dejación de funciones de este ayuntamiento", apunta Sanguino.
El PSOE concreta que "el 13 de julio de 2018 finalizó el contrato, compromiso suscrito por la mercantil Gestión Ambiental Urbana, (Geamur). Hasta el 24 de abril de 2019 el centro gestor no remite a Contratación la documentación para iniciar de nuevo el procedimiento. El 31 de marzo de 2020 la Junta de Gobierno adjudica el lote 1 a la STV Gestión SL y el lote 3 al Centro Especial de Empleo Alicantino Poda. La adjudicación del lote 1 se recurre ante el tribunal de Contratación que suspende el procedimiento. El 21 de julio de 2020, 14 meses después de la finalización del contrato anterior, la Junta de Gobierno adjudica el lote 2 a Eulen".
"Mientras todo esto sucede, Geamur, que sigue prestando servicio, cobra por esta prestación 375.068,73 euros al mes, lo que supone que en dos años ha superado los nueve millones de euros", recalca igualmente la edil socialista Llanos Cano.
En esta línea, Sanguino hace suyo el informe del interventor para subrayar que "el hecho de que se trate de un servicio esencial y de prestación obligatoria, exige una mayor cautela por parte de la administración y no dejar al albur de una empresa su prestación", como concreta el interventor.
A juicio del PSOE, las conclusiones del informe "son demoledoras al corroborar lo siguiente:
-El Centro Gestor no impulsó el expediente de contratación con antelación suficiente para su tramitación y adjudicación en plazo.
-Se ha producido un incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos, debido al retraso en la tramitación del expediente.
-El informe positivo de esta intervención al reconocimiento de la obligación, se fundamenta en el deber de indemnizar al interesado por la prestación del servicio y en aras a evitar el enriquecimiento injusto de la administración.
-No es un hecho aislado. Otro contratos se encuentran en situación similar, por lo que el Ayuntamiento de Alicante tiene un problema en materia de gestión de la contratación".
