ALICANTE. El pacto presupuestario alcanzado entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), y Vox que garantiza la aprobación de las cuentas municipales de 2024 con la promesa de no incluir un régimen sancionador en la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) continúa desatando posiciones enfrentadas entre los populares y los grupos progresistas que ejercen funciones de oposición a cuenta del contenido del pacto y de sus implicaciones sobre los proyectos de reurbanización y calmado del tráfico, cofinanciados por la Unión Europea (UE) con una aportación global de 15 millones.
Los portavoces de PSOE, Esquerra Unida y del PP se han cruzado distintos mensajes valorativos al respecto en los que los partidos de la izquierda han reprochado las cesiones a Vox que atribuyen al equipo de gobierno, mientras que el PP ha conminado a PSOE y Esquerra Unida a clarificar si son partidarios de la imposición de multas con la puesta en marcha de la ZBE.
En primer término, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha emplazado al alcalde, Luis Barcala, a "dar la cara y hacer públicos los supuestos informes que respaldan su negacionismo climático", en alusión a las consultas técnicas y jurídicas esgrimidas este martes, en las que se avalaría que no resultase preceptivo incorporar multas en la normativa reguladora sobre la ZBE. En esta línea, ha exigido que el primer edil "haga públicos los supuestos informes técnicos y jurídicos que esgrime el equipo de gobierno del PP, esos que presuntamente avalan que es factible impulsar una ordenanza para regular la Zona de Bajas Emisiones sin establecer sanciones contra los posibles infractores".
"Barcala anunció su pacto con la ultraderecha a través de un comunicado. Ha asumido la tesis negacionista del cambio climático y, desde entonces, permanece escondido para no dar explicaciones. El alcalde debe dar la cara y hacer públicos los supuestos documentos con los que justifica que se ha sometido a Vox aunque perjudique los intereses de las alicantinas y alicantinos", ha asegurado, a través de un comunicado.
Al tiempo, ha reclamado a los responsables municipales que informen a la ciudadanía "de cuántos dispositivos medidores de contaminación se han instalado hasta ahora en Alicante, desde cuándo exactamente y si existe ya algún tipo de resultado sobre la concentración de partículas que sean perjudiciales para la salud". Además, ha instado a los populares "a apoyar la moción que se debatirá en el próximo pleno ordinario para conformar una comisión que se encargue de la redacción de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, con la participación de todos los grupos políticos". "Esa normativa debe de tramitarse con luz y taquígrafos. Sería inaceptable que se sigan ocultando supuestos informes a la oposición mientras se camina en la dirección contraria a la que establece Bruselas, algo que puede acarrear penalizaciones económicas muy significativas", ha aseverado.
En esa línea, la portavoz socialista ha destacado que el informe realizado por la Generalitat Valenciana que evalúa los índices de contaminación en Alicante "no mide las partículas en suspensión de diámetro igual o inferior a 2,5 micras (µm) (denominadas PM₂,₅), que son, precisamente, las que están consideradas de especial relevancia para la salud pública, según la OMS. El único dispositivo ubicado por la administración autonómica que sí midió esas partículas se dispuso en Rabassa y, por tanto, en ningún caso es representativo de la Zona de Bajas Emisiones", añade el comunicado. Por contra, según el PSOE, "el informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2022 demostraba que el índice de contaminación se había disparado un 27% en los últimos cinco años en la ciudad".
De este modo, Barceló ha advertido de que "con la decisión de Barcala de no establecer sanciones contra los infractores de la Zona de Bajas Emisiones se pone en riesgo la recepción de los fondos europeos que se han aprobado, exactamente, para actuaciones dirigidas al calmado del tráfico en el centro de la ciudad con tal de reducir los índices de contaminación. Todo con el objetivo de preservar la salud y avanzar en la lucha contra el cambio climático".
