ALICANTE. Ximo Puig y Luis Barcala continúan transitando por la senda de la cooperación en la que se adentraron desde mediados de 2018, cuando el popular consiguió suceder al socialista Gabriel Echávarri en la Alcaldía de la segunda ciudad de la Comunitat. El jefe del Consell y el primer edil hicieron gala de esa etapa de colaboración y lealtad institucional este viernes tras el tercer encuentro (segundo de este mandato) celebrado entre ambos desde que ocupan sus respectivas responsabilidades públicas. Y no pareció un gesto de impostura. El diálogo y el entendimiento existe porque les une un interés común (que, además, confluye con el interés general): conseguir que en este mandato se ejecuten de una vez las reivindicaciones históricas demandadas desde hace años en la ciudad que Puig prometió convertir en bicapital de la Comunitat. Ambos trabajan con la hipótesis de que llegar a 2023 con los deberes hechos puntuará más en su evaluación ante las urnas que la estrategia de la confrontación que se empleó en el pasado reciente en las relaciones entre la Generalitat y la Diputación Provincial, por ejemplo.
Así, en un encuentro de trabajo que se desarrolló durante cerca de una hora, Puig y Barcala pusieron el foco en tres de esas infraestructuras que han figurado entre los compromisos de los últimos gestores de la Generalitat y nunca han llegado a ejecutarse. Se trata de la finalización de la Vía Parque, de la construcción de los centros de salud del Garbinet, del PAU 2 y de Playa de San Juan y de la llamada Ciudad de la Justicia.
La actuación que más cerca estaría de convertirse en realidad es la Vía Parque. Puig y Barcala coincidieron en que ya se había establecido una línea de coordinación entre los técnicos municipales y los de la Conselleria de Obras Públicas que dirige Arcadi España para zanjar las últimas diferencias respecto a los remates pendientes en el tramo comprendido entre la avenida Lorenzo Carbonell y el barrio de San Gabriel. Con ese entuerto resuelto, el tramo podrá cederse al Ayuntamiento para que asuma su conservación.
El siguiente paso sería la ejecución del último tramo de 400 metros que debe conectar el PAU 1 con la avenida de Orihuela, tras cruzar el espacio liberado por la vía de la vagoneta. En principio, como informó este diario, la previsión de Obras Públicas es que ese tramo pueda estar finalizado en mayo. En ese momento, se contaría por primera vez con otro eje en trazado continuo para circunvalar el casco urbano, al norte de la Gran Vía. Eso sí, todavía en varios puntos de su recorrido provisto todavía solo de un carril por sentido.
En segundo término, por lo que respecta a los centros de salud, los dos dirigentes también precisaron que las obras para construir el centro de salud del Garbinet estaban a punto de licitarse. También se habrían limado discrepancias técnicas por lo que respecta al centro de salud del PAU 2, lo que allanaría su ejecución. Y faltaría por resolver todavía flecos en el de Playa de San Juan. Con todo, Puig y Barcala insistieron en que las dos administraciones mantenían su objetivo de que estuviesen ejecutados antes de que terminase el mandato, dentro de tres años.
Y el tercer proyecto fundamental que parece figurar entre las prioridades de Consell y Ayuntamiento es la construcción de la llamada Ciudad de la Justicia: un proyecto de 52 millones con el que se pretende atender al fin las necesidades de la administración de justicia en la única capital provincial de la Comunitat que todavía no dispone de una infraestructura judicial agrupada y centralizada.
Para que se convierta en realidad, se debe aprobar con carácter previo una modificación del Plan General para dar cabida a los volúmenes de los edificios proyectados, como informó este diario.
Hace poco más de un mes, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, expresó su confianza en que las obras pudiesen iniciarse en 2021 para finalizar en 2023. Este viernes, tanto Puig como Barcala manifestaron su voluntad compartida en que el proyecto se ejecutase cuanto antes, aunque no aventuraron fechas concretas. Lo cierto es que el mero hecho de que se pusiesen los cimientos sería todo un logro después de una década y media de compromisos incumplidos.
Por lo demás, los dos dirigentes también se refirieron a proyectos más inmediatos, de ejecución relativamente ágil, como la reapertura del antiguo centro de oficios de la extinta Coepa para que se vuelva a utilizar con el fin para el que fue construido: impartir formación. Puig y Barcala apuntaron que se orientaría a los sectores productivos del territorio y a los ámbitos en los que existe demanda de mano de obra. Para ello, se anunció la firma de un convenio de colaboración por el que la función formativa quedaría en manos de Labora (el antiguo Servef), con la participación de los sindicatos, las organizaciones patronales y la Agencia Local de Desarrollo.
En principio, la puesta en marcha de ese proyecto requeriría de dos decisiones administrativas previas: la cesión del uso del edificio que ahora pertenece al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que se pusiese a disposición de la Conselleria de Economía y la ampliación del plazo de concesión del suelo, propiedad del Ayuntamiento, que estaría a punto de agotarse.
En cuarto lugar, Puig y Barcala también abordaron las posibilidades de futuro del tranvía -una de las puntas de lanza de la gestión del jefe del Consell en Alicante-, de modo que se pueda comenzar a planificar la construcción de una nueva línea hacia los barrios de la zona sur hasta San Gabriel, para dar continuidad al sistema después de que se construya el tramo de conexión pendiente entre la estación de Luceros y Renfe, con su nueva estación soterrada en terrenos de la terminal de ferrocarril.
La prolongación del tranvía hacia el sur es, en realidad, un viejo proyecto (ya concebido durante la primera fase de implantación del Tram, entre 2003 y 2008) que se ejecutaría a largo plazo, una vez concluido ese ramal de enlace entre Luceros y Renfe. Sin embargo, la intención de Generalitat y Ayuntamiento es cuadrar agendas con la Conselleria de Obras Públicas para que pueda incluirse la programación de sus estudios en el Plan de Infraestructuras que debe aprobarse en el primer semestre de este año.
Por lo demás, según fuentes conocedoras del encuentro, no se trató sobre el proceso para elegir al nuevo director del Teatro Principal, ni sobre el desbloqueo de los fondos aportados por el Consell para que se ejecute su remodelación. Sí se acordó plantear la elaboración de un mapa de necesidades educativas de la ciudad y la urgencia de concluir la eliminación de la presencia de fibrocemento en varios centros. Y, por último, también se barajó la posibilidad de que la Generalitat colaborase con el Ayuntamiento en el futuro para impulsar la posible adquisición de elementos patrimoniales de interés cultural.
Antes del encuentro entre ambos -que se desarrolló a puerta cerrada y en solitario-, se celebró un acto de recepción oficial en Alcaldía con la presencia de concejales de todos los grupos políticos de la corporación municipal. Todos salvo uno. No acudió ninguno de los dos ediles de Vox "por problemas de agenda", según precisó su portavoz, Mario Ortolá.