ELCHE. Este martes la concejal del PSOE Patricia Macià comparecía públicamente para distintas cuestiones en materia económica del Ayuntamiento. Además de denunciar más irregularidades contractuales detectadas por Intervención, también explicaba que el equipo de gobierno ha aprobado nuevas modificaciones en las tasas que implican nuevos cobros por el servicio de la Policía Local, además de un nuevo baremo más laxo del impuesto de plusvalías. Se traducirá en una merma en los ingresos de 200.000 euros.
Así, en la última Junta Local de agosto la misma aprobó la modificación de distintas ordenanzas municipales de precios públicos, impuestos como el Icio, visitas a museos, contribuciones especiales... Todas "de carácter técnico" según la portavoz del órgano, aunque se daría cuenta de ello, lo que aún no se ha hecho. Entre los cambios está la derogación de la ordenanza fiscal de la tasa por expedición de cédula de habitabilidad. Un cambio de mayor peso, como el de que sea Suma quien también gestione la plusvalía, no solo su cobro, aunque todavía no se ha ofrecido más información.
Según el informe del coordinador de Hacienda, con la modificación de la plusvalía se dejarán de ingresar 200.000 euros. Se ha suprimido la referencia del 50% de un artículo de la ordenanza. Se establece un baremo distinto que depende del valor catastral del valor de los bienes según la operación, mientras que ese 50% era para todas. De ahí que se estima que tendría el mencionado impacto económico. El Ayuntamiento lo aprueba y lo ejecutará Suma.
Por otra parte, según la edil, se ha cread una tarifa nueva en la tasa de expedición de documentos a instancia de parte que, según el informe técnico, incrementaría los ingresos a recaudar en 20.000 euros. Se trata de la creación de una tarifa de 23,64 euros de "expedición de informes por actuaciones policiales no relacionadas con siniestros viales, realizados por la Policía Local". Por último, se modifica la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos y solares de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. Según el informe técnico, "considerando el número de licencias de obras concedidas y las declaraciones responsables presentadas en 2023 (2.768) y un periodo medio de ocupación de 7 días, supondrán un aumento de la capacidad económica de 50.000 euros".
Para los socialistas, supone "rebajan el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero suben las tasas que llegan más al ciudadano de a pie, con un pago de casi 24 euros por si uno tiene un problema que no sea un accidente vial y la policía hace un informe". E inciden una vez más en la gestión económica del Consistorio al haber utilizado casi todo el remanente, 25,4 millones de euros de 27,5. "Tienen agujeros en las manos", esgrime Macià, advirtiendo que en el mes de junio la caja estaba en situación de inestabilidad financiera, es decir más gastos que ingresos, y que ahora se amplían las reglas de gasto. Si no hay correcciones, puede que se tenga que elaborar un Plan Económico Financiero para lograr equilibrio presupuestario mediante recortes de las cuentas.
Por último, Macià ha aprovechado la rueda de prensa para informar de que han llevado al bipartito otra vez al Síndic de Greuges por las declaraciones del alcalde este lunes hablando de educación y en la que decía del PSOE que está "desnortado". A juicio de la concejal, "estas descalificaciones son impropias de un alcalde, se cree que tiene el poder absoluto y puede salir indemne". Considera que Ruz les insultó y que "el cargo le viene grande con su adanismo". Apunta a que el Ejecutivo no atiende las recomendaciones de la figura, tras dos toques de atención, y aprovechaba para asegurar que en las redes sociales se han eliminado comentarios críticos por el inicio del curso escolar. Para finalizar con que "el PSOE volverá a la alcaldía, seguimos con una fiscalización rigurosa".