En segundo término, el Consejo Político de Esquerra Unida en Alicante adoptó este martes una resolución en la que también valora el acuerdo entre PP y Vox para asegurar que "supone la admisión por parte del equipo de gobierno de las enmiendas al presupuesto presentadas por la ultraderecha", lo que, a juicio de la coalición resulta "muy preocupante". "Entre las enmiendas más retrógradas aceptadas destacan la creación de una oficina antiabortos, una oficina antiocupación, el aumento de dotación para la escuela taurina y la negativa de interponer sanciones en la ZBE", apuntan portavoces de la formación, a través de un comunicado.
Respecto a la primera, Esquerra Unida Alacant advierte del "retroceso en derechos para las mujeres que la implantación en Alicante de una oficina antiabortos puede suponer, una medida que atenta contra la libertad de las mujeres". Como señalan Lucía Ibáñez y Nefer Vives, coordinadoras de EU Alacant, "su puesta en funcionamiento podría suponer una vulneración del derecho a la salud sexual de las mujeres". Para la organización, esta medida "conlleva una imposición moral en contra de la legislación actual en materia de salud sexual y reproductiva, pretenden intimidar a las mujeres y privarnos de nuestra libertad, pero nos encontrarán enfrente, defendiendo nuestros derechos", han puntualizado Vives e Ibañez.
Barceló insta al equipo de gobierno a hacer públicos los informes que avalarían la implantación de la Zona de Bajas Emisiones sin régimen sancionador
En segundo lugar, EU considera que "la implantación en Alicante de una oficina antiocupación" se ha convertido en "una seña de identidad de las administraciones gobernadas por el PP con el apoyo de la extrema derecha en todo el Estado español, sin embargo las experiencias de Soria, Madrid o Málaga, ciudades donde ya están funcionando, arrojan unas cifras muy bajas de consultas". Para la dirección de EU, su creación no responde a una "alarma social", como dicen sus impulsores, sino, "más bien se trata de infundir temor entre la ciudadanía y estigmatizar a las personas más vulnerables, dando legitimidad a los desahucios en vez de garantizar que se cumpla la constitución y ayudar a proporcionar una vivienda digna a las personas más desfavorecidas", remarcan desde la dirección local de EU.
Por otra parte, las mismas fuentes señalan que "el incremento de dotación económica para la escuela taurina supone promover el maltrato animal desde las instituciones con recursos públicos, haciendo caso omiso del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que instó al Estado español a alejar a menores de edad de la tauromaquia". "EU Alacant, ha mostrado su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia y tortura animal: creemos que este dinero tiene que invertirse en otro tipo de formación y ocio para nuestras jóvenes, una formación útil para su etapa vital sin necesidad de maltratar física y emocionalmente a otros seres vivos".
Asimismo, EU estima que "la negativa de interponer sanciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una línea roja que marcaba la ultraderecha y que pone en riesgo las arcas municipales, y con ello el bienestar de las alicantinas y los alicantinos, supondría la devolución de los más de 15 millones de euros". "La no implementación de estas medidas, encaminadas a reducir las emisiones en zonas urbanas, responde a la ignorancia de la derecha y la extrema derecha respecto al cambio climático y sus efectos. Para EU Alacant, las ZBE son una herramienta fundamental para promover la movilidad sostenible y proteger la salud de los ciudadanos", recalca el comunicado.
Por último, EU ha tildado de "marcianada" la celebración del Día de la Reconquista, "en detrimento del 9 de Octubre y la Conmemoración del Bombardeo del Mercado Central el 25 de Mayo. Una propuesta que ya contemplaba el proyecto de presupuestos, y que es contraria a la opinión de la comunidad historiográfica y universitaria". En definitiva, según EU, el pacto de lugar a "unos presupuestos marcados y bendecidos por la ultraderecha y que sitúan a Alicante en el plano de las ciudades que mayores retrocesos sociales, medioambientales y culturales experimentarán los próximos años".
