PSPV y Compromís, divorcio a la vista en la Diputación de Alicante por las ayudas 'a la carta' 

ALICANTE. La pretensión de Compromís de impugnar el nuevo plan de inversiones sostenibles de la Diputación de Alicante por posible  desobediencia judicial -al incluir de nuevo ayudas nominativas a los vicepresidentes de la institución por estar suspendidas judicialmente- ha acabado por marcar distancias con su socio en el Consell, el PSPV, que en principio si lo respalda. La formación valencianista va a iniciar una campaña por todas las comarcas para explicar los motivos de sus discrepancias y para criticar el respaldo del PSPV a un plan que, a su juicio, "mantiene los privilegios de los vicepresidentes al mantener sus ayudas directas", como son el polideportivo de Busot; la mercado de Mutxamel y la pista de atletismo de La Nucía. Compromís ha insistido este miércoles que si esas ayudas no son retiradas del plan global, Compromís lo llevará al juzgado al considerar que la ayuda de Busot no puede incluirse al estar paralizada cautelarmente por un juzgado.

El PSPV mantiene el respaldo el plan mientras no exista un informe jurídico que diga que esas ayudas a los municipios de Busot, Mutxamel y La Nucía no se pueden conceder. Mientras tanto, el portavoz socialista, José Chulvi, no sólo defiende el plan, sino que aboga porque sean incluidos muchos más municipios. Los socialistas habían sumado la inclusión de Xixona, con un proyecto de 1,2 millones, y ahora buscan que Pego, que había quedado fuera del todo, también sea incorporado al resto de ayudas que asciende a 31 millones de euros. Las subvenciones se distribuyen de la siguiente manera: 13,4 millones son para obras financieramente sostenibles y forman parte del Fondo de Cooperación Local; 7,5 millones corresponden a la inclusión de ayudas de municipios que habían quedado fuera en otras convocatorias, y los 7,5 millones restantes, a ayudas nominativas o a la carta, entre las que se incluyen los 2,7 millones para Busot, La Nucía y Mutxamel.

Por su parte, el equipo de gobierno, a través de su portavoz, Carlos Castillo, del PP, cuestiona "la política de bloqueo" que está ejerciendo Compromís en la institución provincial "frente a la búsqueda de consenso" por la que trabajan el resto de grupos políticos".

Castillo ha explicado que el paquete de subvenciones nominativas, recogido en la propuesta de distribución de las ayudas financieramente sostenibles de 2018, "se ajusta a los criterios y requisitos pactados en el pleno del 7 de febrero de 2018 por PP, PSPV -grupo que planteó la iniciativa-, y EUPV, lo que otorga absoluta legitimidad a las mismas".  "Uno puede entender que desde la oposición se ataquen las decisiones del equipo de Gobierno, con argumentos más o menos coherentes, lo que resulta absolutamente incompresible es que, además, se ataquen al resto de grupos cuando se alcanzan acuerdos, lo que únicamente puede interpretarse desde el punto de vista del bloqueo institucional y de su intento por reventar la Diputación desde dentro", ha indicado el portavoz popular.

En el divorcio entre Compromís y el PSPV están las diferencias que ambos mantienen por las ayudas nominativas, algo que viene centrando el debate en el seno de la Diputación desde hace más de un año. Mientras que los valencianistas consideran que las ayudas a La Nucía, Busot y Mutxamel son un "privilegio", pues, a su juicio, "son ayudas fuera de cualquier convocatoria", el PSPV es partidario de que el reparto llegue a cuántos más municipios. Pero existe el precedente Busot, cuya ayuda fue suspendida y Compromís entiende que no puede volver a ser incluida, máxime cuando ya se premió al municipio con su inclusión en el Plan de Obras de 2018.

Por ello, Gerard Fullana sostiene que "en el momento que la comisión de Cooperación vote a favor de este dictamen -el de las ayudas nominativas-, solicitará la ampliación de la demanda al juzgado", ha avanzado el portavoz del grupo de Compromís, quien ha considerado que existe "un dolo" para "engañar al juzgado". "No se puede reabrir un acto administrativo, que tiene una resolución judicial pendiente, y hacer esta estratagema para saltarse la resolución", ha continuado. "Ya hemos trasladado al PP que si no saca del acuerdo estas subvenciones nominativas, Compromís no solo votará en contra sino que ampliará la demanda, y estudiamos que se pueda incurrir, si se confirma, en un delito de desobediencia; en este caso, ya por la vía penal", ha incidido.

Castillo, del PP, niega que con estas ayudas se esté actuando contra una resolución judicial "ya que la misma iba contra un acto administrativo que quedó extinguido en el mismo momento en que el Ayuntamientos de Busot, además de los de La Nucia y Mutxamel, renunciaron a las ayudas y la propia Diputación revocó en pleno las citadas subvenciones". "No se ha podido suspender nada porque las subvenciones fueron revocadas y jamás se ejecutaron y, por tanto, no han existido ni en política ni en derecho, lo que implica que la vía jurisdiccional ha muerto". Así, ha apuntado que "la argumentación esgrimida por Compromís solo se puede sostener desde la ignorancia y la mentira y desde la perversa intención de confundir a los ciudadanos".

Pero más allá del choque de acusaciones entre Compromís y PP, lo que sí parece claro es que la unidad de acción entre valencianistas y socialistas en la institución provincial, por el momento, ha saltado por los aires. De momento, sigue la negociación y todo puede cambiar.

Además, Compromís ha advertido de otro daño colateral: el hecho de tener que incluir las ayudas a la carta ha obligado a rebajar un 40% las ayudas denominadas financieramente sostenibles y ha incidido en que las comarcas más perjudicadas porcentualmente con respecto a 2017 son el Baix Vinalopó (-46,51%, 400.013 euros menos), l'Alacantí (-44,69%, 936.004 euros menos) y la Vega Baja (44,69%, 2,1 millones menos).  Cuantitativamente, además, los pueblos de la Marina Alta dejan de recibir 2.010.852 euros; la Marina Baixa, 1.127.998 euros; y los pueblos de l'Alt y Vinalopó Mitjà dejarán de recibir 1.195.873 euros menos en adjudicaciones objetivas.