Imagen de archivo. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (María López/EFE). Hace un año, a lo largo del verano y mientras España encaraba unas elecciones generales, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragón y la Región de Murcia pasaron a engrosar la lista de Ejecutivos bicolor de PP y Vox, donde desde 2022 figuraba ya Castilla y León.
Ambos partidos conformaron pactos también en múltiples consistorios y un acuerdo de investidura en Baleares, donde el PP gobierna en solitario y en minoría.
El fruto de esos acuerdos se puede medir un año después contabilizando los cambios en las políticas de Memoria, fiscales y lingüísticas, y los gestos y propuestas en temas sensibles como la inmigración, la violencia machista, el colectivo LGTBI o la gestión medioambiental.
Aragón abrió el camino y derogó la ley de memoria anterior, del PSOE, en una decisión anulada cautelarmente por el Constitucional. Ahora acaba de aprobar su plan de concordia, que reconoce a "todas las víctimas de la violencia ideológica" sin mencionar específicamente el franquismo ni la Guerra Civil.
En la Comunitat Valenciana se ultima la aprobación, este jueves, de una ley que derogará la norma autonómica de 2017 y la sustituirá por una que abarcará desde 1931 hasta la actualidad e incluirá la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo yihadista y el de ETA.
Tras el parón veraniego llegará el debate de la ley en Castilla y León, norma que sustituirá a un decreto anterior del PP. También está pendiente la ley extremeña.
En Baleares el inicio del trámite para derogar la ley de memoria estuvo trufado de polémica porque el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, de Vox, rompió la foto de republicanas fusiladas en la Guerra Civil cuando echaba del pleno a dos diputadas socialistas.
En la política lingüística, otro de los caballos de batalla de Vox, los de Santiago Abascal han logrado la libre elección de lengua en las escuelas de Baleares, aunque ningún colegio público se ha adherido al proyecto piloto. También habrá libre elección y vuelven las dos líneas educativas en la Comunitat Valenciana.
En Aragón, los planes del Ejecutivo de Jorge Azcón son retirar al aragonés y al catalán el reconocimiento oficial de lenguas propias de la región.
Vox, en cambio, no ha logrado establecer el llamado pin parental, la autorización previa de las familias a los contenidos afectivo-sexuales o ideológicos en las aulas pese a que lo ha intentado, sin éxito, en territorios como Extremadura.
La suma de estos dos partidos ha dado como resultado en algunas comunidades la bajada o eliminación del impuesto de sucesiones, que el president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), califica de impuesto a la muerte, o el de patrimonio, lo que ha provocado acusaciones de la izquierda de beneficiar a quien más tiene.
En Aragón, PP y Vox han puesto en marcha impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos, y en Baleares o Extremadura el peso de Vox ha llevado la tijera a las subvenciones a los sindicatos y patronales, recortes que en varios casos han llegado también a las ayudas a la cooperación.
Aunque el PP defiende que las políticas para atajar la violencia contra las mujeres permanecen intactas, la llegada de Vox a los Gobiernos ha implicado transformaciones simbólicas y de lenguaje. Gestos muy cuestionados por la izquierda en administraciones como la valenciana, donde ya se habla de violencia intrafamiliar.
El término, recogido en el pacto de Gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana, no subraya la especificidad de la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, al contrario del concepto de violencia machista, que sí enarbolan regiones como Extremadura o Murcia.
La igualdad es un elemento de choque entre ambos socios, con Vox tildando al feminismo de mafia y cuestionando las políticas contra la LGTBIfobia y con las banderas arcoíris desapareciendo de múltiples instituciones, aunque han resistido en otras.
En Castilla y León, la avanzadilla, el PP ha sabido postergar estos debates. Aún no ha presentado la anunciada Ley contra la Violencia Intrafamiliar y ha enterrado polémicas como la del protocolo antiaborto que presentó Vox y cuya aplicación descartó el presidente regional popular, Alfonso Fernández Mañueco, en un enfrentamiento que sigue latente pero sin generar ruido.
Otras controversias que tienen como trasfondo la batalla cultural de Vox contra la izquierda han sido el veto a contenidos feministas y LGTBI en algunos municipios, como Burriana (Castellón), o la eliminación en la Comunitat Valenciana del premio Guillem Agulló contra los delitos de odio que otorgaban Les Corts Valencianes y llevaba el nombre de un joven antifascista asesinado en 1993 por un neonazi.
Ha habido decisiones muy sonadas de Vox en algunos ayuntamientos, como el intento de retirar en Orihuela (Alicante) la habitual subvención municipal de 6.000 euros a la Fundación Miguel Hernández para el premio anual de poesía que concede, y que finalmente se mantuvo.
Igual que en Alpedrete (Madrid), donde el Ayuntamiento de PP y Vox trató de borrar los nombres de dos emplazamientos dedicados a Paco Rabal y Asunción Balaguer, aunque tuvo que dar marcha atrás a la decisión tras la polémica.
Lo que sí salió adelante tras las exigencias de Vox fue la supresión del festival 'Periferias' en Huesca, donde gobierna el PP.
En un contexto en el que el PP da por controlado al socio minoritario y Vox saca pecho de cada política que arranca a los populares, el medioambiente y, sobre todo, la inmigración han sido motivos de choque.
PP y Vox se enfrentan por el agua en Aragón porque Vox es favorable al trasvase al contrario que el resto de fuerzas; por un proyecto de regadío en Extremadura, que los de Abascal quieren poner en marcha con o sin fondos de otras administraciones; y por el Mar Menor en Murcia, donde el PP ha dejado en el aire una ley impulsada por su socio de Gobierno.
La mayor y más reciente tensión entre PP y Vox se ha producido por la inmigración. El partido de Abascal se niega a que las autonomías donde gobiernan acojan menores no acompañados, mientras que los populares defienden la solidaridad en la acogida, aunque también con reticencias al reparto obligatorio que proponen el Gobierno y Canarias.
Vox ha llegado a amenazar con romper los acuerdos y el PP ha endurecido su discurso y ha empezado a hablar de España como un "coladero" de inmigrantes, a vincular la inmigración con la inseguridad y hasta pedir el control del Ejército en las fronteras.
El debate aún no lo tienen resuelto en un momento en el que será difícil lograr una solución para el reparto de los menores migrantes llegados a España sin la solidaridad de todas las comunidades.
