ALICANTE. El proceso de venta del solar de propiedad municipal de Playa de San Juan, puesto en marcha por el equipo de Gobierno del PP (aunque el expediente se inició en 2016, bajo la etapa de mandato del ya extinto tripartito), se instala definitivamente en el debate político a cuenta de las posiciones mantenidas por los populares y por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs).
Así, el concejal de Hacienda y Gestión de Patrimonio, Carlos Castillo (PP), ha reaccionado a los reproches formulados por el portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa, para calificar su posición de "incongruente" por su crítica a su propia presencia en la Comisión de Vigilancia de la Contratación para aportar información sobre la operación. A través de un comunicado, Castillo ha aclarado que participó en la comisión invitado por la presidenta, María Dolores Padilla, "para ofrecer toda la información y la máxima transparencia en este concurso". Además, ha señalado que "el eventual cambio de los criterios para la sección de ofertas lo determinarán los servicios jurídicos y técnicos municipales" en respuesta a los recursos de reposición presentados por la asociación de promotores de la provincia de Alicante, Provia, y del gabinete Block Arquitectura.
En esta línea, el comunicado insiste en que el concejal se encontró el expediente "cerrado" y a la espera de tramitación, "con nueve informes técnicos favorables firmados por seis altos funcionarios municipales". Y se abunda en que el propósito del equipo de Gobierno ha sido dar salida a este suelo para destinar los ingresos obtenidos para la adquisición de patrimonio y el impulso al desarrollo de nueva vivienda social en el municipio de Alicante.
Castillo ha añadido que se ha hecho lo que se debe hacer para garantizar la transparencia y la absoluta seguridad a todos los licitadores, con la paralización del procedimiento de contratación como ejercicio de máxima rigurosidad por lo que que serán exclusivamente los técnicos municipales lo queden respuesta a los recursos presentados. El edil ha asegurado que "una vez estén redactados los informes, se actuará en consecuencia con lo que digan los servicios jurídicos municipales, que serán los que valorarán la correcta fundamentación de todo el procedimiento".
Las explicaciones de Castillo tampoco han convencido, por el momento, a Cs que ha solicitado este miércoles por Registro Municipal, "toda la documentación referida al concurso para la venta de una parcela en Playa San Juan con el fin de construir 150 viviendas de VPO ya que nuestra pretensión es despejar cualquier dudas sobre el proceso, tal y como venimos reiterando estos últimos días, y necesitamos esta documentación antes de que reclamemos que se reúna de nuevo la Comisión de Vigilancia de la Contratación". Su portavoz adjunto, Manresa, ha recalcado "lo inusual que supone, en este caso concreto, que las cláusulas del contrato, criterios de adjudicación y medios de solvencia hayan sido decididos por la Concejalía de Patrimonio, en vez de la de Contratación que es lo que se viene haciendo de forma usual en el consistorio", a colación de la información publicada por Alicante Plaza sobre el informe de la jefa del departamento de Contratación, en el que se concreta que "las cláusulas específicas del contrato han sido propuestas por el órgano gestor indicado [el de Gestión de Patrimonio], así como los medios de solvencia y criterios de adjudicación, siendo por tanto, de su responsabilidad".
En este sentido, Cs ha exigido "la máxima transparencia posible, ya que hay lagunas por aclarar en el proceso de licitación, el pasado 5 de septiembre, cuando una entidad presentó una oferta al día siguiente, un tiempo exprés teniendo en cuenta además que había que aportar un aval o señal de casi 276.000 euros". "No podemos olvidar que hay tres recursos planteados contra el proceso que se ha seguido", ha concluido Manresa.