Ximo Puig. Foto: EFE/MorellALICANTE. El president de Generalitat, Ximo Puig, aborda hoy una línea más en el posicionamiento del Consell ante la posible modificación de las reglas del trasvase Tajo-Segura y su consiguiente reducción de los aportes de caudales mensuales, en el escenario de Nivel 2. Su posicionamiento quiere escenificarlo sobre el terreno. Por esto, hoy inicia una pequeña ruta por tres puntos clave del engranaje del trasvase en la provincia de Alicante.
Puig tiene previsto acudir hoy a las 10:30 h a Benferri para visitar la balsa de la Comunidad de Regantes del cuarto canal de Poniente y su entorno. Esta infraestructura recoge aguas del trasvase y con su instalación se transformó el tipo de cultivo de la zona convirtiéndola en regadío, fundamentalmente cítricos. Una hora más tarde acudirá al Pantano de Crevillent donde se recogen también las aguas del trasvase que distribuye la comunidad de regantes y a las 12:30 h tiene previsto llegar a Elche. En el Parque Agroalimentario de L' Alcúdia mantendrá una reunión para transmitir su apoyo a la importancia del trasvase y "la aportación del regadío a la economía de la provincia".
Con esta acción, Puig evidencia y enfatiza su rechazo a la modificación del trasvase, pero lo hace cuando las movilizaciones sociales y reivindicaciones de agentes económicos, agrarios y políticos ya han salido a la calle. El pasado jueves, convocados por el Sindicato de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), protagonizaron una multitudinaria protesta frente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Por la tarde, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, regresó a Valencia desde San Miguel de Salinas, con el acuerdo conjunto de todos los alcaldes y alcaldesas, PSOE y PP, de la comarca a un manifiesto conjunto contra la modificación de las normas de explotación. Tras algunas diferencias mostradas por los regidores del PP ante el texto presentado, incluyeron algunas de sus propuestas. Una de ellas, y eje del manifiesto, es que se insta al Puig a que se dirija al Gobierno de España para que se atiendan la reclamaciones a mantener el caudal.
Una disonacia resonó ayer cuando se anunció que el Consell se unía a Murcia y Andalucía para trasladar al Ministerio de Transición Ecológica el rechazo a la modificación de las reglas del trasvase. Puig rechazó acudir a una reunión la semana pasada con su homónimo murciano y andaluz, Fernando López Miras y Juanma Moreno, respectivamente, para hacer un frente común. Declinó la invitación y aseveró que no iban a participar "en ningún aquelarre". "El agua no puede ser motivo de confrontación ni enfrentamiento" señalaba. En esos mismos términos, aludiendo a las palabras del president, se expresaba Llanes, en una entrevista publicada ayer por este medio y preguntado por qué no se habían unido a la alianza con Murcia y Andalucía.
Sin embargo, una semana después, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà ha mantenido una reunión en Murcia con su homólogo murciano, Antonio Luengo, y representantes del Scrats y de la comunidad de Riegos de Levante con el objetivo de visibilizar un frente común con los otros dos gobiernos autonómicos. "Oposición frontal y sin fisuras" a la propuesta de modificación de las reglas de explotación. Con esa premisa han remitido un escrito al Consejo Nacional del Agua y al ministerio para que se detenga "inmediatamente" la votación que tiene como objeto cambiar las reglas de explotación, una decisión que avanzará esta semana.
"El Consell fue el primero que votó en contra de cualquier modificación" señalaba Llanes en la entrevista realizada por Alicante Plaza y preguntado por qué se han esperado hasta el último momento para posicionarse claramente en contra de la modificación del trasvase. Enfatizó que no es cierto que hayan esperado hasta el último momento, aludiendo al voto en contra emitido y a las manifiestaciones públicas del president.
El proceso abierto para la modificación de las reglas de explotación recogen una reducción para pasar de 38 hm3 -en la actualidad- mensuales a 27 hm3 en el escenario del nivel 2. Esto es, cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.300 hm3 y no pase de 688 hm3, que ya alcanzaría el nivel 3. Las reivindicaciones para evitar que esto se materialice van unidas a que no se tome ninguna decisión hasta que no se apruebe el Plan Hidrológico del Tajo, previsto para el próximo año y donde se fijarían los caudales ecológicos, elemento clave para determinar el agua a trasvasar.
Esta reclamación también la recoge el manifiesto de las alcaldías de la Vega Baja. Además añadieron que el president debía abordar con el gobierno central aumentar la seguridad y estabilidad de los aportes hídricos destinados a la demarcación del Segura en los planes hidrológicos de ambas cuencas y en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
