El promotor ilicitano Ramón Salvador a su salida de la Audiencia Nacional, tras declarar por el 'caso Banco de Valencia'. Foto: EFEALICANTE. El Gobierno de San Vicente, un cuatripartito compuesto por PSOE, Guanyar, Compromís y Sí se puede, dio ayer la puntilla a un proyecto urbanístico que ha marcado el devenir de la política local durante los últimos 15 años: el PAI del Sabinar, en el que se preveía un campo de golf y un milar de viviendas. Los cuatro socios aprobaron ayer en Junta de Gobierno la ejecución de los avales por 1,7 millones de euros que garantizaban parte del pago que le correspondía al ayuntamiento en compensación por el 10% del aprovechamiento del sector, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tumbase "definitivamente" el proyecto de urbanización y reparcelación del sector, según concretó ayer la edil de Urbanismo, Mariló Jordá (Guanyar), a instancias de los diversos contenciosos interpuestos en su día por la agrupación local de EU (la base de Guanyar).
El PAI se presentó en el año 2001 por iniciativa de una promotora de origen vasco, Artunduaga Gestión Urbanística, participada inicialmente por el extenista Alberto Berasategui. Su tramitación fue uno de los desencadenantes de la ruptura en dos del grupo municipal socialista y el principio de la caída del gobierno presidido por Francisco Canals a través de una moción de censura que aupó a Luisa Pastor (PP) a la Alcaldía. Los populares mantuvieron ese proyecto en los dos mandatos posteriores y, en 2006, concertaron la entrega de hasta cuatro millones en concepto de participación pública en las plusvalías que el plan generaría.
La promotora depositó esa cantidad en el año 2008. No obstante, poco después acordó con el ayuntamiento que parte de esa cifra (1,7 millones) se cubriría con la cesión de una parcela de uso terciario hotelero cuando se completase la urbanización del sector. Sin embargo, la promotora -que sólo llegó a iniciar movimientos de tierra- acabó renunciando a la ejecución del proyecto por problemas económicos y lo vendió junto a todos sus derechos y obligaciones.
La última sociedad que se hizo cargo del controvertido PAI fue Residencial Mira Llevant, cuyo administrador único es el controvertido promotor ilicitano Ramón Salvador. Con el acuerdo de ayer, el Ayuntamiento de San Vicente inicia los trámites para que los bancos hagan efectivo el abono en la tesorería municipal de la fianza que debía cubrir esos 1,7 millones en los que se valoró la parcela hotelera y que permanecían retenidos hasta ahora.
La decisión de la incautación del aval se produce en un momento de convulsión interna en el cuatripartito. Representantes de los cuatro partidos socios mantuvieron este jueves una reunión de coordinación en la que trataban de limar diferencias en la gestión de algunos asuntos clave como la prestación del servicio de limpieza, la elaboración del nuevo Plan General o la entrega de un premio económico por un certamen literario a un concejal de Compromís de Muro de Alcoy, justo del mismo partido que el concejal de Cultura, Ramón Leyda. El cuatripartito superó una primera gran crisis con el cese de la hasta entonces concejal de Sanidad, Isalía Gutiérrez, de Compromís, por la adjudicación de contratos a una asociación vinculada a un miembro de la ejecutiva de Compromís en Alicante (el llamado caso Psiconox). Fuentes municipales participantes en la reunión de este jueves apuntaron que se daba por descartada la ruptura del acuerdo de gobierno.
Pachi Pascual felicita a “todas las personas que trabajan cada día por el deporte en nuestra ciudad inspirando y dando ejemplo a nuestros jóvenes”.
