Emilio Bascuñana, alcalde de Orihuela, con Ximo Puig, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. El contrato del Ayuntamiento de Orihuela para externalizar parte de las funciones de la Intervención municipal, recién adjudicado a Audiest Auditores por 25.000 euros, impuestos incluidos, para que ofrezca un servicio de control financiero durante 35 semanas, embarranca en la polémica. Una de las empresas descartadas en la licitación, la oriolana Auditoría y Control Público (ACP), ha recurrido la decisión de la mesa de Contratación al considerar que la oferta escogida incurre en una oferta anormalmente reducida, o lo que es lo mismo, una baja temeraria.
La consultora recurrente, que obtuvo la mejor puntuación en el apartado técnico de su propuesta, ofertó realizar el trabajo por 33.000 euros. El Ayuntamiento de Orihuela escogió la oferta de Audiest porque era la más ventajosa económicamente. El problema, según el recurso de ACP, es que el precio de la oferta ganadora, así como el de la segunda mejor oferta (en el plano económico), rebajan más de un 10% la media aritmética de todas las ofertas presentadas. Un umbral que, tal como establece el pliego de condiciones, debería haberlas considerado automáticamente ofertas anormalmente bajas.
¿Dónde está el quid de la cuestión? En que el pliego establecía una segunda condición para considerar anormalmente baja una oferta: que, además, la puntuación en el resto de parámetros distintos al precio (es decir, la oferta técnica) fuese también superior a la suma de la media aritmética de las puntuaciones de todas las ofertas y la desviación media. Es decir, que solo podría considerarse como temeraria una baja superior al 10% si además esa oferta fuese la mejor puntuada, con diferencia, en el resto de criterios. Algo que no sucede con Audiest y paradójicamente la salva de ser descalificada.
Algo que para los recurrentes no tiene ni pies ni cabeza, dado que impediría que existiesen bajas temerarias si solo se presentasen dos licitadores (en este caso fueron cinco), y porque en cualquier caso "está penalizando a quien ha obtenido una puntuación -en el resto de criterios- superior a la de los otros participantes, o dicho de otro modo, se estaría excluyendo de acuerdo con este criterio, a quien ha conseguido una puntuación más alta". Algo que "va totalmente en contra de los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y libre competencia" que marca la ley de contratos del sector público.
El recurso presentado ante la mesa de Contratación, que es el primer paso para acudir luego al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) del Ministerio de Hacienda, pide así que la mesa "proceda a anular la adjudicación realizada a Audiest Auditores por ser anormalmente baja" de acuerdo con los argumentos expuestos en su escrito, "y proceda a adjudicar el contrato al siguiente licitador con mejor puntuación y cuya oferta no sea anormalmente baja", es decir, la propia ACP.
Las funciones de la mercantil que finalmente resulte adjudicataria del contrato, como ha contado Alicante Plaza, se dividen en tres fases. En primer lugar tendrá que analizar riesgos y el plan de control financiero. En la segunda fase, implantar el control permanente del Ayuntamiento en colaboración con la Intervención General. Además, también formará a personal del Ayuntamiento en técnicas y procedimientos de auditoría. La tercera y última fase consistirá en la realización del control permanente, en colaboración con la Intervención General, del ejercicio 2019 y 2020.
