ELCHE. La esperada rehabilitación de Porfirio Pascual ya tiene adjudicatario. Costará 11,9 millones de euros, de los que el grueso los financiarán los fondos europeos Next Generation, canalizados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado, y consignado en el pasado por el Consell. La adjudicataria propuesta es una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por FCC Construcción y Obras y Servicios P. Selva. Tan solo queda que en el Consejo de Administración de Pimesa, promotora del proyecto, apruebe la adjudicación a final de este mes, cuando se celebra el Consejo. Con ello ya se podría formalizar el contrato e iniciar las obras.
Se trata de un proyecto que ya va a contrarreloj después de que se quedara desierto el primer concurso público porque no estaba ajustado lo suficiente a los precios de las materias primas para que las empresas lo vieran viable. La idea era haber empezado el pasado noviembre. Con la nueva licitación sí hubo interés y de ahí ha salido la mencionada UTE, propuesta para la adjudicación a finales de diciembre, que ofreció un precio de 11.907.500,23 euros (incluido el 10% del IVA). Fue la oferta más competitiva, con una bajada del precio del 5,63%. La alianza entre la multinacional y la empresa local se antepuso a las otras tres empresas, todas de Elche o de firmas con implantación en la ciudad. Salvo Avante, que se presentó en solitario, las otras dos también fueron en formato UTE: el Grupo Alcudia e Involucra y la UTE Acsa, Aitana y Promed Consulting.
La compañía, en este caso FCC y Obras y Servicios P. Selva, presentó la memoria técnica más completa y mejor valorada. se comprometieron a cumplir con ese calendario para materializar la esperada rehabilitación. También han planteado un desalojo de las viviendas de tres días, para la demolición y el montaje de las escaleras. Asimismo, establecerán medidas para minimizar las emisiones de ruido, vibraciones y polvo como consecuencia de las obras.
La adjudicataria tiene ahora, al igual que Pimesa, un ambicioso proyecto que ejecutar a contrarreloj, porque las obras deben estar finalizadas a 30 de junio de 2026 de acuerdo al plazo que dio Europa como condición para obtener los fondos. De hecho, el contrato se ha tramitado por la vía de urgencia. Por eso se fija el plazo en 18 meses como máximo. Lo cual no significa que los adjudicatarios puedan finalizar antes. De hecho, en una comparecencia ofrecida en noviembre, el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, apuntó que el grado de ejecución de las obras alcanzará alrededor del 74% en 2025, que se traduce en una previsión de 8,8 millones de euros de inversión.
Eso sí, cualquier contratiempo en la obra o algún posible recurso podría complicar más los plazos si se paraliza la actuación o se retrasa su inicio. Por ahora, desde la empresa municipal siempre se ha mantenido que a pesar de haber tenido que licitar de nuevo, aún está todo en los márgenes de tiempo para cumplir el plazo. Cabe recordar que además de las actuaciones en los 18 bloques (302 viviendas y 40 comunidades de vecinos), cada uno con un proyecto propio por el estado de cada edificio, irán en paralelo las obras de reurbanización del entorno. Una intervención en unos 14.000 metros cuadrados.
En cuanto a la financiación, 9,4 millones son los sufragados por Europa. A su vez el Ayuntamiento asume 1,9 millones de euros (a lo que responde una parte de la reurbanización y el 15% de la obra, porque el volumen permitía aspirar a la máxima financiación), un millón de euros de los vecinos y 580.000 euros que aportará la Generalitat Valenciana. En este caso, una parte de lo que abona la administración autonómica es para casos vulnerables entre los vecinos que no puedan pagar su parte. En cuanto a la parte de los vecinos, según se comentó, podrían salir en torno a 7.000 euros por piso. También se invirtieron 200.000 euros de la oficina de rehabilitación para informar sobre esta cuestión.