Foto: RAFA MOLINABENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm plantea la revisión de oficio del convenio firmado con los propietarios del suelo de Serra Gelada en 2003. Sí, 18 años después, el asunto sigue sin tener una solución, a pesar de que marcaban cinco años para dar respuesta urbanística. Pero lejos de ello, parece que todavía se enredará más. Ahora, el Consistorio revisará este convenio por declararlo nulo de pleno derecho en base a un informe de la abogada externa Ana Maria Falomir Faus firmado el 14 de enero de 2021.
Como se recordará, el escrito de 2003 recogía compensar con edificabilidad en otros planes parciales de la ciudad a los propietarios por los terrenos que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. Este acuerdo se tomaba después de que Generalitat Valenciana decidiera que tenía que estar protegido como parque natural y por tanto, eliminaba las posibilidades de construir en ellos.
El pasado mes de diciembre, el pleno de Benidorm acordó iniciar el procedimiento de revisión de oficio de un convenio paralelo pero con las mismas bases, solo firmado por Acciona Inmobiliaria, que tiene el 50% de una parcela de 10.605 metros cuadrados afectados por este asunto. El empresario Antonio Manuel Puchades pidió en relación a este acuerdo plenario que se les incluyera como parte interesada. Sin embargo, el informe de secretaria, fundamentado en la argumentación de la abogada, rechaza esta petición y apunta a abrir una revisión paralela.
En este sentido, señalan que aunque el convenio se firmara con las mismas bases, Antonio Manuel Puchades firmó junto a Edificaciones Calpe SA, MP Urbanizaciones SL y FPO SA tenían el suyo en conjunto y un año más tarde firmaron un acta de cesión de reserva de aprovechamiento. Este punto último no lo comparte con Acciona, por lo que consideran que se tienen que abrir expedientes distintos.
El informe del secretario municipal apunta a tres razones para considerar el convenio nulo de pleno derecho. En primer lugar, señala que reconoce a los propietarios derecho de aprovechamiento urbanístico sin que hubieran cumplido con los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, diminuyendo los deberes y cargas definitorias del contenido del derecho de propiedad de suelo.
En segundo lugar, el acuerdo firmado por los empresarios y el alcalde popular Vicente Pérez Devesa, prorrogado después por el socialista Agustín Navarro, reconoce a los propietarios una indemnización sin que concurran los requisitos necesarios para que se aplique la responsabilidad patrimonial urbanística, "fundamentalmente no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico".
Y en tercer y último lugar, porque el Ayuntamiento asume una indemnización, cuando es la administración autonómica la que ha adoptado decisiones sobre reclasificación y protección de estos suelos.
En cuanto al resarcimiento de los propietarios, el informe señala que éstos no han entregado los terrenos al Consistorio, ni éste le ha adjudicado el aprovechamiento urbanístico, por lo que consideran que no hay nada que retribuir. "Así, los efectos de al nulidad quedan limitados a la indemnización de los daños y perjuicios que deberán ser acreditados por quien los reclame, per no se puede indemnizar las meras expectativas", recoge la documentación mencionada.
