Foto: E. PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una reforma de la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para aumentar su control, así como una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la vigente, del año 1968.
Sánchez ha hecho estos anuncios en el Congreso durante su comparecencia para dar cuenta del 'caso Pegasus' de espionaje, donde ha reivindicado el sistema que rige el funcionamiento de los servicios de inteligencia pero ha adelantado su voluntad de aprobar "avances normativos" acompañados de "mayores compromisos presupuestarios".
En este sentido, ha anunciado una "adaptación" de la ley que regula el CNI, del año 2002, para adaptarla a los nuevos retos, sobre todo los derivados de las nuevas tecnologías, "mientras sigue cumpliendo su misión de servicios a la seguridad nacional y defensa de los intereses nacionales y el ordenamiento constitucional". Se trata, según ha apuntado, de mecanismos de control democrático.
Además, ha vuelto a prometer la reforma de la ley de secretos oficiales, ya incluida en los planes normativos del Gobierno de los dos últimos años. Sánchez ha asumido que esta medida es "fundamental e impostergable" para adaptar la norma a "los principios democráticos, constitucionales y los mejores y mayores estándares internacionales".
En su comparecencia, Sánchez ha defendido la legalidad de todas las actuaciones del CNI y ha asegurado que España cuenta con una legislación "garantista" para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, con controles políticos, económicos y judiciales de los servicios de inteligencia.
"El CNI se rige por la ley, su intervención está en todo momento alineada por la Constitución", ha insistido subrayando que el sistema español es "incluso más garantista" que el de otros países similares, permitiendo un "equilibrio" entre los derechos de los ciudadanos y la "lógica" defensa de la seguridad nacional.
Pese a todo, ha apostado por "avances normativos" para el CNI, además de un aumento de su presupuesto, para seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo. "Reforzar las garantías de control a la vez que poder asegurar el máximo respeto por los derechos individuales y políticos de las personas", ha apuntado.
El objetivo del Gobierno, según ha dicho el jefe del Ejecutivo, es trabajar para "renovar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro", aumentando las capacidades de los servicios de inteligencia españoles frente a otros servicios de inteligencia "hostiles", especialmente en el ámbito del ciberespacio.
También ha celebrado la constitución de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para que la directora del CNI pueda acudir "con normalidad" y dar cuenta de su actuación, aunque sin citar en ningún momento la destitución de Paz Esteban al frente de los servicios de inteligencia después de haber comparecido en el Parlamento.
Sánchez había arrancado el debate sobre el 'caso Pegasus' acusando a la derecha de "corrupción democrática" y no aceptar el resultado electoral, "descalificando como ilegítimo cualquier Gobierno que no sea el suyo".
Sánchez se ha subido a la tribuna del Congreso recordando que la próxima semana se cumplirán cuatro años de la moción de censura con la que llegó al Palacio de la Moncloa desbancando al Gobierno de Mariano Rajoy y un repaso de diferentes casos de corrupción que afectaron al Partido Popular, como Gürtel o el caso Kitchen.
"La sociedad veía entre atónita e indignada la escalada de escándalos de corrupción de sus gobernantes, que con una mano recortaban y con otra cobraban sueldos en b", ha acusado.
Así, ha indicado que antes de llegar al Gobierno, la corrupción era la primera preocupación de los españoles por encima de otras como el paro, la economía o la vivienda mientras que hoy ya no está entre los principales temas que inquietan a los ciudadanos. Sin embargo, ha advertido de que, sí lo está la crispación política y que esta situación suele ocurrir cuando la derecha está en la oposición.
En esta misma línea, Sánchez ha acusado al PP de no aceptar los resultados electorales, descalificar al Gobierno como "ilegítimo" y ha lamentado que durante la legislatura haya sido habitual descalificativos hacia él como "presidente ocupa" y "traidor a la patria", según ha reprochado.
Además, ha acusado al principal partido de la oposición de tener una visión "patriomonialista" de la democracia, de la Constitución y de las instituciones del Estado. "Creen que solo ellos tienen el derechos a gobernar", ha apuntado.
