La terminal de mercancías gestionada por TMS en la que se proyecta la instalación de los depósitos. Foto: TMS ALICANTE. La inadmisión del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Alicante frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce el derecho de XC Business a la concesión de licencia ambiental para la instalación de seis depósitos de combustible en la terminal de mercancías del Puerto no despeja todavía el camino para el desarrollo del proyecto. Lo cierto es que se sopesan al menos dos próximas acciones en el ámbito jurídico que tratarían de evitar la construcción de esa planta de almacenaje de carburantes.
La primera llegaría de la mano del propio Ayuntamiento. Se trataría del registro de una solicitud de nulidad de la sentencia dictada por el alto tribunal autonómico el pasado mes de abril, en la que se fallaba a favor del recurso presentado por la empresa promotora de los tanques. Los servicios jurídicos municipales estarían barajando opciones para su presentación, a partir de la respuesta que se confirió a la solicitud de complemento y aclaración de sentencia el pasado mes de mayo.
Entonces, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1 del TSJ se limitó a resolver que no procedía formular ninguna aclaración ni complemento respecto a su pronunciamiento original, con lo que vino a ratificar íntegramente su propio fallo, a pesar de que el Ayuntamiento había reclamado que el alto tribunal precisase cuál era la legislación específica que era de aplicación al proyecto para considerar que le correspondía licencia por silencio administrativo.
Al tiempo, los servicios jurídicos municipales también solicitaban que el TSJ se manifestase respecto a los extremos que sí tuvo en cuenta la sentencia de primera instancia, en la que se consideraba que, en realidad, no procedía conceder licencia a XC Business puesto que no había aportado toda la documentación que resultaba necesaria para que se analizase la viabilidad de su propuesta.
Está por ver cuándo y cómo puede llegar a sustanciarse esa solicitud de nulidad de sentencia, en el caso de que se opte por explorar esa vía, como parece más que probable, según apuntaron fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza. En todo caso, el mismo alcalde, Luis Barcala, ya anticipó este viernes -justo horas después de que trascendiese la resolución del Tribunal Supremo- que se pretendía agotar todas las vías posibles de oposición para evitar el desarrollo del proyecto, al margen de que también pudiese abrirse la vía de la negociación o de que se optase por la vía de la indemnización como fórmula frente a la ejecución de los depósitos.
Es más, el primer edil también detalló que la concesión de la licencia ambiental no presupone la viabilidad de la propuesta de XC Business, puesto que todavía se debe discernir sobre su licencia de obra. Así se puso de manifiesto, de hecho, en la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria celebrado este lunes, en el que volvió a evidenciarse la comunión de intereses entre el Ayuntamiento y el Puerto en su oposición a la instalación de los depósitos.
De hecho, en la reunión del consejo también se apuntó que el proyecto todavía quedaría sujeto a una criba adicional más por lo que respecta a sus condiciones de seguridad y de prevención de emergencias, que quedaría en manos de la Generalitat, a través del departamento de Interior y Emergencias. Hasta el momento, esa área no ha llegado a evacuar ningún informe sobre la propuesta de XC Business, en tanto que no se le habría requerido de forma oficial, según la respuesta emitida por el departamento autonómico el pasado mes de mayo, en respuesta a la consulta formulada por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS).
Además, en el transcurso del consejo también se manifestó que, en la hipótesis de que no se pudiese evitar la instalación de la planta de almacenaje, solo resultaría viable el desarrollo de su primera fase, en la que XC Business contempla la instalación de seis primeros depósitos (aunque en realidad solo tendrían encaje cinco, según fuentes consultadas). De este modo, se reiteró que quedaría descartada toda posibilidad de que pudiesen promoverse futuras ampliaciones hasta 18 o hasta 20 tanques, como ha llegado a pretender la compañía promotora. Primero, porque la propia empresa registró una renuncia expresa a desarrollar más fases durante la tramitación de la modificación de la concesión que daba cabida a su instalación en el muelle 19. Y segundo, porque eso implicaría tener que presentar un nuevo proyecto desde cero.
Al tiempo, en el consejo también se dejó constancia de que la Autoridad Portuaria también seguía revisando todo el expediente seguido en la tramitación de ese proyecto para concretar cuáles serían sus condiciones concretas, toda vez que su hipotética ejecución supondría todo un contratiempo para la estrategia de sostenibilidad que se pretende desplegar en el recinto portuario con proyectos como la electrificación de muelles o la generación de una hidrogenera a modo de planta piloto para la producción de energía verde.
Ese rechazo en bloque entre las dos administraciones (Ayuntamiento y Puerto) a la instalación de los depósitos se justificaría, además, en la posición que se mantuvo respecto a los depósitos de Campsa que se consiguió trasladar hasta la partida del Bacarot en 1995. De hecho, en la reunión del consejo también se analizó el proyecto de descontaminación de los 41.000 metros cuadrados de los terrenos situados a espaldas de Casa Mediterráneo en los que se asentaban los tanques previos que Exolum (sucesora de Campsa y de su reconversión en CHL) pretende ejecutar en los próximos meses para limpiar los restos de carburante detectados, y que no revistan ningún riesgo para la población, según fuentes consultadas.
Sea como fuere, al margen de esa posición de rechazo coordinada entre las dos administraciones, y de las acciones jurídicas que se pueda emprender desde el ámbito público, también se añadiría una segunda iniciativa a instancias de la sociedad civil. Se trata de la interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de modificación de la concesión de la que dispone TMS para explotar la terminal de mercancías: es decir, el acuerdo aprobado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en 2019.
Ese nuevo recurso quedaría a cargo de las asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y entidades sociales que forman parte de la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), después de que la Autoridad Portuaria no haya facilitado respuesta a la solicitud que la propia plataforma planteó para que se revisase de oficio dicho acuerdo de modificación concesional. La petición se fundamentaba en un listado de supuestas irregularidades o deficiencias que la PPS en la propuesta de XC Business que no se tuvieron en cuenta hace cinco años. Entre ellas, la falta de solvencia técnica o la falta de capacidad económica de la empresa promotora, como informó este diario.
Fuentes consultadas indicaron que la Autoridad Portuaria no habría respondido a esa solicitud de revisión de oficio en la medida en que se trataría de un trámite que no tendría viabilidad en la medida en que no podría actuar contra sus propios actos previos: la autorización de esa modificación concesional.
No obstante, la pretensión de la PPS es abordar esa impugnación a partir del próximo mes de enero, en cuanto se cierre el proceso de captación de aportaciones económicas voluntarias que permita contribuir a la financiación de los gastos del nuevo proceso. Todo, además, después de que el mismo TSJ ya cerrase la puerta a un recurso previo, interpuesto a través de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, al concluir que la asociación vecinal no tenía legitimidad para impugnar el acuerdo adoptado por el Puerto al no ser parte interesada en el expediente.
