Ortiz, Agüera y Fenoll durante una visita a la estación de autobuses de Benidorm. Foto: AP. BENIDORM. Seis años después de la sentencia firme del TSJ que declaraba nula la concesión y construcción de la estación de autobuses de Benidorm, el asunto sigue igual, pero con una peor relación entre las dos partes. El empresario alicantino, Enrique Ortiz, ahora parece que tiende la mano de nuevo y se podría reabrir una negociación para dar salida a la gestión de la misma. Hay que recordar que el juez pidió que se liquidara el contrato, y se sacara de nuevo a licitación. Dos tareas que por ahora no han puesto de acuerdo a los dos técnicos de los que depende, el secretario municipal y el interventor.
Al parecer, la falta de informes de los dos técnicos sobre la aplicación de la última auditoría estaría solucionada desde hace meses. Todo dependería de un posible acuerdo entre las dos partes que dejara clara las posiciones de ambos, y ver si no hay entendimiento, de contratar a dos agentes externos que lo consigan.
Pero para ello tienen un tiempo limitado. Según explicó el secretario en el pleno extraordinario del viernes con motivo de la creación de una comisión especial para investigar el caso 'Papelito', a finales de este mes vencería el plazo para llegar a un acuerdo antes de que se pronuncie un juez con respecto a la demanda interpuesta por una parte de la propiedad comercial de la estación por inacción del Ayuntamiento para dar salida a este problema, tal y como informara este diario en su momento.
Así, un movimiento en este sentido podría dejar en calma el proceso judicial que se sigue ahora mismo, además de alejar los fantasmas respecto a la posible demanda del empresario Enrique Ortiz por este mismo motivo que esgrimían los propietarios, y con la que volvió a amenazar hace un mes una vez visto que no se había seguido ningún paso después de que el interventor propusiera una negociación.
Hay que recordar que el propio secretario informó de todas las "ilegalidades" que supondría acatar la negociación tal y como la planteó en su propuesta el interventor.
Por un lado, afirma que se estaría negociando al margen de los procedimientos legalmente establecidos. Además, estaría proponiendo acciones para intentar suplantar las funciones del gestor del expediente de la Estación de autobuses. A lo que se suma "obviar la participación de la Secretaria general en el expediente. Cuando la auditoria de MAZARS ha validado lo actuado". Asimismo, no participaría ningún responsable político del gobierno ni de la oposición en el proceso negociador.
Lo cierto es que para solucionar el problema de la estación hay numerosos flecos aún sin resolver, por disparidad de opiniones entre los dos técnicos. Sería el caso de si se separaría el complejo en sus diferentes actividades, como la de autobuses, comercial y hotelero. Asimismo, la duda sobre lo que vale a día de hoy la estación sigue siendo la misma, a pesar de que el pleno ya votara a favor de que fueran 25 millones de euros.
