Nadie podrá decir que Carlos Mazón no es resolutivo. Lo fue para formar su primer Consell hace ahora un año, pactando con Vox a las primeras de cambio, y lo ha sido ahora en su primera crisis de Gobierno, que finiquitó doce horas después de que Santiago Abascal oficiara el funeral, con Vicente Barrera de cuerpo presente. A conseller muerto, conseller puesto.
Lo que he echado de menos, con las prisas por hacerse la foto del nuevo Consell, son los actos protocolarios: la toma de posesión y, sobre todo, los traspasos de carteras, esos actos entrañables a los que asisten familiares del recién nombrado, funcionarios, periodistas y miembros de los grupos de interés relacionados con la conselleria de turno, para ser testigos de la despedida del cesante, las primeras palabras del sustituto —con sus respectivos discursos emotivos— y, en medio, la entrega física de la cartera. La democracia tiene sus tradiciones que merecen ser respetadas.
La ruptura de la luna de miel entre Mazón y Barrera ha sido como la despedida de un amor de verano, tan indeseada como inevitable, tan dolorosa como pasajera. Mazón no quería romper, estaba muy cómodo con esa mayoría asegurada por la que no pagaba más peaje que algunos puyazos ultras en el lomo de Feijóo. Quizás el líder nacional del PP se había cansado de recibir estopa por las ocurrencias de los socios de gobierno de sus barones. O puede que, simplemente, haya decidido emular a Abascal y Sánchez y anteponer sus intereses a los de los barones regionales. El caso es que Mazón no quería esto, pero no hay mal que por bien no venga.
Pasado un año de legislatura, que se cumple el próximo miércoles, el president había iniciado un goteo de cambios en el segundo y tercer escalón del Consell. El pasado martes cesó al secretario autonómico de Sanidad, Paco Ponce, y ya tenía pensado otros relevos en puestos que no estaban funcionando como deberían: Argüeso, Ramón-Llin…
Lo que no podía hacer era cambiar a un conseller, igual que no se sustituye a un jugador a los 20 minutos de partido, porque es admitir que te has equivocado al formar el equipo, además de una humillación para el señalado. Los entrenadores esperan a la media parte y Mazón debía esperar al ecuador de la legislatura para cambiar a Salomé Pradas, que no estaba dando la talla, con un nivel de ejecución bastante pobre en la lucidora Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio —obras públicas, para entendernos—, la que más presupuesto de inversión tiene.
Y en esto llega Abascal y le provoca una crisis de gobierno que permite a Mazón mover todas las piezas sin tener que dar explicaciones. Se carga a los que le sobraban, elimina la Conselleria de Cultura —con el gesto de anteponer Cultura a Educación en la denominación del nuevo departamento de Cultura, Educación, Universidad y Empleo—, integra Deportes en Presidencia y, muy importante, quita de portavoz del Grupo Popular en Les Corts al guerrero Miguel Barrachina para colocar al muñidor Juanfran Pérez Llorca, capaz de cualquier pacto con PSPV o Compromís, ahora que van a hacer falta.
La espantada de Vox tiene otro efecto sobre el tablero político valenciano. Abascal ha optado por decantarse aún más hacia la derecha, dicen que para evitar que Alvise Pérez le coma la tostada por ese lado, lo que permitirá al PPCV competir por el centro político con menos riesgo de perder votos por la derecha.
El hueco entre una derecha liberal clásica y la ultraderecha se agranda y el PP tiene la oportunidad de remarcar la diferencia. La diferencia, por ejemplo, entre reclamar que se controle la inmigración ilegal —competencia exclusiva del Gobierno central, por si alguien lo ha olvidado— y oponerse a que una comunidad autónoma que ha acogido a 55.832 refugiados ucranianos —dato oficial del pasado febrero—, asuma la tutela de 23 menores presuntamente negros o moros porque son, a los ojos de Abascal, potenciales autores de "robos, violaciones y machetazos" de los que Vox —nos ha quedado claro— "no será cómplice".
La última encuesta del CIS muestra que "la inmigración" —sin matices— ocupa ahora mismo el cuarto puesto entre los problemas de los españoles —mencionado por el 16,9% como uno de los tres primeros problemas—, por detrás del paro, los problemas políticos y la crisis económica que según el Gobierno no existe.
El problema de la inmigración ilegal es de muy difícil solución, lo que beneficia a los desalmados partidos de ultraderecha, que, por cierto, tampoco lo han solucionado allí donde gobiernan. Pero la integración de los inmigrantes no es un problema de difícil solución, es un problema de dinero y de eficacia. El reto de los gobiernos central y autonómicos, sean del PP, del PSOE o del PNV, es saber gestionarlo para que no sea un problema que alimente el discurso simplón de los machetazos.
El movimiento de Abascal no solo beneficia a Mazón —"bon vent i barca nova!, podría haberse despedido— sino a la Comunitat Valenciana en general, que dejará de ser noticia en los informativos nacionales por las provocaciones de Vox consentidas demasiadas veces por el PP. Es decir, dejará de ser noticia. Nos queda, eso sí, el circo de Badenas en el Ayuntamiento de València.
