ORIHUELA. En el pleno de este jueves, el ordinario de febrero, en el Ayuntamiento de Orihuela ha sido en esta ocasión el grupo municipal de Ciudadanos quien se ha quedado solo en la aprobación de un elemento relevante, cuando en anteriores ocasiones –como los presupuestos o la modificación de crédito extraordinario- ha sido el Partido Popular. En esta ocasión, toda la oposición ha apoyado al PP para aprobar el Reglamento Orgánico por el que se establecen los niveles esenciales de la administración del Ayuntamiento. Esto es, el organigrama por el que se regulan las distintas funciones de la administración local. No solo ha demostrado un equipo de gobierno –PP y Cs- dividido por el hecho de que cada formación haya emitido votos opuestos sino por las acusaciones que desde Cs se han emitido contra el alcalde.
No ha pillado por sorpresa el voto en contra de Cs pues se ha mantenido con el mismo posicionamiento que emitió en Junta de Gobierno Local a finales de enero. Estaba la duda de qué haría la oposición. Finalmente, PSOE, Cambiemos y Vox han respaldado al PP. Este reglamento viene a poner al Ayuntamiento de Orihuela, como municipio declarado de gran población, la estructura de su organigrama y la creación de nuevos órganos administrativos como Órgano de Gestión Tributaria, el Órgano de Gestión Económico-Financiera y Presupuestaria, el de Resolución de Reclamaciones Económico-Administrativas y el Órgano de Fiscalización Interna.
También contará, una vez finalice toda la tramitación, con órganos directivos altos como coordinadores generales de cada área o concejalía, directores generales, titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma, titular de la Asesoría Jurídica, Secretario General del Pleno, Interventor General Municipal, titular del Órgano de Gestión Económico-Tributaria, y titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. De otro modo, el Ayuntamiento se estructurará funcionalmente en cinco granes áreas esenciales: de gobierno de presidencia y dirección, de administración, desarrollo de la ciudad, de servicio a la ciudadanía y de servicios básicos. Este reglamento es el paso previo para contar con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
La edil de Cs, Luisa Boné, en la que están delegadas las competencias de Recursos Humanos ha criticado en el pleno que la propuesta parte “con errores e irregularidades”, por un lado en el plano técnico y por otro por haberle excluido el PP en el procedimiento. “Llego a la conclusión que lo que le molesta e irrita [al alcalde] es que sea esta concejala de Cs la que trabaje por sacar adelante la RPT, que fueron incapaces de sacarla la legislatura pasada” señalaba. Ha recordado que hasta en dos ocasiones trató de llevar la Junta de Gobierno, con informes jurídicos favorables, la propuesta de este reglamento y que en ambos casos el alcalde los paralizó y nunca los incluyó en el orden del día. “Volvemos a ser testigos de intromisión de las competencias de esta concejala e incumplimiento del acuerdo de gobierno” añadía.
Bascuñana, por alusiones ha intervenido para señalar que este reglamento “excede las competencias de Recursos Humanos” y desvelar que Boné le rogó para que fuera ella quien lo encabezara. Tras esta afirmación, la edil de Cs interrumpía a Bascuñana para expresar lo opuesto, que fue él quien se lo rogó. El primer edil ha insistido en que la aprobación de este reglamento hay que hacerlo urgentemente “porque necesitamos la RPT y termina la legislatura y vemos que no sale”.
En cuanto a los errores o irregularidades en el plano técnico, la edil se ha centrado en una serie de artículos del reglamento que pueden contravenir la normativa básica estatal o restringir algunos aspectos. En este sentido ha puesto como ejemplo el órgano de gestión económica financiera, donde ha resaltado que la inexistencia de este órgano supondría un serio problema a los contribuyentes al verse limitado su derecho a acudir a la vía económico administrativa previa y ante el riesgo de que se pudieran anular los actos recaudatorios del Ayuntamiento. Otra de las cuestiones técnicas en la que se ha centrado es en el perfil de quien ostentaría el órgano de asesoría jurídica.