PSOE y Cambiemos Orihuela piden una comisión para aclarar el error de pagos de los planes de empleo 

ORIHUELA. Los grupos municipales socialista y de Cambiemos Orihuela han presentado un escrito ante el Ayuntamiento en el que solicitan una convocatoria extraordinaria de Comisión Delegada de Administración General y Gestión Económica. El motivo es que se investigue el supuesto error en los pagos de los planes de empleo municipales Empuju y Emcuju que llevará a 64 empleados a tener que devolver dinero o a cobrar menos de 200 en los próximos meses para solventar un supuesto fallo, desde el equipo de gobierno, con el suministro de las nóminas.

En concreto, solicitan al alcalde que convoque la Comisión Delegada de Administración General y Gestión Económica. Todo ello con un orden del día que pide las comparecencias de la concejala de Hacienda en funciones, Sabina Goretti Galindo, como responsable de las resoluciones de aprobación de los planes Empuju y Emcuju. También la del concejal de Personal y Recursos Humanos, Rafael Almagro, para informar sobre los posibles fallos en la gestión de las nóminas y la de Víctor Valverde, como concejal responsable de Fomento del Empleo para informar sobre la tramitación de los planes.

Según aportaron hoy en una rueda de prensa conjunta la portavoz socialista, Carolina Gracia, y el de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, afinales de mayo tuvieron conocimiento de un "grave problema" en torno a los programas de fomento de empleo juvenil del año 2018. Para los portavoces, los supuestos "errores" o "fallos" que esgrime el equipo de gobierno "habría provocado un supuesto exceso en la cantidad neta de algunas nóminas y que el Gobierno
Local pretende revertir generando un enorme perjuicio a las personas afectadas".

Para la actual oposición, el escenario supone "un gravísimo perjuicio económico para las personas contratadas bajo estos planes". Han denunciado que la información no les ha llegado de primera mano y que no tienen "acceso a expedientes administrativos o comunicaciones por escrito de ningún tipo".

Los solicitantes aseguran que existen dudas sobre estos planes, además de la de los sueldos. Por ejemplo, según su comparecencia, el hecho de que no existiese ninguna memoria o documento oficial que justificase los puestos y funciones de las personas contratadas bajo los mismos. O que los contratos laborales de las mismas no especificase los términos salariales del mismo. 

"Es evidente que estamos ante una situación de enorme gravedad, que ya está generando daños en términos de estrés e incertidumbre", aseguran los portavoces. Además, mantienen que los planes de empleo descansan, en total, sobre más de un millón de euros subvencionados que incluirían "tanto los costes salariales totales como las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y el salario bruto del trabajador". Motivo por el que , en su opinión,"se están poniendo en riesgo fondos públicos que no habrían sido gestionados de forma rigurosa y transparente".

Los grupos solicitantes reclaman de forma urgente  "depurar responsabilidades, clarificar los motivos que han conducido a la actual situación y, sobre todo, explorar vías de resolución que en ningún caso vayan contra los derechos económicos y laborales de las personas afectadas". Así, piden que estas cuestiones sean abordadas, también, en los espacios institucionales apropiados y en los que los diversos grupos políticos podamos conocer el detalle del problema y estudiar opciones para su resolución.