El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, durante su encuentro con representantes de Provía. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Dos enmiendas introducidas por PP y Ciudadanos en los presupuestos municipales de 2017, que se aceptaron en la comisión de Hacienda del pasado viernes, tendrán un efecto directo sobre uno de los temas que los dos partidos vienen utilizando para atacar al tripartito: el retraso en la concesión de licencias por parte de la Concejalía de Urbanismo.
Las dos propuestas, asumidas por PSOE, Guanyar y Compromís, conllevan la creación de una partida de 50.000 euros para financiar la adecuación y mejora de la mediana de la avenida de Aguilera y la reserva de otra partida de 20.000 euros para sufragar un estudio para la retirada del Puente Rojo de la Gran Vía "en los términos en los que está previsto en la OI/2" (el plan que ordena el espacio liberado por el soterramiento de las vías).
El dinero para dotar esas dos partidas se detrae de otra reservada inicialmente para sufragar la puesta en marcha de un convenio de colaboración externa, orientado a colegios profesionales, con el que la Concejalía de Urbanismo pretendía agilizar los trámites de la concesión de permisos. Se trata de una de las iniciativas anunciadas el pasado octubre, después de que representantes de la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia, Provía, mantuviese una reunión con el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), para pedirle agilidad en la concesión de permisos pendientes.
Según fuentes municipales, el departamento de Urbanismo tenía ya lista la convocatoria de un concurso para concertar la prestación de ese convenio de asesoramiento tras haber solventado todas las salvedades legales que condicionan la potestad sobre la concesión de licencias.
Las mismas fuentes precisaron que se había corregido algunos ensayos de colaboración previos, puestos en marcha, por ejemplo, por algunos ayuntamientos de Cataluña (como el de Barcelona, Sabadell o Tarragona) con los colegios profesionales de arquitectos, de aparejadores y arquitectos técnicos, de ingenieros industriales y de ingenieros técnicos industriales. Esas experiencias, según las mismas fuentes, acabaron siendo anuladas por los tribunales, de modo que en la redacción del modelo de convenio de Alicante se había tenido en cuenta todas las salvedades que debían aplicarse para que el procedimiento propuesto fuese legal.
Fuentes municipales apuntan que el convenio hubiese permitido eliminar papeleo previo y, en consecuencia, reducir los plazos de resolución
Así, en virtud de ese convenio, los colectivos colaboradores se encargarían únicamente de supervisar las solicitudes presentadas para comprobar que incorporaban toda la documentación requerida. Con esa primera revisión, de puro trámite, los expedientes pasarían a manos de los técnicos municipales que se encargarían de conceder o de denegar la licencia, en función de cada caso. De este modo, seguirían siendo funcionarios públicos -y no personal ajeno a la administración- quienes tomasen la decisión en el ejercicio de sus competencias.
Según las mismas fuentes, ese modelo hubiese eliminado papeleo previo, lo que, a la postre, habría agilizado la tramitación de los expedientes para que se resolviesen en el plazo legal, de dos meses.
Portavoces de C's, no obstante, aseguraron que otra de sus enmiendas presentadas frente a las partidas de Recursos Humanos, la número 7, sí iba dirigida precisamente a la dotación de personal para la Concejalía de Urbanismo. En esa propuesta se preveía la supresión de las plazas de directores generales de Fiestas y Comercio para desviar esos fondos a la contratación de técnicos. La enmienda quedó rechazada. Con todo, el alcalde, Gabriel Echávarri, anunció en el pleno su intención de eliminar esas dos plazas y la incorporación de refuerzos en Urbanismo.
