BENIDORM. Los trabajadores de la Residencia y Centro de Día de Benidorm retoman las protestas por sus condiciones laborales. El contrato actual para su gestión está caducado desde agosto del año pasado y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige Susana Camarero, no ha sacado a licitación los nuevos pliegos para los que están esperando todos los centros de la Comunitat Valenciana. En los últimos días han colgado diferentes pancartas en los exteriores del centro para protestar por lo que consideran que es un abandono a sus reclamaciones.
La situación para los trabajadores no es nueva, la arrastran desde la pasada legislatura. Con el anterior Consell arrancaron la equiparación salarial con el resto de tablas de la Sanidad pública. Algo que se tendría que haber aplicado en los años 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, a mitad de periodo esto sigue sin ser una realidad. El motivo no es otro que la continuidad del servicio sin renovar la gestión.
Para poder aplicar estos salarios tendrían que haber iniciado un nuevo contrato a través de un procedimiento de licitación. Pero esto no ha llegado ni habiendo caducado el contrato. Fuentes del comité señalan que en los últimos ocho años han tenido una subida de sus sueldos del 2%, lo que consideran insuficiente. Y a día de hoy, la media es cobrar en torno a los mil euros. Una situación que denuncian debido al incremento del coste de la vida que no se ha visto compensada con una subida de salarios acorde.
Las condiciones de trabajo además están mermando la capacidad para encontrar empleados. A modo de ejemplo, de los seis enfermeros que contempla el pliego, mantienen a dos. Además, reseñan que las necesidades de los usuarios también han cambiado desde hace ocho años, al tener usuarios más dependientes, por lo que requieren de una ampliación de la plantilla de base.
En noviembre hubo protestas en València y en diciembre Camarero se reunió con el representantes del centro, sin embargo, la situación sigue estancada para los trabajadores. Las últimas referencias que se han hecho sobre este asunto de manera pública versaban sobre una "licitación inmediata" de la gestión de estos centros. Unas afirmaciones que se realizaban a finales del mes de abril. Fue entonces cuando informó que se habían encontrado con una deuda de más de 100 millones de euros en estos centros, incluyendo los que dan atención a personas con discapacidad y centros de menores.
