SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado la rescisión del contrato del complejo deportivo sur - velódromo con la empresa adjudicataria al incumplir esta el contrato hasta ahora vigente. A lo largo de los últimos años, la explotadora de las instalaciones no ha presentado las cuentas económicas y no ha realizado las mejoras previstas en el contrato, motivo por el cual también se le ha incautado la garantía, que asciende a un importe de 137.500 euros, que irán a parar a las arcas municipales.
"La situación es compleja" y "no se podía estirar más el chicle", ha argumentado el concejal de Contratación, Guillermo García (PSOE), quien ha admitido que se trata de "uno de los expedientes más complejos, junto con el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria". Ante esta nueva situación, el edil ha manifestado que "si algo defiende este equipo de Gobierno es la no privatización de instalaciones", dejando así la puerta abierta a la gestión pública del complejo, y ha adelantado que se deberán licitar en su momento ciertos servicios que presta el Ayuntamiento como el bar, las escuelas deportivas o el gimnasio.
Sobre la hipotética municipalización, el portavoz de Compromís, Ramón Leyda, ha insistido en que "hay que explorar otras maneras de hacer, hay que revisar desde la raíz y ver si se puede empezar desde el principio mejorando algunos de los asuntos". De esta forma, el concejal de la formación valencianista ha abogado por "sentar" a todos los grupos políticos para estudiar "qué partes de la gestión se pueden municipalizar. Hay que mirar a medio y largo plazo, en lo que queda de mandato y en los próximos años".
Por su parte, el portavoz de Podemos y responsable de Deportes, David Navarro, ha recordado que el punto se llevó a pleno el pasado febrero y se retiró a petición suya, con la intención de conseguir dos objetivos: "Entablar conversaciones con la empresa concesionaria para que cumpla con lo estipulado en el contrato -que, lamentablemente no hemos obtenido una respuesta satisfactoria- y mantener reuniones entre el equipo de Gobierno y los técnicos para plantear diferentes alternativas para encontrar la solución menos traumática".
Adrián García, portavoz de Vox, ha señalado que el incumplimiento del contrato por parte de la empresa viene acompañado por un "aroma de dejadez y tolerancia por el equipo de Gobierno", pues en 2016 ya consta que existía un incumplimiento. Y ha sido Óscar Lillo, portavoz del PP, quien ha insinuado que la gestión pública del servicio no es viable, ya que "no es una instalación que requiera poca gente y entendemos que para municipalizar ese servicio no hay tanto personal. En nuestra opinión, la parte técnica ha funcionado, ha hecho sus informes, ha advertido de los incumplimientos, pero la parte política no ha funcionado".
En esta línea se ha expresado también Mariela Torregrosa, portavoz de Ciudadanos, dudando de "si esta gestión se va a poder realizar de una forma eficiente y sin interrupción del servicio, porque es imposible que sin ningún tipo de contratación se puedan abrir las instalaciones y prestar un servicio similar al que se está prestando". Asimismo, ha afirmado que "una buena gestión por parte del Ayuntamiento sería que el día después de rescindir el contrato con la empresa actual se siguieran prestando los mismos servicios y los vecinos no sufrieran las consecuencias de esta decisión", aclarando que "de esta decisión no tienen culpa ni el Ayuntamiento ni los ciudadanos, pero es responsabilidad del consistorio tomar las medidas para que se siga disfrutando de estas instalaciones".
El alcalde de San Vicente, Jesús Villar (PSOE), también se ha pronunciado en el asunto, reafirmando que la garantía incautada "no se puede utilizar; el dinero entre en las arcas y el equipo de Gobierno tendrá que proveer del dinero suficiente para ejecutar las obras". El punto se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE, EU y Podemos) y las abstenciones de la oposición (Compromís, Vox, PP y Cs).
