Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El nuevo decreto de residencias que prepara la Conselleria de Igualdad, todavía en tramitación, no para de recibir reveses por parte de las instituciones y departamentos de la propia administración. La dirección general de Presupuestos ya señalaba las dificultades con los recursos requeridos para poner en marcha la norma. Ahora, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) plantea la falta de análisis de su impacto y pone en duda los cálculos realizados para avanzar con el decreto.
Así lo recoge en el dictamen sobre el proyecto de la norma, por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Un decreto que busca reducir el tamaño de las residencias y aumentar las ratios de personal, lo que implica a su vez un aumento de los costes por plaza en los conciertos, con sumas nada desdeñables que a pesar de todo podrían no recoger la totalidad del incremento.
Un impacto económico que sería de 28 millones más en 2023, 77,2 millones en 2024, 121,3 millones en 2025, y así sucesivamente hasta los 137,7 millones en 2027. En este sentido, la primera observación esencial del CJC hace referencia a que la norma debería ir acompañada por un informe de la situación actual del sector y de la incidencia económica para las personas usuarias. "Toda esta labor preliminar permite una mejor comprensión de la norma propuesta y mejora, en última instancia, la calidad material de esta, asegurando que se trata de una disposición normativa proporcionada", señala el informe.
El presidente de Aerte, José María Toro, ya llamaba la atención en una entrevista a Valencia Plaza acerca de las cifras planteadas por la Conselleria de Igualdad, liderada por Aitana Mas, que podría incluso haberse quedado cortas. "La memoria económica del decreto, desde nuestro punto de vista, no recoge todo el presupuesto necesario para la puesta en marcha del mismo. De hecho, el coste total que prevé la Consellería es de 134 millones de euros, pero ya hemos detectado que faltan 200 millones más solamente para la implantación del nuevo modelo en residencias y centros de día de personas mayores", señalaba.
Y así lo recoge el CJC, donde alerta de la falta de explicación de algunos costes, además de no incluir el coste de referencia que está utilizando de base, en el cálculo de los incrementos de coste que supone los nuevos requisitos que se imponen a los centros, especialmente el coste de personal. "De esa manera no se puede comprobar si se ha ajustado a la realidad de los requisitos presupuestarios del nuevo marco jurídico", señala el informe.
"La Consellería ha venido negando sistemáticamente los cálculos hechos por Aerte, pero tanto el CES como el CJC han planteado las mismas dudas sobre la memoria económica", señala Toro. A éstas se suman otras dudas, como las alegaciones planteadas por las entidades Asociación Lares Comunidad Valenciana, la Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector y la Asociación Profesional Instituciones de Menores por cuestiones de figuras laborales.
Por otro lado, respecto a la coordinación y colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada, destaca que en el apartado 1 las entidades de iniciativa privada tienen la obligación de colaborar y coordinarse territorialmente con las administraciones pública. Sin embargo, el artículo 85 de la Ley 3/2019 no impone el deber de colaboración de las entidades de iniciativa privada por lo que sugiere cambiar la redacción del anterior apartado debe sustituirse por la siguiente: "Las entidades de iniciativa privada podrán colaborar y coordinarse territorialmente con las administraciones públicas...".
La previsión es que el decreto estuviera listo antes de terminar la legislatura, pero todavía no acaba de estar claro si finalmente entrará en tiempo.
