SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig aprueba el Plan Antifraude y de Integridad Pública (Resolución nº 6256 de 20/12/20222), en cumplimento del compromiso municipal de reforzar y defender la ética y evitar el fraude, requisito, además, para optar al sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 30/9/2021, en base al artículo 22 del reglamento de la UE 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 del 2 de 2021.
El Plan Antifraude y de Integridad Pública permitirá garantizar que se cumplan las normas antifraude: la prevención, la detección, la corrección y la persecución, en todos los órganos municipales y todo el personal que intervenga en la gestión de fondos públicos en general y los provenientes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), en particular.
El plan antifraude incluye un Plan de Acción, resultado de la evaluación de riesgos realizada por funcionarios de diferentes servicios municipales, en el que se detallan controles adicionales para mitigar los riesgos en la gestión del PRTR. El plan, que se aprobó mediante el decreto 6039/2022 de 5 de diciembre, cuenta con 40 medidas distribuidas en 9 apartados en el área de Subvenciones y 27 en 11 apartados en el de Contratación. El plazo de aplicación finalizará el 31 de diciembre de 2023.
Las medidas establecidas tiene que ver con la limitación de la concurrencia, el conflicto de intereses, el incumplimiento del régimen de ayudas del Estado, la desviación del objeto de la subvención, la doble financiación, la falsedad documental, el incumplimiento en materia de información, publicidad y concurrencia, y la pérdida de pista de la auditoría. Cuestiones a las que, en el caso de Contratación, hay que añadir prácticas colusorias en las ofertas; manipulación de la valoración técnica o económica, el fraccionamiento fraudulento y el incumplimiento en la formalización o deficiencias en la ejecución.
El alcalde, Jesús Villar, ha destacado la voluntad inequívoca del Consistorio de combatir la corrupción y las malas prácticas, demostrada en la Declaración Institucional de Lucha contra el Fraude del 29 de junio de 2022, que contó con el apoyo unánime en sesión plenaria de la Corporación. El primer edil, ha reiterado que "trabajar por la transparencia y la limpieza de los procedimientos municipales es una una prioridad", en cumplimiento del mandato de los vecinos y las vecinas del municipio que, añade Villar, "quieren que se destierre la corrupción, seña de identidad de la política valenciana en otros tiempos".
El Plan Antifraude y de Integridad Pública establece la creación de un Comité Antifraude municipal que tendrá que definir la política antifraude, diseñar las medidas de concienciación, evaluar periódicamente el riesgo de fraude, resolver los expedientes informativos incoados e informar a alcaldía- presidencia y a las entidades y organismos pertinentes. El comité estará compuesto por 5 funcionarios de Secretaría, Contratación, Servicios Jurídico y Administrativo de Urbanismo y área Económica Financiera, y se reunirá una vez al semestre. De la misma manera, el Ayuntamiento elaborará un código de conducta y principios éticos para empleados y cargos públicos y un plan de formación.
El Plan Antifraude y de Integridad Pública recoge cuatro grandes procedimientos punibles incluidos en la directiva Europea, que se concretan, en primer lugar, en el Fraude en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos; gastos cuando se cometan con ánimo de lucro ilegítimo y en materia de ingresos distintos o de los procedentes del IVA. El segundo aspecto de control se centra en la Corrupción Activa, definida como la acción de cualquiera que prometa, ofrezca o conceda ventaja a un funcionario para él o un tercero, a fin de que actúe o se abstenga perjudicando los intereses de la UE. El tercer aspecto se detiene en la Corrupción Pasiva, entendida como la acción de un funcionario que pida o reciba ventajas para él o terceros perjudicando a la UE. Por último, el decreto describe el Conflicto de Intereses, de los empleados públicos o beneficiarios privados cuando se comprometa la imparcialidad por razones familiares, afectivas, políticas o de interés económico o personal.
El documento establece las llamadas "banderas rojas" de los procedimientos como señales de alarma, pistas o indicios de un posible fraude. El objetivo es focalizar la atención sobre los principales puntos de riesgo de fraude, a través de un catálogo de "marcadores de riesgos" de los procedimientos como el trato favorable, el aumento del patrimonio, la adjudicación de ofertas inadecuadas calidad-precio o el favoritismo inusual, por citar algunos de ellos.
Por último, destacar el Buzón Externo de Denuncias de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), con quién el Ayuntamiento firmó un protocolo de colaboración en junio de 2022. El Buzón, ya ubicado en la web municipal, se aplica en los ámbitos de contratación, subvenciones y acceso a la función pública, y garantiza la confidencialidad y protección de las personas denunciantes. Para más información del Plan Antifraude y de Integridad Pública.
