ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante tercia en el debate sobre la regulación de los pisos turísticos con una propuesta por la que se aspira a "prohibir los apartamentos turísticos en edificios de vivienda residencial". Para ello, propone impulsar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de "impedir la expedición de licencias que permitan convertir pisos residenciales en alojamientos turísticos, de forma que sólo podrían destinarse al alquiler vacaciones los bloques dedicados en exclusiva a esta actividad. Se trata de una propuesta que el principal grupo de la oposición elevará al pleno de julio que se celebrará la próxima semana", según precisan portavoces oficiales, a través de un comunicado.
La concejala socialista Trini Amorós explica que la propuesta incluye que, en el proceso de elaboración de la mencionada modificación puntual del PGOU, se suspenda la concesión de nuevas licencias para apartamentos turísticos en edificios de vivienda residencial. En ese sentido, se propone "impulsar una moratoria para permitir que los pisos de alquiler vacacional que disponen de licencia turística en la actualidad, puedan continuar operando durante un tiempo determinado".
El PSOE defiende "la necesidad de que la administración local impulse medidas efectivas para controlar y sancionar a los propietarios de pisos turísticos que operan al margen de la legalidad". En ese sentido, la iniciativa contempla reclamar al equipo de gobierno de Luis Barcala que, "a través de las concejalías correspondientes, creé una Unidad de Inspección de Pisos Turísticos Ilegales, establezca un protocolo de inspección y dote de los medios humanos y económicos dicha unidad". A este respecto, Amorós destaca que "el Ayuntamiento debe velar por la legalidad vigente y perseguir todas aquellas actividades que suponen una ilegalidad".
"Es obligación de las instituciones velar por la buena convivencia entre vecinos y turistas. El gobierno de Barcala no ha adoptado hasta el momento medidas efectivas para ordenar el urbanismo y el descontrol sobre las viviendas turísticas que funcionan al margen de la legalidad es absoluto. La medida que presentamos para limitar los alquileres turísticos a bloques de viviendas dedicados en exclusiva a esa actividad tiene como finalidad proteger a los residentes en la ciudad y ordenar la actividad turística", ha destacado Amorós.
La declaración institucional que se debatirá en el pleno incluye un cuarto punto que aborda el reciente decreto ley impulsado por la Generalitat Valenciana que modifica la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, permitiendo reducir de los 500 a los 100 metros la construcción de terciario en la costa.
"Estamos absolutamente en desacuerdo con esa medida del Consell. El Ayuntamiento y la Generalitat deben velar por la buena convivencia entre vecinos y turistas, así como proteger los activos paisajísticos, culturales y naturales que hacen que nuestra costa y nuestra ciudad sean únicas. Es imprescindible garantizar la normal convivencia en los barrios, perseguir la economía sumergida, evitar el intrusismo y garantizar el desarrollo de un turismo de calidad en nuestra ciudad", ha subrayado Amorós.