VALÈNCIA. Ximo Puig no tiene intención alguna de echar para atrás o modificar el decreto de subvención de 5 millones de euros que la Generalitat dará a los hoteles de la Comunitat Valenciana para afrontar el programa del Imserso pese a las dudas legales que genera en el Gobierno central. Es más, los cálculos desde Presidencia es que lo podrían salvar antes de elecciones.
Como ha informado Valencia Plaza, el texto es cuestionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra (Podemos). El motivo es que podría entrar en conflicto con las competencias del Gobierno central y derivar, a su vez, en competencia desleal.
El decreto fue aprobado el pasado viernes por el Consell y publicado el lunes. En él se da la ayuda a aquellas empresas hoteleras que oferten plazas del Imserso para paliar el aumento de precios generado por la inflación debido a la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Éstas son de 6 euros por habitación contratada al día hasta el límite de 900 euros por habitación.
El impulsor fue el propio presidente de la Generalitat, quien anunció la medida a finales de agosto tras una reunión con la patronal hotelera Hosbec. La Comisión de Valores del Ministerio de Derechos Sociales trasladó sus dudas sobre este 'rescate' por varios motivos. Principalmente, porque su aplicación podría derivar en una competencia desleal entre las distintas empresas del sector debido a que algunas decidieron no presentarse al programa del Imserso porque no les resultaba rentable al no saber en ese momento que podían recibir ayudas públicas.
Fuentes del Ejecutivo central consideran que el decreto puede chocar con dos leyes: la de precios y la de contratos públicos. El problema es que la forma de otorgar las subvenciones supone que se revisen o fijen precios –algo que no puede hacer el Consell– y una vulneración de la igualdad y libre concurrencia de las empresas a la hora de aspirar a las subvenciones.
El decreto es susceptible de acabar en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y, paralelamente, se debería abordar en una comisión bilateral entre Gobierno autonómico y central. Un órgano habitual en el que se tratan los reparos relacionados con normativa autonómica para intentar solucionarlos antes de que se plantee el siguiente paso: un recurso ante el Tribunal Constitucional.
A la espera de si el Ministerio decidiera iniciar esa vía, los plazos que maneja la Generalitat es que en el peor de los casos la subvención se podría salvar antes de las elecciones. El Ejecutivo central tiene hasta tres meses para plantear la citada comisión bilateral, que a continuación sería constituida. Una vez se iniciaran los trabajos, pueden alcanzar –o no– un acuerdo durante los siguientes seis meses. Sumados todos estos tiempos, Presidencia cree que llegan a los comicios.
Por el momento, todavía no ha llegado al Gobierno valenciano ninguna comunicación oficial al respecto desde Madrid. La intención, de este modo, es seguir adelante en cualquiera de los escenarios. No sólo eso, sino consolidar el decreto y repetir esas ayudas en los próximos años si el PSPV sigue gobernando, señalan.
Por el momento, sus socios de Compromís y Unides Podem, que aprobaron el texto aunque con poco convencimiento, prefieren mantener la prudencia. Los morados, directamente, rechazan valorar los reparos que pone un ministerio de su color. Y desde la coalición comentan que, a pesar de que la normativa fue validada por las tres patas del Botànic, la idea de Presidencia daba pie a que otros actores participantes en el programa del Imserso "pusieran el grito en el cielo, tal y como sucedió con las agencias de viajes".