ALICANTE. Estaba la incógnita sobre cómo distribuiría la Diputación de Alicante la modificación presupuestaria de 44 millones que debatía este lunes. Finalmente, salieron las cuentas, pese a que el pleno se tuvo que retrasar 30 minutos para ver si se encajaba una propuesta de Compromís para poder subvencionar a las empresas que hubieran sufrido los efectos de la subida de los costes energéticos. PP, PSPV y Ciudadanos avalaron esa distribución con la abstención de los valencianistas. Pese a ello, Mazón tuvo que oír la reprimendas de socialistas y valencianistas por la improvisación de los acuerdos; la no separación de las múltiples ayudas que se llevaban a pleno y, en el caso de Compromís, por no haber acepta su moción para subvencionar los costes energéticos de las empresas.
Los 44 millones se destinará a ayudar tanto a ayuntamientos como a pymes y autónomos a afrontar las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia y a suplementar las convocatorias de subvenciones en áreas como Deportes, Bienestar Social, Carreteras o ciberseguridad, según ha explicado el diputado Eduardo Dolón. Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado que la institución cuenta con más recursos económicos y se pondrá a trabajar de forma inmediata en el desarrollo de nuevas líneas de colaboración, en este caso para hacer frente a la crisis energética”. Por el momento, el objetivo de estas ayudas, que podrían aprobarse en el próximo pleno, es colaborar tanto con las familias más vulnerables a través del área de Bienestar Social como con las empresas y pymes desde el departamento de Desarrollo Económico ante la escalada de precios del gas y la electricidad y la inflación.
Entre las nuevas líneas que se impulsarán gracias a esta inversión extraordinaria destacan la reedición de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos para las prestaciones sociales por la pandemia, que en este ejercicio se elevará a diez millones de euros. En el área de Bienestar Social también se reforzarán con 765.000 euros distintas partidas de subvenciones tanto a municipios como a entidades sin fin de lucro para adquisición de vehículos, equipamiento o sostenimiento de servicios estables.
La Diputación, gracias a su superávit, también consigna, tal y como anunció Mazón, una partida de dos millones de euros para atender a la población ucraniana desplazada y refugiada a través de las ONG que están trabajando en los corredores humanitarios como Cruz Roja, ACNUR o Cáritas.
Asimismo, la Diputación se vuelve a volcar con los autónomos, pymes y micropymes de la provincia y lanzará, por tercer año consecutivo y una dotación de 9 millones, las ayudas para minimizar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria. Respecto a este programa, la Junta de Portavoces ha acordado, y así se ha incorporado al punto a través de una enmienda, eliminar el porcentaje de pérdidas en la facturación, fijado en un 40% hasta ahora, para poder optar a esta subvención. De esta forma, los solicitantes podrán recibirla cuando acrediten una facturación igual o inferior a la de 2019. Además, se ha acordado ampliar un mes, hasta el 31 de octubre de 2022, el plazo de justificación de la ayuda.
En este punto, tanto los grupos del equipo de gobierno -PP y Cs- como el grupo socialista han rechazado la enmienda presentada por el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, en la que solicitaba que este programa de ayudas tuviera también en cuenta la crisis energética en la valoración de las solicitudes. Fullana se ha vanagloriado de haber conseguido poner sobre la mesa del equipo de gobierno de la Diputación de Alicante la necesidad de adelantarse a la crisis energética que amenaza a empresas y autónomos derivada de los efectos de la guerra en Ucrania. Los valencianistas se han mostrado satisfechos tras el debate plenario en el que el equipo de gobierno se ha comprometido a crear una línea de subvención para paliar los efectos del alza de precios de la energía.
Mazón ha justificado el rechazo a la propuesta de esta formación en que “ello obligaría a volver a pasar los trámites con la Generalitat -informe de no duplicidad-, lo que retrasaría la tramitación de las ayudas”. “No queremos correr el riesgo de demorar estas importantes subvenciones, con las que con acierto político venimos trabajando desde el inicio del Covid-19 a pesar de que no son nuestra competencia”, ha señalado el presidente, quien ha añadido, además, tal y como se ha indicado anteriormente, que en breve se articularán líneas específicas para familias, autónomos y empresas por la subida de los precios de las energías.
Por otra parte, la modificación presupuestaria permitirá, asimismo, en el departamento de Carreteras incrementar en 2,6 millones de euros el programa de mejora de acceso a los municipios del Plan Especial de la Red Viaria Provincial. Además, se suplementarán con 2,9 millones de euros las convocatorias a ayuntamientos tanto para inversiones como para reparación y conservación de caminos de titularidad municipal.
La institución provincial también fija un crédito extraordinario de 2,5 millones de euros para impulsar una convocatoria de ayudas no dinerarias a ayuntamientos para implantar medidas de ciberseguridad y modernización de la administración local y otro de 2,1 millones de euros para colaborar con los municipios en la redacción de Planes de Acción Agenda Urbana, Agenda 2030 y Proyectos en el marco de los fondos europeos Next Generation.
El departamento de Deportes también aumenta su dotación en más de 880.000 euros para reforzar sus líneas de apoyo a clubes y deportistas, al igual que la de Igualdad y Juventud, que crece en 291.000 euros, y la Residentes Internacionales, que lo hace en 30.000, para el desarrollo de distintas iniciativas de apoyo a los ayuntamientos en estas materias. Arquitectura, Residuos Sólidos Urbanos y Recursos Humanos son otras áreas que verán también incrementado sensiblemente su presupuesto este año gracias a los remanentes.
Finalmente, la modificación aprobada hoy contempla varias partidas por importe total de casi diez millones de euros que corresponden a las ayudas ejecutadas por el Ministerio de Política Territorial para la reparación de los daños causados por la DANA. Aunque fueron impulsadas y aprobadas por la administración estatal, la misma estableció que fuera la Diputación de Alicante la que transfiriera las referidas subvenciones a los ayuntamientos beneficiados como destinatarios finales.
