Revés del administrador concursal al plan del consejo de administración del Elche

ALICANTE. El administrador concursal del Elche ha dado un serio revés al consejo de administración, al informar negativamente al titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, el magistrado José Luis Fortea sobre la propuesta de convenio que desea trasladar a los acreedores.

A juicio de Carlos Pérez Pomares, el pasivo del Elche es superior (45,5 millones de euros) a lo que el órgano de gobierno del club recoge en su plan y así se lo ha trasladado al juez según adelantaba Monserrate Hernández, en Onda Cero Elche este miércoles.

La diferencia estriba, fundamentalmente en los 4,1 millones de euros de la decisión de recuperación dictada por la Comisión Europea que el consejo entiende que no corresponde pagarla al club y por ello no la incluye en su propuesta en la que ofrece a los acreedores cobrar previo canje de deuda por acciones o quita de 65% y espera de diez años, con dos de carencia.

El administrador apunta que esa quita y espera "están basadas en unas magnitudes que ya no son reales", de hecho propone en su informe una quita mayor y se refiere el plan de pagos como "inviable" e "imposible de realizar". 

Conviene tener presente que en su día, en los textos definitivos Carlos Pérez le ya le proponía al magistrado José Luis Fortea que el cincuenta por ciento del principal de la deuda que exige Bruselas sea calificado como privilegiado y el otro cincuenta como ordinario, mientras que los intereses serían un crédito subordinado, al tiempo que le recuerda lo que contempla la regulación y jurisprudencia comunitaria respecto a la naturaleza de una decisión de recuperación e insiste al magistrado que el pago ha de ser "inmediato y efectivo", de manera íntegra, sin quitas y esperas.

Además, la propuesta que ya no está nada claro que sea la que el consejo llevará a la junta de acreedores del 27 de enero, tiene otro escollo que se antoja insalvable toda vez que requeriría también su aprobación en una junta extraordinaria de accionistas y ahí el principal detractor, el Instituto Valenciano de Finanzas tiene la sartén por el mango: el canje de deuda por acciones implica un cambio en el accionariado que afectaría al peso del paquete de la Fundación que controla indirectamente el banco del Consell, algo por lo que este no va a pasar por lo que se opondría en la junta de accionistas correspondiente.