Esas críticas han motivado, a su vez, un comunicado por parte del PP, a través de su portavoz municipal, Mari Carmen de España, quien ha emplazado a la izquierda alicantina "a decir con claridad si lo que pretende con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es que se multe a los alicantinos", al tiempo que ha animado a PSOE, Compromís y EU-Podemos "a recurrir a Bruselas o a cualquier otra instancia si lo que pretenden es perseguir a los conductores". De España ha calificado de "cínica" la reacción de la oposición de izquierdas sobre una supuesta falta de diálogo en la elaboración de los Presupuestos de 2024 "cuando el tripartito radical no se sentó ni una sola vez con el PP para abordar las cuentas municipales entre 2015 y 2018, al contrario de lo que ha hecho el actual equipo de gobierno".
La portavoz popular ha señalado que la implantación de una Zona de Bajas Emisiones sin multas es una promesa electoral del PP que hizo el alcalde, Luis Barcala, hace más de siete meses y que ahora se fundamenta en los informes técnicos que señalan que "no se dan las condiciones objetivas para incluir y aplicar un procedimiento sancionador en la ordenanza reguladora de la ZBE, debiendo posponerse hasta que la administración competente establezca una fecha cierta en la que deba aplicarse la totalidad de las medidas a que se refiere la normativa".
"Dijimos en campaña electoral que este equipo de gobierno no quería sancionar y multar a los alicantinos por la implantación de la Zona de Bajas de Emisiones y lo hemos cumplido", ha destacado De España. "La izquierda quiere que se multe y nosotros no. Si PSOE, Compromís y Podemos pretenden que se sancione a los alicantinos, son muy libres de hacerlo; que lo digan con claridad y recurran a Bruselas o a cualquier otra instancia que consideren oportuna", ha añadido.
La portavoz del PP ha recalcado que Alicante "no es una ciudad que tenga un problema de contaminación, pero sí que estamos tomando medidas para reducir el tráfico y hacerla una ciudad más peatonal, más amable y con mayores espacios públicos para el ciudadano, como hemos hecho en la avenida de la Constitución, Bailén, Padre Esplá, en la calle San Mateo, en la reurbanización del barrio de San Gabriel, en el eje Gadea-Soto-Marvá, en el fondo de saco de la Explanada, etcétera, etcétera. Y es nuestro objetivo seguir haciéndolo".
Al mismo tiempo, De España ha señalado que durante los cinco últimos años se ha aumentado en Alicante la superficie de parques y zonas verdes en la ciudad. "Ya sabemos que a la izquierda no le gusta esta línea de actuación; la izquierda quiere multas y perseguir a los alicantinos, pero es que quizá por eso a la izquierda en esta ciudad la gente no le vota: el PSOE de Barceló perdió un concejal en mayo pasado, Compromís se quedó igual y Unidas-Podemos también perdió un concejal", ha apuntado.
La también concejala ha agradecido a Vox sus aportaciones para la elaboración de los presupuestos y ha subrayado la predisposición al diálogo del equipo de Gobierno para todo lo que sea mejorar las cuentas públicas, "venga del partido que venga". "Nosotros siempre vamos a mantener esta actitud de mano tendida y apertura a la negociación con todas las fuerzas políticas, como hemos vuelto a hacer en las últimas semanas, todo lo contrario de lo que hizo el Tripartito radical de izquierdas integrado por PSOE, Compromís y EU-Podemos, que cuando gobernó Alicante ni tan siquiera se quiso sentar con el PP para consensuar unos presupuestos o para escuchar nuestras propuestas. Nosotros huimos de ese sectarismo de la izquierda, nos sentamos y hablamos con todos", ha indicado De España, que ha expresado la satisfacción de su grupo por alcanzar un acuerdo para la aprobación de los presupuestos "más ambiciosos" en la historia de Alicante.
Por último, ha apuntado que "en materia de pactos, tampoco vamos a aceptar lecciones de estos partidos cuyos máximos dirigentes llegan a acuerdos y hacen todo tipo de concesiones con toda naturalidad a un prófugo de la justicia española o con los herederos de la banda terrorista ETA a cambio de un puñado de votos para mantenerse en el poder", ha concluido.